El Gobierno elabora un proyecto de ley para la segregación de la CNMC
El Ministerio de Economía inicia negociaciones esta misma semana con el PSOE para la reforma del organismo
El Ministerio de Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, ha elaborado un borrador de proyecto de ley para la segregación de la CNMC en dos organismos:uno de Supervisión de los mercados y otro de Competencia. Según fuentes políticas, la futura norma anularía la Ley de Creación de la CNMC que entró en vigor el 4 de junio de 2013, pues no sirve con una simple modificación de la misma, sino una ley nueva. El organismo es el resultado de la fusión de los antiguos reguladores, principalmente, los de energía (CNE) y las telecos (CMT), y la autoridad de la competencia (CNC).
Este proyecto es la respuesta a los compromisos plasmados entre PP y Ciudadanos en el pacto que ambos suscribieron el pasado agosto; a la sentencia del Tribunal de la UE que ha declarado ilegal la suspensión de los mandatos de los consejeros de los organismos que dieron lugar a la CNMC y resuelve de paso el cisma abierto en su consejo de administración. El organismo se divide en dos salas: la de Competencia, encabezada por el presidente de la Comisión, José María Marín, y la de Supervisión, que dirige la vicepresidenta, María Fernández.
Pese a la resistencia de Marín, que defiende contra viento y marea el actual modelo y se opone a su división, la reforma de la CNMC no parecer tener marcha atrás. De hecho, el Ministerio de Economía ha convocado a los responsables del PSOE para iniciar esta misma semana negociaciones en las que consensuar los cambios y también (una vez que se negara a negociar los relevos en al CNMV que el PP ha pactado con Ciudadanos) tratar sobre el nombramiento del subgobernador del Banco de España.
En el caso de la CNMC, los socialistas desconocen qué protocolo de negociación les planteará el Gobierno: si les explicará las líneas maestras de la reforma;si les mostrará el borrador de proyecto de ley o se tratará de una prenegociación. Más allá de que el texto legal esté más o menos avanzado, lo cierto es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere cumplir a rajatabla el pacto con Ciudadanos, al menos, en lo que a la CNMC se refiere.
De hecho, frente a lo que pudiera parecer, pues el pacto previo entre Ciudadanos y el PSOE ya recogía una medida similar, en el caso del acuerdo con los popular no fue tanto una propuesta del equipo de Albert Rivera, como del entonces jefe de la Oficina Económica del Gobierno y ahora ministro de Energía, Álvaro Nadal, quien encabezó las negociaciones del ámbito económico y concretó con todo tipo de detalles el texto.
En su punto 13, el pacto PP-C’S, inlcuye la separación de la CNMC en dos entidades independientes, “siguiendo el modelo vigente en la mayoría de los países de nuestro entorno”, subrayaba el mismo. Por un lado, una Autoridad Independiente de los Mercados (Aisem), que asumiría las funciones de la actual Sala de Supervisión de la CNMC, y la Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (Aideco), las de la actual Sala de Competencia.
Aunque se desconocen los detalles, todo apunta a que cada organismo tendría un consejo con siete miembros (la actual CNMC tiene 10), lo que permitiría dar entrada a representantes de otros partidos, ya que a tres de los consejeros actuales se les ha caducado el mandado y a otros tres se les acaba el próximo año. La citada sentencia delTribunal de la UE, que responde a una cuestión prejudicial del Supremo en el marco de los recursos presentados por el expresidente y un exconsejero de la CMT, debe ser suscrito aún por este tribunal. Está previsto que esto ocurra en diciembre y, según el espíritu de la sentencia de la UE, ambos deben ser restituidos en sus cargos.
Marín defiende el modelo integrado
Aunque la escisión de la CNMC no implicaría el despido de ningún consejero con mandato en vigor y que muy posiblemente José María Marín se mantenga como presidente de la autoridad de Competencia y la vicepresidenta, María Fernández, se quedaría al frente de Supervisión, aquel sigue defendiendo en público y en privado el actual modelo integrado.
Fuentes del sector atribuyen esta posición a que Marín (un hombre próximo a Luis de Guindos) consideraría “un fracaso personal” el desmantelamiento de un organismo, que apenas tiene tres años de funcionamiento. Aunque la reforma viene impuesta en cierto modo por la sentencia del Tribunal de la UE (que debe ratificar el Supremo) que declaró ilegales los despidos de los consejeros de los antiguos reguladores, lo cierto es que el conflicto interno de un organismo cuyos miembros son en su mayoría del PP (solo dos representan a CiU y el PNV), ha contribuido a la misma.
La mayoría de los consejeros (seis) encabezados por María Fernández (próxima a los hermanos Nadal y Soraya Sáenz de Santamaría) han protagonizado sonoros enfrentamientos. Este grupo disidente ha intentado llevar al Abogado del Estado ciertos nombramientos de Marín y los poderes de su brazo derecho en Competencia, Antonio Maudes.
La semana pasada, Marín pidió el apoyo de la Comisión Europea para evitar la separación del organismo. Y esta misma semana, ha invitado a un grupo de diputados de las áreas económicas para que conozcan “el buen funcionamiento” de la Comisión, señalan fuentes políticas.
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