Educación

Atrapados por un crédito para cursar un máster

Los bancos empiezan a reclamar intereses de demora a quienes no pueden devolver el crédito

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Campaña promocional de los préstamos Renta Universidad.

Entre los años 2007 y 2011 el Ministerio de Educación realizó cuatro convocatorias de los conocidos como préstamos Renta Universidad: una financiación para facilitar que el acceso a máster o doctorados. La primera convocatoria, dotada con 50 millones de euros, tenía unas condiciones muy benignas –incluyendo la posibilidad de la condonación de la deuda a los 15 años si el deudor no alcanzaba un cierto umbral de renta (22.000 euros anuales)-. El problema llegó con las convocatorias posteriores, cuando las condiciones se endurecieron sin que se informara debidamente a las personas que contrataban el préstamo, según denuncian los afectados.

Entre 2008 y 2010 –coincidiendo con los albores de la crisis económica–, hubo otras tres partidas de los Presupuestos Generales del Estado dotadas para este fin, por un importe de 325 millones de euros. En total, 15.623 alumnos accedieron a este tipo de financiación. Durante la mayor parte de este periodo estuvo al frente del Ministerio de Educación Ángel Gabilondo, actual portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.

Un modelo importado de EEUU

Los préstamos para estudiantes son una de las fórmulas de financiación más habituales en Estados Unidos (solo por detrás de los créditos hipotecarios). Allí, donde el coste de cursar estudios superiores supera con frecuencia los 50.000 dólares anuales, las entidades financieras prestan el dinero a los universitarios, y estos los van devolviendo cuando acceden al mercado laboral.

En España esta fórmula apenas se había utilizado hasta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió ponerla en marcha, en un convenio en el que participaron el Ministerio de Educación, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y varias entidades financieras.

En la actualidad, se calcula que en Estados Unidos hay más de 40 millones de personas que tienen algún tipo de deuda estudiantil conjunta. En conjunto, suma más de 1.300 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros).

Entre los años 2004 y 2014 el número de estudiantes que tuvo que recurrir a este tipo de financiación se duplicó. Además, el importe medio solicitado aumentó un 74%.

El imparable aumento de las deudas para estudios universitarios llevó a la Administración Obama a tomar algunas medidas, como reducir la partipcipación de entidades financieras privadas (y sustituirlas por agencias públicas de concesión de préstamos), ampliar la posibilidad que el pago esté de acuerdo con el ingreso del deudor, e incluso la condonación de las deudas a unos 400.000 alumnos discapacitados.

La inmensa mayoría de estos créditos son a tipo variable, por lo que son muchos los jóvenes que temen que el aumento de tipos que ha iniciado la Reserva Federal (Fed) empiece a asfixiar su presupuesto mensual.


Una bomba de relojería

15.623 alumnos accedieron a este tipo de financiación entre 2008 y 2011

Los préstamos Renta Universidad (que cambiaron de nombre a partir de la tercera convocatoria) tenían condiciones muy ventajosas: financiación al 0%, amplios periodos de carencia... El problema ha llegado cuando, transcurridos los plazos, los estudiantes han tenido que empezar a hacer frente a los pagos.
“La crisis económica ha provocado altos niveles de precariedad y desempleo en este colectivo. También de exilio laboral. Muchos de los estudiantes que solicitaron un crédito tienen unos ingresos bajos, que no alcanzan los 22.000 de renta anual fijados en la primera convocatoria. Afrontar ahora la devolución de esa deuda supone para ellos un tremendo drama”, explica Miguel Ángel Andrés Llamas, el abogado de la plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad.

Esta asociación agrupa a 976 jóvenes a los que los bancos que comercializaron los créditos han empezado a solicitar la devolución de las cantidades. 200 de ellos, junto con la propia asociación, presentaron hace tres semanas una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Educación, para que se haga cargo de su situación. En caso de que la vía administrativa falle en su contra, acudirán a la vía judicial, asegura el abogado.

Esta línea de financiación corría a cargo de los Prespuestos Generales del Estado y se promocionaba desde Educación. Sin embargo, eran las entidades financieras adscritas a este convenio (Santander, Cajasol –ahora CaixaBank–, Unicaja...) quienes comercializaban el producto y también son las que están ahora reclamando la devolución del préstamo.


Endurecimiento de las condiciones

Las personas que no pueden devolver el crédito están empezando a ver cómo las entidades financieras les reclaman intereses de demora (que van del 10% al 22,5%), así como una comisión por reclamación de posición deudora (entre 30 y 35 euros al mes). Además, “estas personas están siendo consideradas como morosos y se les incluye en ficheros como Asnef, lo que les excluye para pedir otro créditos en el futuro”, apunta Andrés.

La baza a la que se agarran desde la plataforma de afectados para negarse a pagar es el cambio de las condiciones en la convocatoria de este tipo de ayudas. El segundo año que se concedieron se suprimió la posibilidad de no afrontar la devolución del préstamo hasta alcanzar una renta anual de 22.000 euros, a pesar de que el préstamo se seguía llamando Renta Universidad.

Por otra parte, los periodos de carencia se fueron acortando y fueron apareciendo comisiones e intereses más exigentes. “En las oficinas bancarias no se informaba en absoluto de este tipo de modificaciones, y se insistía en que las condiciones eran las mismas que las de la primera convocatoria”, apuna uno de los afectados.

El importe medio adeudado por los miembros de la plataforma está entre 8.000 y 10.000 euros, aunque está creciendo rápido por los intereses de demora.

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