Tribuna

EE UU: equilibrio de poder

En 2016, el Departamento de Justicia dispuso de 28.600 millones de dólares para atender los servicios federales

El sistema político de Estados Unidos ha sido muchas veces, y con frecuencia con enorme razón, duramente criticado. Se ha hablado del doble rasero que tienen para medir las acciones propias y las ajenas; de la hipocresía de su política exterior; de las descomunales presiones y abusos que imponen a otros socios y aliados menos poderosos; de la injerencia frecuente y solapada de sus servicios de inteligencia en otros países, incluso de los más próximos y afines; de los poderosos lobbies de influencia económica existentes en el Congreso y en el Senado, etc.

Pero hay algo que todos, razonable, objetiva y justamente, tenemos que reconocer a ese mismo sistema político: tiene un efectivo mecanismo de contrapoder, de vigilancia independiente del sistema constitucional americano, que se encuentra férreamente radicado en su sistema de justicia. Y esto no son solo palabras, sino que los cientos de años de democracia, sin dictaduras ni interrupciones intermitentes, lo han avalado y demostrado a cabalidad.

En estos momentos políticamente críticos e inciertos en cuanto respecta a la introducción de cambios radicales en la forma de entender y aplicar sus objetivos por parte de la nueva Administración del Estado del presidente Donald Trump, acaba de producirse el primer correctivo judicial emanado de un juez federal. Este ha dictado una resolución de obligado cumplimiento en todos los territorios de la Unión suspendiendo y, de hecho, bloqueando con carácter inmediato la aplicación de la executive order dictada por el presidente que prohíbe durante 120 días la entrada en Estados Unidos de todos los refugiados, y especialmente y durante 90 días, de los inmigrantes procedentes de siete países de mayoría musulmana, a saber: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. ¡Indefinidamente de todos los refugiados sirios! Además, por si esto fuera poco, se han revocado 100.000 visados que habían sido concedidos por consulados americanos en el extranjero.

La comentada decisión judicial ha obligado a reaccionar urgentemente a todos los puestos fronterizos y revocar las instrucciones anteriormente cursadas respecto al rigurosísimo rechazo de inmigrantes y refugiados, dejándolas sin efecto, al menos provisionalmente.

"En estos momentos políticamente críticos e inciertos, acaba de producirse el primer correctivo judicial emanado de un juez federal"

Tal como se ha publicado extensamente, con gran asombro para quienes no conocen el sistema de contrapesos de poder y, sobre todo, la primacía del Estado de Derecho existentes en Estados Unidos, el juez federal James Robart, de 69 años de edad y nombrado para el cargo en 2004, nada menos que por el también presidente republicano George Bush, ha motivado sólidamente su resolución de veto a la orden presidencial recordando “que el poder judicial es el encargado de asegurar que los otros dos poderes del Estado, en el ejercicio de sus funciones, respeten las leyes y especialmente la Constitución.”

Curiosamente, el prestigioso sistema judicial norteamericano no está basado en una judicatura y fiscalía procedentes de un sistema funcionarial de oposiciones. Concretamente en el caso del juez federal Robart, antes de ser llamado a la judicatura por el presidente Bush, estuvo ejerciendo con enorme éxito durante 30 años en el bufete de abogados de Lane Powell, en la ciudad de Seattle. Y no resulta ni mucho menos infrecuente que abogados como el juez Robart dejen, al final de sus carreras, su muy lucrativo ejercicio profesional para aceptar el cargo menos remunerado pero socialmente más prestigioso de juez federal o, ¡sin dudas!, y en el mejor de los casos, del todavía más ambicionado de justice del Tribunal Supremo, que también, por si fuera poco, es Tribunal Constitucional...

Para que, finalmente, podamos aquilatar económicamente la importancia que los Estados Unidos otorgan al buen funcionamiento de su administración de justicia, baste señalar que el departamento de justicia (DOJ), en el presupuesto correspondiente al año 2016, dispuso de 28.600 millones de dólares para atender los servicios federales, y que en el presupuesto del 2017 pretende la aprobación por el Congreso de 29.000 millones de dólares. ¡Más o menos como aquí...!

Gustavo López Muñoz y Larraz es director del Departamento de Penal en JL Casajuana Abogados.

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