Turismo

Airbnb busca congraciarse con Barcelona poniendo límites a los propietarios

El consistorio tilda la iniciativa de “insulto”

Arnaldo Muñoz, director general de Airbnb para España
Arnaldo Muñoz, director general de Airbnb para España EFE

La decisión de la ciudad de Barcelona de poner límites a la oferta turística y luchar contra la oferta ilegal de apartamentos turísticos para evitar la expulsión de los vecinos a otras zonas más baratas –gentrificación– ha llevado a Airbnb a lanzar un plan para congraciarse con el ayuntamiento controlado por Barcelona en Comú. La propuesta, comunicada a la Generalitat de Cataluña y al consistorio pretende que “la vivienda compartida sea parte de la solución de los retos que tiene la ciudad”.

Airbnb anunció su intención de limitar a una vivienda por anfitrión o propietario los anuncios de pisos ubicados en el distrito de Ciutat Vella, uno de los que tiene más oferta en su plataforma, aunque no descarta ampliar esta medida a otras zonas. Con una excepción, en caso de que el anuncio sea publicado por un profesional y que quede reflejado el contacto de su empresa. El anuncio de Airbnb hay que ligarlo, además, a una decisión tomada por el Ayuntamiento en 2009.

Entonces, se fijó un límite (hasta septiembre de 2019) para que todos los pisos turísticos legales de Ciutat Vella, cifrados en ese momento en 604, se agruparan en edificios o que cesaran su actividad. Una medida que ha provocado que algunos de sus propietarios inicien acciones legales.

La empresa estadounidense reiteró su intención de colaborar con las administraciones para facilitar el pago de la tasa turística. Un cobro que ya realiza en otras ciudades, como París o Ámsterdam, y que según la empresa ha generado más de 170 millones de euros a unas 220 localidades o regiones de todo el mundo. El director general de Airbnb para España y Portugal, Arnaldo Muñoz, que insistió ayer en el interés de Airbnb de “formar parte de la recogida de la tasa turística”, cifró en seis millones de euros lo que podría haber recaudado el año pasado en Cataluña.

Airbnb implementará además herramientas en su plataforma para que sus anfitriones puedan identificarse como propietarios de la vivienda compartida o profesionales. A esto se suma una aplicación para que los vecinos de una de las viviendas ofertadas puedan quejarse en caso de molestias.

Frente a este anuncio, el Ayuntamiento de Barcelona se mostró muy crítico. El concejal de Empresa y Turismo Agustí Colom lo tildó de “tomadura de pelo”, mientras que la concejal de Participación y Distritos, Gala Pin, lo calificó de “insulto”. La oferta ilegal de pisos turísticos alcanza el 40% de la oferta total de la ciudad, 15.881, según datos recabados por el consistorio dirigido por Ada Colau.

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