Morosidad
Plazos de pago a proveedores Ampliar foto

Hacienda se juega 3.000 millones en intereses de demora

Las grandes empresas siguen incumpliendo la ley y pagan a 126 días frente a los 60 días que marca la norma

Hacienda se ha gastado en los últimos cinco años 42.000 millones de euros en sucesivos planes de pago a proveedores para tratar de acabar con la deuda comercial acumulada por las administraciones públicas, en especial por las comunidades autónomas. La letra pequeña de ese plan establecía que los proveedores recuperarían el dinero que se les adeudaba, pero a cambio debían renunciar a los intereses de demora generados por ese pasivo. Una condición muy criticada desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a un millón de pymes y autónomos, que presentó ante la Justicia Europea varios recursos solicitando la devolución de los mismos.

El presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, estimó ayer que el importe puede llegar a 3.000 millones de euros y que el próximo 16 de febrero es la fecha en la que el Tribunal Superior de Justicia de la UE se pronunciará a este respecto. “No entenderíamos una sentencia contraria. Es una cláusula que aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que no se ajusta a la directiva europea”, aseguró.

Antes de que se conozca esa sentencia, Cañete estableció como prioritario el plazo para la presentación de enmiendas a la Ley de Contratos del Sector Público, que finaliza el próximo sábado, para corregir algunos de los preceptos que contiene. “Ya hubo una sentencia del Supremo el pasado año, en el la que se establecía que las certificaciones de obra no podían hacerse en más de 30 días, que había obligación de pagar en 60 días a los proveedores y de abonar los intereses de demora”, recalcó Cañete. En su opinión existe un riesgo de involución en caso de que el proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario, se apruebe en los actuales términos. Así recordó que la morosidad ha sido la responsable del cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido en España desde el inicio de la crisis.

La Plataforma va más allá y exige también que se elimine el “pacto entre partes” (que el contratista pueda establecer condiciones abusivas al proveedor por su posición de dominio) y que se habilite la posibilidad de que se produzcan pagos directos entre el deudor y el subcontratista, sin que tenga que hacerlo la empresa o la administración adjudicataria del contrato.

Cañete hizo estas declaraciones durante la presentación del informe anual sobre plazos de pago en el sector público y privado. En ambos casos, los acreedores están cobrando con mayor rapidez que en anteriores años, aunque todavía los plazos se encuentran lejos de lo que marca la ley: 60 días de máximo si el deudor es una empresa y 30 días si es una administración pública.

En 2016, el plazo medio de pago a proveedores en el sector público bajó un 5,3 %, de 75 a 71 días, lejos de los 30 días que marca la ley. En cuanto al sector privado, redujo sus plazos de pago un 9,4%, de 85 a 77 días, también muy por encima de los 60 días fijados por ley. “Hay una gran diferencia entre unas empresas y otras. Los autónomos pagan a 44 días, las microempresas a 50 días y las grandes empresas a 126 días. Esto genera tensión entre pymes y autónomos, que abonan sus facturas a un plazo mayor al que cobran de sus clientes”, recalcó.

El presidente de la Plataforma fue especialmente crítico con la posición de CEOE por su reticencia a suscribir sus propuestas para modificar la Ley de Contratos Públicos, por lo que consideró que no defienden a una parte del empresariado que representa (Cañete también es secretario general de PIMEC, la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa).

Esta institución celebrará en abril una cumbre sobre la morosidad, que será inaugurada por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y en la que también acudirán representantes de todos los grupos parlamentarios. Uno de los principales propósitos del encuentro será, según confesó Cañete, arrancar un compromiso a Ciudadanos y PP para sacar adelante el régimen sancionador a las empresas morosas que contemplan en su acuerdo de investidura.

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