El cisma de la CNMC hace peligrar los peajes de la luz y el gas

El presidente quiere llevar por primera vez al pleno los informes. Los consejeros disidentes se oponen

José María Marín, presidente de la CNMC.Manuel Casamayón

Amenos de dos semanas de que entren en vigor las órdenes ministeriales de peajes de la electricidad y del gas para 2017, la CNMC aún no ha aprobado los informes preceptivos sobre dichas normas que el Ministerio de Energía debe recibir para su aprobación y publicación en el BOE. La larga lucha interna que amenaza con paralizar el organismo, se ha recrudecido en los últimos días por las disputas entre la Sala de Supervisión, que dirige la vicepresidenta, María Fernández, y la de Competencia, que encabeza el presidente, José María Marín, sobre la aprobación de dichos informes.

 En teoría, esta tarea le corresponde a la de Supervisión, pues es la heredera de las funciones de los antiguos reguladores sectoriales (de energía y telecos, principalmente). Sin embargo, Marín y su brazo derecho, el director de Promoción de la Competencia, Antonio Maudes, reclaman la potestad de elaborar los dictámenes sobre normas legislativas, para lo que introdujo algunos cambios a principios de este año en el estatuto del organismo. Algo que deja a la sala de regulación y a sus directores de instrucción prácticamente sin funciones, pues su papel queda subsumido en la dirección de Maudes, que carece de dicha categoría, según consideran los críticos.

La pasada primavera, el director de Promoción de la Competencia fue recusado por una mayoría del consejo (seis contra cuatro) encabezada por María Fernández, que manifestaron “la pérdida de confianza del consejo” en el directivo, al que se acusó de “deslealtad y falta de respeto” al organismo. Sin embargo, los disidentes no consiguieron su cese, pues Marín ha impedido desde entonces que el consejo trate sobre posibles medidas a adoptar contra él.

Con estos mimbres, Antonio Maudes ha vuelto a elaborar sendos dictámenes sobre las órdenes de peajes paralelos a los que prepara la Sala de Supervisión, según distintas fuentes. Concretamente, tratan “sobre cuestiones competenciales, posibles ayudas públicas y unidad de mercado”. Oficialmente, la Comisión niega la existencia de cualquier contrainforme y asegura que los dictámenes los elaboran, “como siempre, los técnicos de Energía”.

Sea como fuere, lo cierto es que los supuestos informes no se han llevado a la Sala Competencia, que el pasado jueves vivió una turbulenta reunión. En esta sala, Marín tiene enfrente a dos los dos críticos más duros: Benigno Valdés y Fernando Torremocha, que han optado por abandonar la Sala cuando el presidente somete a votación informes normativos de Maudes, pues lo consideran “una ilegalidad”, indican las mismas fuentes.

Pero el presidente los ha reclamado para que se vean en el pleno convocado para mañana, miércoles - añaden-, por lo que sería la primera vez que van al pleno desde la creación del organismo en 2013. Sin embargo, no hay ninguna posibilidad de que el pleno pueda incluso “verlos”, pues los seis disidentes tienen previsto oponerse por considerar que el pleno no es competente. De esta manera, se facilitará la tarea para que los saque adelante la Sala de Supervisión en una reunión prevista después del pleno, el mismo miércoles, y remitirlos después al ministerio.

La vicepresidenta ha decidido mantener también la reunión de Supervisión de hoy con el objetivo de analizar los informes elaborados por los técnicos de la Dirección de Energía, aunque no se aprobarían hoy a la vista de que Marín los ha pedido para el pleno de mañana.

Estos informes no son vinculantes, pero sí preceptivos, por lo que las órdenes no pueden publicarse sin ellos, ya que serían recurrribles en los tribunales por defecto de forma. Las propuestas del ministerio que dirige Álvaro Nadal incluyen una congelación de las tarifas de acceso, o la parte regulada de la factura de la luz y del gas. Con muchas partidas “cogidas con pinzas”, el ministerio prevé un superávit de nueve millones en el sistema eléctrico.

Un organismo que se dividirá en dos

El Gobierno ya trabaja en el proyecto de ley que anulará la ley de creación de la CNMC de 2013, y que incluye la segregación del organismo en dos: por un lado, el de supervisión sectorial y, por otro, el de Competencia. La medida viene forzada por el fallo en ciernes del Supremo contra la decisión del Gobierno del PP de suspender de manera anticipada los mandatos de muchos de los consejeros de los antiguos organismos reguladores y la autoridad de la competencia, cuya fusión dio lugar a la CNMC.

Fuentes del sector consideran, no obstante, que esta sentencia, que el Supremo aún no la ha aprobado, pero su resultado se presupone después de que el Tribunal de la UE fallase en ese sentido, no exige tal segregación. Sin embargo, es una solución política que podría satisfacer a la oposición y resolvería también el conflicto interno del organismo. En otras palabras, es probable que si no existiera dicho cisma, “el Gobierno quizás no se habría planteado la separación”.

Pese a la guerra interna, el presidente de la institución, José María Marín, defiende en todos los foros el modelo integrado. Esta defensa se ha interpretado como la intención de Marín, un hombre de Luis de Guindos, de conservar todo el poder o de evitar que la segregación se vea como un fracaso de su gestión.

No falta, sin embargo, quien opina que está intentando ganar tiempo para que antes de la segregación se proceda a los relevos de los tres consejeros a los que se terminó el mandato hace un año y a otros dos a los que se les acaba en 2017. Unos cambios que el Gobierno debe negociar con los partidos de la oposición y en los que él quiere intervenir.