Energía

Nadal anuncia una subasta de 3.000 MW de renovables en 2017

Es la misma que su hermano, Alberto Nadal, propuso para este año y que no se ha llegado a realizar. Malestar en el sector por no haber sido consultado.

Alberto Nadal, ministro de Energía.
Alberto Nadal, ministro de Energía.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado hoy que su departamento realizará una subasta de capacidad renovable de 3.000 MW. Se trata de la misma que anunció hace meses su hermano gemelo, Alberto Nadal, siendo este secretario de Estado de Energía, y que no se llegó a realizar. En aquel caso, se habló de dividir el proceso en dos: subastar 1.000 MW antes de fin de este año y otros 2.000 o incluso 3.000 en 2017.

La nueva subasta, que el titular de Energía comunicó en una comparecencia en el Congreso, se lanzará “en breves semanas” y responderá a “criterios competitivos, con el menor coste para el consumidor” y será “tecnológicamente neutral”. Esto es, no habrá cupos diferenciados y podrán acudir todas las tecnologías a la vez:eólica, solares, biomasa, etc.. Según Nadal, “es lo justo y no prejuzgas qué tecnología es la más eficiente”. Empresas del sector lamentaron ayer que el ministro no se hubiese reunido con ellas antes del anuncio para tratar sobre el diseño de la subasta. Pero, en general, nadie se sorprendió “dado el perfil poco dialogante de los Nadal” y más aún después de que el nuevo ministro de Energía lograra que el comisario de Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, eliminara de la propuesta de reforma en trámite de la directiva de renovables varios requisitos sobre la participación de los agentes en los procesos de subastas.

Fuentes empresariales aseguran que del texto original se han eliminado varios requisitos, como la obligación de los Gobiernos de publicar una planificación a largo plazo de las licitaciones esperadas, cubriendo por lo menos los tres años siguientes e incluyendo para cada licitación el tiempo, la potencia, energía o presupuesto a licitar y las tecnologías elegibles; que se haga una consulta previa para los actores del mercado para revisar el borrador de la licitación, tiempo para preparar la oferta y para realizar el proyecto, en función de cada tecnología y que la remuneración se defina en base al precio ofertado y no de la inversión o que se tengan en cuenta las particularidades de las comunidades de energía renovable para permitirles que compitan en igualdad de condiciones.

Aunque la nueva directiva va para largo, el Gobierno parece dispuesto a actuar ya en consecuencia y no ha consultado a los agentes. En la comparecencia en la que presentó las líneas directrices de su mandato, Álvaro Nadal anunció que se realizarán unos “controles generales” a los proyectos a través de la petición de garantías (las empresas habían pedido mayores avales), para comprobar que se llevan a cabo.

El pasado enero, el Ministerio de Industria realizó la primera subasta verde tras la moratoria al cobro de primas decretado por el Gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2012: 500 MW eólicos y 200 de biomasa. El proceso se consideró un fracaso después de que las adjudicatarias ofrecieran un coste de inversión cero para sus proyectos.

El ministro de Energía dijo que su cartera debería llamarse de Transición Energética, pues el futuro está marcado por los acuerdos de la Cumbre de París y el vasto paquete normativo aprobado por la UE, el denominado “paquete de invierno”, que incluye siete reglamentos y la reforma de cuatro directivas, entre otros. Un marco “alineado con el del Gobierno”, según Nadal, en los objetivos de eficiencia, mejoras medioambientales y defensa del consumidor.

Aunque España es “un país líder” en generación de energía renovables, con un 41% del total, “no hay que dormirse en los laureles”, señaló. Al respecto, Nadal apuntó que España va “muy adelantado” en sus objetivos de renovables, con 17,3% en el peso de estas tecnologías sobre el consumo final de energía.

 

Pocos cambios para el autoconsumo

Sobre el polémico decreto de autoconsumo eléctrico, Álvaro Nadal planteó también ayer que se refuercen los controles de seguridad a las instalaciones, a la vez que defendió que estos usuarios sigan contribuyendo a los costes fijos del sistema. Asimismo, planteó ligeros cambios en una regulación que ha resultado inútil (el sistema no recaudó nada en 2016 ni está previsto que lo haga en 2017, según la orden de peajes), como el acceso del autoconsumidor o el almacenamiento de energía, pero insistió en que “no es adecuado” que los autoconsumidores tengan una “ventaja de financiación” en la parte de los costes fijos del sistema frente los consumidores ordinarios. De lo contrario, reiteró que usuarios con mayor poder adquisitivo (con chalet o grandes parcelas) estarían trasladando entre un 15% y un 20% de sus costes al recibo de los demás.

En cuanto a la defensa del consumidor, aseguró que el ministerio está trabajando en medidas de transparencia y control de los productos financieros, cambios de contratos y prácticas anticompetitivas. En este punto, hizo hincapié en el proceso de diálogo abierto con los partidos de la oposición para regular la financiación del bono social (propone que lo paguen las comercializadoras eléctricas) definir al consumidor vulnerable y evitar los cortes de luz.

En este sentido, y apelando a las recomendaciones de la UE, la protección de los consumidores vulnerables no debe formar parte de la política energética (no se deben alterar los precios), sino aplicarla “en el ámbito de la política social”. E insistió, como viene haciendo desde que accedió al ministerio, que esta labor corresponde a las comunidades autónomas y los ayuntamientos o coordinados entre ellos.

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