Esquivar la espiral de los precios, objetivo prioritario
Los salarios deben indizarse al PIC subyacente y, preferentemente, al europeo
No ha sido una sorpresa el triple salto mortal del índice de precios de consumo en enero, hasta el 3%, porque estábamos todos avisados de lo que ocurría con los precios de la energía en los mercados mayoristas y en sus aplicaciones domésticas. Sí lo es que el salto interanual se produzca pese a que el índice logra bajar medio punto en enero en tasa intermensual por el escalón anual de las rebajas, cuya influencia en la tasa de inflación ha sido neutralizada con creces por la energía. De hecho, el tirón de la tasa anual de inflación está en parte provocado por la salida del cómputo anual (los últimos 12 meses) del fuerte descenso del indicador en enero de 2016, que fue del 1,9%. Aunque la alarma por el nivel alcanzado por los precios debe corresponderse con la naturaleza de la subida, lo que obliga a recordar que el fuerte avance de ahora es imputable a los movimientos volubles y coyunturales de la energía, hay que admitir que arrancar el año con un 3% de inflación es una señal que, mal gobernada, puede proyectar sombras muy perversas sobre la economía para el resto del año y siguientes.
España es un país donde la inflación tiene millones de amigos desinformados a los que la ganancia rápida impide ver el efecto dramático que tiene una espiral inflacionista, por modesta que parezca. Aunque la doctrina monetaria moderna defiende tasas de inflación del 2% para sacudirse el fantasma no menos perverso de la deflación, y aunque sea uno de los mejores mecanismos para aliviar la deuda de los Estados, las empresas y los hogares, lo hace porque no ha encontrado otra salida al estancamiento, y su defensa no debe hacer perder de vista que la línea entre inflación benigna y maligna es muy fina, y una vez traspasada cuesta mucho esfuerzo volver sobre sus pasos.
Mantener bajo control los precios es responsabilidad de todos los agentes económicos, porque el Gobierno, que ha reaccionado activando el reglamento de la Ley de Desindexación de la Economía, solo puede llegar a los servicios y a los salarios públicos, que únicamente tienen la capacidad de dar una señal al resto, pero que puede ser seguida o repudiada. Por muy coyuntural que sea este repunte del índice de precios de consumo, el riesgo de que se filtre al resto de los precios lentamente y reactive una inflación subyacente hasta ahora bajo control (1%) es muy cierto, pues suele hacerse con un mecanismo invisible microeconómico, compuesto de pequeños actos defensivos de todos los agentes económicos.
Una señal ámbar
Una inflación del 3% interanual en enero, cuando tres años completos este índice se ha movido en tasas negativas, es una señal ámbar encendida que hay que tener muy en cuenta para poner los medios que eviten la espiral inflacionista. El hecho de que sea en enero cuando se alcance esta cota, que no está escrito en ningún sitio que sea el máximo del año como insinúa Economía, supone cebar las demandas salariales cuando arranca la negociación colectiva, y dar lustre a las reivindicaciones que estaban haciendo los sindicatos, que solo pretendían pasar una factura a los empresarios por los cuatro o cinco años de reciente moderación salarial. Curiosamente, todos y cada uno de los últimos años las rentas salariales han ganado un razonable poder adquisitivo por el nivel desinflacionista del IPC, y han contribuido a una sólida reducción de costes que han recompuesto la competitividad de la economía, las exportaciones, el saldo por cuenta corriente y la generación de empleo.
Indexar los salarios a las tasas de inflación de enero supone generar un salto en los costes laborales de las empresas de más de dos puntos (ahora la subida salarial media pactada en los convenios no llega al 1%), una práctica que la inmensa mayoría de las empresas no se pueden permitir (el 40% de las empresas españolas ha registrado aún pérdidas en 2016), y que comenzaría de inmediato a socavar la capacidad de generar empleo, la variable de la que la economía está más que necesitada. La luz ámbar del 3% hace más delicada la negociación del pacto de rentas que sindicatos y patronal tienen sobre la mesa, y que ahora necesitará de más mano izquierda que nunca para encajar las ambiciones de unos y otros por el bien de todos. Independientemente de las recomendaciones del pacto, si definitivamente se cierra, las empresas deben negociar los salarios que puedan pagar sin horadar sus cuentas de resultados, sus inversiones futuras y sus niveles de empleo. Cuesta volver a recordar que en caso de indizar los salarios con la inflación, debe ser siempre sobre la esperada y siempre sobre la tasa subyacente, y a lo sumo, dado que el 55% de la producción se exporta o importa, sobre la subyacente esperada en la Unión Europea, en cuyo mercado se juegan los cuartos las empresas españolas.
Un encarecimiento de los costes puede estimular la tentación de la oferta (los vendedores) de subir los precios para mantener los márgenes, en una práctica de segunda vuelta que debe combatirse para evitar una subida de los precios de los bienes y servicios
Pero la inflación y su riesgo de espiral generará un problema muy serio a las cuentas públicas si no se controla pronto. La subida de los precios del crudo, que es junto con la excesiva dependencia energética de España del exterior el origen de este salto del IPC, comenzó en octubre tras tres años completos de evolución bajista, y no dejará de impactar de forma seria en el IPC hasta que en octubre hayan pasado doce meses. Por tanto, en los próximos trimestres conviviremos con tasas superiores al 2%, y será muy complicado negociar unos Presupuestos del Estado para 2018 en los que las pensiones suban solo un 0,25%, que es lo que la situación financiera de la Seguridad Social aconseja. Será complicado de salvar políticamente con la estructura actual del Parlamento y de vender socialmente, tras varios años de un avance tan poco generoso como el 0,25%.
Porque aunque la inflación ayuda siempre a los ingresos por cotizaciones y por el resto de los impuestos, no es conveniente que las bases imponibles repliquen el salto del IPC porque lo hayan hecho los salarios, pues supondría haber asumido el mayor de los riesgos de la espiral: subida de costes y pérdida de competitividad.
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