Madrid multará a las grandes empresas morosas
Es el primer ayuntamiento que establece un régimen sancionador contra los impagos
La morosidad se convirtió con el inicio de la crisis en moneda de curso legal tanto en las Administraciones públicas como en las empresas privadas. Los presupuestos públicos se redujeron de forma abrupta y los pedidos a las compañías también menguaron a toda velocidad. En ese contexto, agentes públicos y privados optaron por alargar los plazos de pago a sus proveedores para obtener liquidez y poder subsistir. Y eso tuvo un efecto demoledor en un tejido empresarial muy debilitado. Una de cada tres firmas, según datos que manejan las asociaciones de autónomos, tuvo que echar la persiana por este motivo.
La estrategia del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy se centró en corregir los impagos públicos, con la puesta en marcha de sucesivos planes de pagos a proveedores y posteriormente la creación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para que las autonomías pagaran las deudas con sus proveedores. La estrategia ha surtido efecto. De los 162 días de media en que abonaba el sector público sus facturas se ha pasado a 75 a finales de 2015, según la última encuesta elaborada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Aunque lejos todavía de los 30 días que marca la ley, el tiempo se ha reducido a la mitad.
Barcelona fue pionera a la hora de fijar por ley que las grandes compañías paguen y cobren en el mismo plazo
Esa tendencia, sin embargo, no se ha producido en el sector privado. De los 98 días de 2010 se ha pasado a los 85 en 2015, también lejos de los 60 días que marca la ley. Esos plazos aún son mucho más elevados en el caso de las grandes empresas del Ibex. Un informe presentado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad a finales de 2015, realizado a partir de los datos remitidos por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), revelaba la profunda distancia que existía entre los plazos que pagaban y los que cobraban. El informe desveló que Ferrovial, la compañía presidida por Rafael del Pino, es la que más tarda en pagar a sus proveedores, con una media de 536 días, seguida por Acciona (425), Sacyr (337), FCC (195), ACS (188) y OHL (184). Los plazos se reducen de forma dramática a la hora de cobrar. La que más pronto cobra sus facturas es casualmente la que más tarda en pagarlas, según apunta el informe. Ferrovial las percibe en 34 días, seguida por Acciona (68), Sacyr (125), FCC (65), ACS (87) y OHL (68).
Por este motivo, la preocupación se ha trasladado al ámbito empresarial. Antoni Cañete, presidente de la Plataforma, justificó esta situación por una argucia legal que no establece un periodo de pago de sus deudas a sus subcontratas. “En el sector privado no se está pagando a las subcontratas y esto es lo que está provocando una situación injusta que debe ser corregida por el poder legislativo”, remarcó.
Y la primera Administración que se ha puesto manos a la obra con una decisión inédita ha sido el Ayuntamiento de Madrid, que ha decidido fijar sanciones a las grandes empresas morosas en los pliegos que fijan las condiciones para el nuevo contrato para la recogida de basuras, recogida de desperdicios sólidos urbanos y el transporte de desperdicios. El contrato tendrá una duración de cuatro años a partir del próximo 1 de noviembre y cuenta con un presupuesto de 1.253 millones de euros. En el pliego se establece esa penalización en caso de impago a las subcontratas. “Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores, el importe de la penalización ascenderá al 50% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del pago a plazo”, señala el texto. Fuentes empresariales precisan, sin embargo, que los grandes ayuntamientos han optado por concentrar los contratos en grandes paquetes a los que solo tienen acceso por capacidad financiera las grandes empresas que no pagan a sus subcontratas.
No obstante, el consistorio pionero a la hora de establecer controles sobre ese tipo de abusos fue el de Barcelona, que bajo la dirección del convergente Xavier Trias aprobó una norma a finales de 2013 que establecía que toda empresa que participe en un concurso público debe cobrar a 30 días y pagar en el mismo plazo sus facturas. En caso contrario, el consistorio se reservaba la potestad para retirarle la adjudicación. Una legislación pionera que fue endurecida hace tres meses, ya bajo el mandato de Ada Colau, con el voto unánime de todo el pleno municipal para que se pueda aprobar una auditoría externa para controlar los plazos de pago.
