¿Y si todas las comunidades gozaran de los recursos del modelo foral?
Las comunidades necesitarían 48.962 millones para tener un sector público como el del País Vasco El estudio del IVIE asegura que las comunidades, a diferencia de la Administración central, sí ha recortado el gasto social
Un informe publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sostiene que las comunidades autónomas de régimen común están infrafinanciadas y no cuentan con suficientes recursos para asumir sus competencias en sanidad, educación y protección social. El estudio publicado este lunes se enmarca en el inicio de la reforma del sistema de financiación autonómico y ha sido elaborado, entre otros, por Francisco Pérez, el experto elegido por la Comunidad Valenciana para unirse a la comisión de sabios que propondrá un nuevo modelo.
Bajo el nombre de Suficiencia financiera de las comunidades autónomas y Estado de bienestar, el estudio rechaza la idea de que el déficit autonómico se debe a que las autonomías han despilfarrado o gestionado mal los recursos. De hecho, el informe señala que las comunidades, junto con los ayuntamientos, son el único eslabón de la administración que ha recortado las partidas sociales. Ello es así porque, durante los años de crisis, el gasto en pensiones no ha cesado de aumentar. Y es la partida social más importante gestionado por la Administración central. Los recortes se han producido en los ámbitos de competencia autonómica como son la sanidad, la educación o la dependencia. "Parece claro, por tanto, que ha habido prioridades en la protección de unos u otros servicios fundamentales y se han colocado por delante los servicios dependientes de las administraciones centrales", señala el informe.
Los expertos destacan que, en comparación con la Unión Europea, el gasto social es mucho menor en España. En concreto, las comunidades deberían gastar al año 33.106 millones más en educación, sanidad y protección social para adecuarse a la media comunitaria. El diferencial con Europa solo se ha reducido durante la crisis en el caso de las pensiones, la partida gestionada por la Administración central. En cualquier caso, también en las prestaciones para la jubilación, España gasta menos que la media europea.
El modelo de financiación de régimen común excluye a País Vasco y Navarra, que cuentan con sistemas forales que, en la práctica, elevan al máximo su autonomía en ingresos y gastos y reducen su aportación a la solidaridad interterritorial. Ello significa que ambas comunidades pueden destinar más recursos que el resto a sanidad, educación o protección social. El informe del IVIE indica que si todas las comunidades de régimen común aplicaran el mismo nivel de gasto social que País Vasco y Navarra, requerirían 48.962 millones adicionales cada año. La cifra equivale al 5% del PIB y supera el déficit público actual del conjunto de la Administración. Dicho de otra forma, es inviable con el actual nivel de ingresos públicos. Existe un elevado grado de acuerdo entre los expertos en que el sistema foral ha permitido que ambas comunidades gocen de un sector público de mayor calidad que el resto.
El estudio, que cuenta con el apoyo de la Generalitat valenciana, aboga por un modelo que solucione la infrafinanciación de las comunidades, lo que implica elevar los recursos. Para ello, se plantea la necesidad de abordar una reforma fiscal que eleve la recaudación fiscal hasta la media europea. El estudio remarca que, teniendo en cuenta los datos, no puede decirse que el gasto público de las comunidades es excesivo.
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