Editorial

Eficacia contra la pobreza energética

Objetivo: que la ley sirva para combatir la pobreza y evitar el fraude

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

El principio de acuerdo alcanzado ayer entre el PP y el PSOE sobre la reforma de la Ley del Sector Eléctrico incluye la adopción de un nuevo modelo de financiación del bono social y el refuerzo de la lucha contra la pobreza energética. El pacto entre ambas fuerzas políticas supone incluir en la ley como “servicio esencial” el suministro a familias en situación de vulnerabilidad severa, lo que impedirá que las compañías eléctricas puedan realizar cortes de luz a este colectivo. A cambio de esta propuesta, impulsada por los socialistas, el PSOE deberá respaldar que sean solo las comercializadoras –y no las empresas de los tres sectores eléctricos– las encargadas de financiar el bono social, un descuento del 25% en la factura que se aplica a determinados colectivos, pero que no está ligado al nivel de renta. La reforma de la financiación del bono social ha sido necesaria tras una sentencia del Tribunal Supremo que exime a los grupos eléctricos verticalmente integrados (los que desarrollan a su vez las actividades de generación, distribución y comercialización) de la obligación de costear este descuento y obliga a que se les devuelvan los 500 millones de euros que han aportado desde 2014. De salir adelante el acuerdo entre PP y PSOE, el 90% del importe que supone el bono será abonado únicamente por las cinco grandes eléctricas de Unesa.

Aunque los datos del Ministerio de Energía cifran en cinco millones el número de pobres energéticos que existen en España, el porcentaje de usuarios cubiertos por el bono social es únicamente del 20%. A ello hay que sumar que el diseño de este descuento, mantenido en vigor por los últimos tres gobiernos, no es adecuado para el objetivo que pretende –combatir casos de necesidad– dado que su concesión no está ligada a la renta. Desde el propio Gobierno se ha reconocido que el problema de la pobreza energética no está bien resuelto en España y que hacen falta fórmulas que ayuden a los colectivos que carecen verdaderamente de recursos, algo que se quiere subsanar con la prohibición de los cortes de energía a las familias vulnerables.

La muerte de una anciana en Reus por un incendio causado por una vela, después de que se le cortase el suministro eléctrico, y cuya situación no detectaron los servicios sociales, ha sido el detonante de la búsqueda de una solución efectiva para ayudar a los usuarios sin recursos. La medida que últiman socialistas y populares supone un paso adelante en ese sentido y no implica un desembolso significativo para el sector eléctrico, pero debe articularse con elementos de control suficientes como para garantizar su efectividad y evitar su uso fraudulento. Para ello probablemente será necesaria la colaboración de ayuntamientos y comunidades autónomas, así como el refuerzo de la cooperación con las empresas. El objetivo es que la ley sirva para combatir la pobreza y no para amparar el fraude.

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