Las renovables critican las condiciones de la nueva subasta
Se adjudicarán 1.000 MW eólicos y entre 500 y 1.000 MW fotovoltaicos. Las condiciones económicas serán similares a las de la puja de enero.
El pasado miércoles, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) convocó de urgencia a varias asociaciones de renovables para anunciarles la decisión de Industria de realizar una nueva subasta verde el próximo otoño. Concretamente, 1.000 MW eólicos (900 MW de parques nuevos y 100 MW de repotenciación); en esta ocasuón, entre 500 y 1.000 MW fotovoltaicos, sin precisar, y unos pocos megavatios de minihidráulica. Se trata de la segunda subasta de este tipo que el Gobierno celebrará tras la convocada en enero, en la que se adjudicaron 500 MW eólicos y 200 de biomasa, y que puso fin a la moratoria para nuevas plantas de renovables con derecho a cobrar primas decretada por el Gobierno en enero de 2012.
En general, las asociaciones que asistieron a la reunión (la eólica AEE y las fotovoltaicas UNEF y APPA) se sorprendieron por las prisas del ministerio, dada la provisionalidad del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y de que el propio titular, Luis de Guindos, está doblemente en funciones. Según fuentes del sector, la urgencia responde al temor de que España no pueda cumplir los objetivos medioambientales de la UEen 2020, aunque también se atribuye a una campaña de imagen del secretario de Estado de Energía, que estaría tomando posiciones para ser ministro de Industria.
Las condiciones de la subasta, que se celebrará cuando haya nuevo Gobierno y siempre antes del 31 de diciembre, son similares a las de la primera, lo que ha supuesto un jarro de agua fría para el sector. Las empresas temen que se repita el fiasco de la subasta de enero, que se adjudicó con prima cero, cuando producir sin incentivo, lo puede hacer cualquiera que monte una planta.
Para la convocatoria de otoño, se mantiene el mismo modelo de retribución a la inversión y se volverá a subastar un descuento sobre el coste de inversión (Capex), algo que el ministerio considera “innegociable”. Por contra, ahora los proyectos deben estar identificados, aunque después se cambien por otros del mismo grupo empresarial. En este sentido, habrá una precalificación para acreditar la solicitud del punto de conexión.
Un año después de la adjudicación, la instalación deberá acreditar la autorización administrativa y la aprobación del proyecto, lo que garantizará que será construido. El ministerio hará seguimiento de la tramitación y ejecución de los proyectos y, de no respetarse las condiciones, perderán su derecho y correrá el turno al siguiente adjudicatario. En esta ocasión, las garantías, tanto para presentarse a la subasta como para ejecutar el proyecto, se incrementarán para impedir que aquel opte por no construirlo perdiendo simplemente al aval (en la de enero eran 20.000 euros/MW y debía construirse en cuatro años).
La posibilidad de que parte de la capacidad adjudicada entonces se quede por el camino, es una sospecha generalizada. En un proceso en el que se subastaba “el derecho a recibir una retribución incentivada a cargo del sistema eléctrico”, los adjudicatarios ofrecieron un descuento del 100%, lo que equivalía a renunciar a dicha prima. Al ser marginalista, muchos de los participantes se pasaron de frenada.
Con una sobreoferta que superó cinco veces lo subastado en el caso de la eólica, se llevaron el gato al agua la aragonesa Forestalia, del empresario Fernando Samper, con el grueso; el grupo cárnico Jorge, con lazos familiares con aquel; EDP y Ence (50 MW de biomasa). Las grandes eléctricas Iberdrola, Endesa, a través de Enel Green Power, y Gas Natural Fenosa se quedaron fuera y, como el resto de inversores, estupefactas. Otra de las grandes del sector, Acciona, optó por no acudir al temer este desenlace.
Algunas empresa han sugerido que esta vez se haga “una subasta marginalista superior”, dado el fracaso del anterior modelo, algo que el ministerio se ha comprometido a analizarlo.
La hoja de ruta de Alberto Nadal
La decisión de Industria de realizar una nueva subasta de renovables en la última parte del año, en este caso más del doble de capacidad que en enero, ha causado gran sorpresa en el sector. Fuentes del mismo interpretan que detrás de ella está la intención de Alberto Nadal de proyectarse, pues no disimula en determinados círculos su deseo de ser ministro de Industria dado el escenario político que se ha dibujado tras las elecciones de 26J, según varias fuentes.
Alberto Nadal, que competiría así por una cartera ministerial con su hermano gemelo, Álvaro, jefe de la Oficina económica de Moncloa en funciones y diputado en ciernes. Todo dependerá de si un hipotético respaldo de Ciudadanos al Partido Popular incluye la participación del partido de Albert Rivera en el futuro Gobierno o se limita a un apoyo de investidura. En el PP empiezan a ser mayoría los que prefieren que C’S entre en el Gobierno para contar con su fidelidad en el Parlamento toda la legislatura. De lo contrario, el bloqueo de la oposición les hará imposible gobernar. En ese caso, los ministerios disponibles se reducirán.
Sea como fuere, dada la poca visibilidad que le ha dado la exigua subasta de renovables de enero (700 MW eólicos y de biomasa) y el concurso canarios (otros 450 MW eólicos), el Ministerio de Industria está haciendo su hoja de ruta hacia 2020, centrándose en la producción de renovables y no en la potencia instalada. Aunque ha anunciado que celebrará subastas periódicas para llegar a los objetivos del 20-20, no ha querido comprometerse con las empresas a cerrar un calendario. En estos momentos, sobre un consumo total de 93.000 KTep (miles de toneladas equivalentes de petróleo), solo 16.000 KTpe son renovables.