El Gobierno aprueba la ley sobre pobreza energética

Las comercializadoras eléctricas pagarán el bono social desde mañana en que entrará en vigor

Según lo previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes el real decreto-ley por el que se reformará la Ley del Sector Eléctrico para fijar un nuevo mecanismo de financiación del bono social de la tarifa y prohibir los cortes de luz a los consumidores en peligro de exclusión social. Después del pacto alcanzado esta semana con el PSOE y C’s, el RDL será convalidado en el plazo de un mes en el Congreso y no se tramitará como proyecto de ley, tal como estaba previsto inicialmente.

 El texto legal establece que la financiación del bono social (un descuento del 25% en la tarifa para varios colectivos) será financiado a partir de su entrada en vigor (con su publicación), por las comercializadoras eléctricas en función de su número de clientes, por lo que el 94% lo sufragarán las cinco grandes eléctricas de Unesa. Con esta medida, el Gobierno subsana la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre, que anuló el anterior sistema, según el cual lo sufragaban los grupos verticalmente integrados (con comercialización, distribución y generación) y que el alto tribunal consideró ilegal.

Este cambio, según señaló el titular de Energía, Álvaro Nadal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, “no altera gran cosa” la situación, pues el grueso de la financiación seguirá correspondiendo a las grandes compañías.

Además del bono, que el Gobierno se ha comprometido a rediseñar para ligarlo a la renta de los consumidores, el RDL incluye medidas sobre una mayor transparencia en las prácticas comerciales, como la creación de unos índices (similar al TAE)de comparación de ofertas. Asimismo, se establece una categoría de consumidores (una petición de Ciudadanos) que no llegan a vulnerable severo, a los que el preaviso de corte se le amplía de dos a cuatro meses.

La medida más relevante del paquete se refiere a la prohibición de interrumpir el suministro a los usuarios en pobreza extrema. En este caso, el Gobierno ha implicado a las autonomías (a sus servicios sociales) que “deberán coordinarse con las compañías eléctricas. De hecho, el desarrollo reglamentario se discutirá en una próxima Conferencia de Presidentes.

El reglamento deberá estar listo en tres meses, según figura en una disposición final, por lo que la efectividad de las medidas no se podrá comprobar hasta el próximo invierno. Aunque, según declaró el ministro, los usuarios ya están protegidos por los distintos convenios entre compañías eléctricas y ayuntamientos, estos solo cubren una parte pequeña de los municipios, salvo el caso de Cataluña donde está en vigor una ley contra la pobreza energética. Precisamente, la justicia ha anulado el reglamento de esta ley, recurrido por las empresas, por considerar que es solo un protocolo y no un desarrollo reglamentario.

El ministro de Energía señaló que se han incluido las diferentes visiones de los grupos para tratar un problema de “gran complejidad” con el objetivo de ayudar a solucionar una cuestión, la de los consumidores eléctricos vulnerables (cuya definición está por regular), que es de política social, pero en la que es importante tener mayor coordinación”.

La normativa pactada con el PSOE (C’s se sumó en el último momento) “elimina los fallos, ambigüedades y problemas de competencia”.