Transporte

Alta presión al Gobierno por una rebaja tarifaria de Aena

Debate la propuesta del operador con Gobiernos autonómicos y locales

Aena superará los 215 millones de pasajeros este año Ampliar foto

La cuestión de si Aena mantiene o rebaja las tarifas que cobra a las compañías aéreas por sus operaciones en los aeropuertos españoles está a un paso de convertirse en asunto de Estado. Con un turismo al alza, que ha recobrado peso en la economía ante la debacle de la construcción, se trata ahora de proteger la cuenta de resultados de la compañía pública cotizada o penalizar sus ingresos y elevar los incentivos para ayudar a que las aerolíneas y sus clientes elijan España como destino.

La aprobación del primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), sobre el que se conoce la propuesta de congelación tarifaria de Aena –de la que se ha desmarcado Fomento–, y el consejo no vinculante de rebaja del 2,02% por año de la CNMC, viene con retraso. Y aún va a ser sometida al escrutinio de comunidades, ayuntamientos, cámaras de comercio y demás estamentos incluidos en los Comités de Coordinación Aeroportuaria.

Estos órganos, presididos por el ministerio y de los que el madrileño fue el primero en constituirse hace tres años, son de carácter consultivo y reparten diez sillones: tres son para Aena; otros tres vocales hablan en representación de las corporaciones locales del ámbito de influencia del aeropuerto en cuestión; dos personas proceden del Gobierno autonómico; un asiento es para la Cámara de Comercio, y el décimo vocal se reserva para organizaciones económicas y sociales, siendo designado por la Comunidad Autónoma.

Comunidades Autónomas, ayuntamientos y cámaras de comercio comparten comités de coordinación aeroportuaria con Aena

Se da por descontado que Fomento va a encontrar franca oposición a la política tarifaria que quiere impulsar Aena en puntos clave como Madrid, Cataluña, Valencia o Andalucía.

La presión sobre el Gobierno, que debe establecer las tarifas a través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y aprobarlas en Consejo de Ministros, es considerable. Los precios entran en vigor el 1 de marzo y sirven de punto de partida para los de los próximos cinco años, existiendo una ley que impide su incremento. De hecho, la ex ministra de Fomento, Ana Pastor, estableció el compromiso de no elevar tarifas en diez años, asentando un modelo estable a largo plazo y que, en principio, contó con el aplauso de aerolíneas y resto del sector turístico.

Ahora son las unas y los otros quienes piden rebajas superiores al 2,5%. Opiniones a las que se suman los partidos en la oposición: “Aena dice que no es posible bajar las tasas, el sector aeroportuario dice que sí se pueden bajar y en medio de todo está la supuesta privatización de Aena. ¿A quién beneficiaría en este país que no se bajaran las tasas aeroportuarias? Seguramente a los que ya hicieron un gran negocio durante otro tiempo”, se espetó desde la bancada socialista al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la Comisión de Fomento del Congreso celebrada la semana pasada.

Ciudadanos, el otro partido en que trata de apoyarse el Gobierno en busca de pactos, pide que el DORA se debata en la Cámara Baja: “Es lo suficientemente importante como para que los grupos parlamentarios puedan opinar”, sostienen desde la formación naranja.

Conocida la posición contraria de la CNMC a la congelación, los presidentes del Consejo de Turismo de CEOE, Joan Gaspart, y del Consejo del Transporte, Rafael Barbadillo, defendieron un descenso de los niveles tarifarios de Aena, considerando que se trata de una medida que fomentará la actividad económica y favorecerá al turismo. Ambos trasladaron su opinión por carta al director general de Aviación Civil, Raúl Medina.

25 millones por cada punto de rebaja

El tira y afloja entre las aerolíneas y el gestor aeroportuario Aena se libra en el terreno financiero. Las primeras niegan el déficit histórico de 500 millones que dice arrastrar Aena –se compensaría vía tarifaria– y difieren del coste de capital (retorno razonable por la actividad aeronáutica o regulada) calculado por la firma pública para el diseño de sus tarifas: Aena reclama para sí un 8,4%, mientras la CNMC le otorgaría un 6,3% y las aerolíneas, un 5,9%.

El sector recuerda que las tarifas ya subieron un 68% de media entre 2010 y 2013. Fueron incrementadas un 0,9% en 2014, se congelaron en 2015 y bajaron un 1,9% en 2016.

Aena se defiende con un argumento aplastante: “El viajero apenas siente en su bolsillo unas décimas arriba o abajo en las tarifas, se trata de determinar si ese beneficio extra se lo llevan las aerolíneas, en forma de recorte de costes, o Aena manteniendo ingresos”, citan desde la compañía. La dirección estima que cada punto porcentual de rebaja supone 25 millones menos de facturación, lo que, llevado a los diez próximos años que se verán afectados por las tarifas de 2017, podría implicar la pérdida de 2.000 millones en ingresos.

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