Mercado laboral

Los expertos proponen 12 días de indemnización para los interinos

El grupo de expertos que analiza el impacto de la sentencia europea que equiparaba la indemnización por despido de los temporales propone una revisión "profunda" del contrato de interinidad

Una parte de los expertos cree que en el marco del diálogo social y la negociación colectiva se podría pactar elevar la indemnización de internos a 20 días por año

indemnización para los interinos
Sede del TJUE en Luxemburgo.

El Gobierno deberá hacer "una revisión profunda del contrato de interinidad". Los cambios de este modelo de contratación deberían incluir una indemnización de 12 días por año trabajado, al igual que el resto de los contratos temporales y fijar "unos límites temporales más estrictos para su utilización".

Estas son las principales conclusiones del grupo de expertos del Ministerio de Empleo, los sindicatos y la patronal que desde hace más de dos meses estudia la problemática generada tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre un caso de una interina, que equiparaba la indemnización de esta trabajadora a la del despido objetivo de los indefinidos.

Con esta propuesta de indemnizar con 12 días a los interinos, la legislación española pondría coto al mandato del tribunal europeo que consideró que la trabajadora interina demandante debía ser indemnizada con 20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades, como si fuera una trabajadora indefinida despedida de forma objetiva.

Asimismo, entre las propuestas de estos expertos a las que ha tenido acceso Cinco Días, se pide a los legisladores que "se elimine la posibilidad de la utilización por la Administración de contratos de interinidad por vacante con una duración anormalmente larga". Si bien en este punto se deberían hacer excepciones para los contratos de interinidad más largos causados por sustituciones de trabajadores que estén al cuidado de familiares o desempeñando cargos públicos representativos.

También recomiendan que se valore la posibilidad de aplicar a la contratación de interinos los límites del encadenamiento sucesivo de contratos, estableciendo un plazo máximo de duración para esta modalidad. "El Grupo entiende que la duración máxima del contrato de interinidad debe ser fijada en el marco del diálogo social, atendiendo a los valores y bienes jurídicos implicados", señalan estas conclusiones.

No obstante, una parte de este grupo de expertos laboralistas cree que podría abordarse, en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva, una reforma del Estatuto de los Trabajadores, que plasmara que la indemnización por la extinción del contrato de interinidad podría ser de 20 días por año de servicio.

Diferencias entre 12 y 20 días

Más allá de estas coincidencias en sus propuestas para la regulación del contrato de interinidad, "la mayoría" de este grupo de expertos coincide también en diferenciar claramente la extinción de los contratos de duración determinada (y en particular, del de interinidad) por cumplimiento de su objeto y, por otro lado, la extinción de un despido por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción).

Este grupo de expertos, que en los próximos días presentará sus conclusiones definitivas, está formado de parte del Ministerio de Empleo, por los juristas Miguel Rodríguez-Piñero y Alfredo Montoya Melgar; por parte de los sindicatos, por los laboralistas José María Miranda Boto y Joaquín Pérez Rey; y por CEOE-Cepyme, por los responsables de relaciones laborales de estas organizaciones, Jordi García Viña y Teresa Díaz de Terán.

Dicho todo esto, estos expertos no han llegado a ninguna conclusión coincidente respecto a la polémica jurídica suscitada por esta sentencia europea acerca de la posible equiparación de las indemnizaciones entre temporales e indefinidos. En este punto, "la mayor parte del grupo de expertos" considera que el TJUE "no ha dado una respuesta suficientemente precisa y segura al tema debatido".

Por ello, y teniendo en cuenta que el TSJ de Galicia ha presentado otra cuestión prejudicial al TJUE reclamando mayores aclaraciones a la situación creada y el Tribunal Supremo también está pendiente de pronunciarse al respecto, los expertos, "por razones de seguridad jurídica, aconsejan aplazar la formulación de un informe definitivo hasta tanto no se cuente con esas imprescindibles resoluciones".

En este sentido, consideran que anticipar una propuesta por su parte, "incluso basada en el diálogo social", cuando la cuestión está aún sub júdice, "correría el riesgo de provocar decisiones normativas que más tarde podrían entrar en contradicción con lo decidido en las citadas instancias jurisdiccionales".

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