Las eléctricas captan 70 millones en la lucha contra el fraude

Los peajes de 2017 mantienen la retribución de las renovables, aunque los ingresos suben encasi 600 millones por distintos ajustes

Belén Trincado

El Ministerio de Energía remitió el viernes por la tarde a la CNMC la propuesta de orden de peajes de acceso para su informe por trámite de urgencia. Se trata de las cuentas del sistema eléctrico (ingresos y costes) para el próximo año en las que, como adelantó CincoDías, se congela la parte regulada de la factura de la luz, que representa aproximadamente la mitad de la misma. El resto corresponde al coste de la energía, que ha registrado una importante subida en las últimas semanas.

 La propuesta de orden distingue entre los peajes de acceso a las redes (distribución y transporte); cargos (como los incentivos a las renovables) y otros costes que, aunque se endosan al término energía y no a los peajes, los liquida la CNMC. Este es el caso de los incentivos a la industria en la factura eléctrica (interrumpibilidad) y los pagos por capacidad: en este caso se mantienen los precios unitarios mientras que la interrumpibilidad costará 525 millones.

Por primera vez, en el balance del sistema figuran dos partidas de ingresos “por fraude”: 35 millones en 2016 y otros 35 millones para 2017, en total, 70 millones. Se trata de cantidades detectadas por las distribuidoras entre sus clientes y de las que recibirá en su retribución un incentivo el 20% del fraude detectado (como la manipulación de contadores). Así lo determinó un real decreto de 2013, según el cual, las empresas cobrarán dicho incentivo al segundo año de su detección, en este caso, por los fraudes de 2014 y 2015.

En general, las cuentas elaboradas por el Ministerio de Energía están poco apuntaladas. Así, tanto la retribución del transporte como la de la distribución (1.735 millones y 5.158 millones, respectivamente) son importes a cuenta a la espera de que se fijen las cantidades definitivas en una futura orden ministerial.

En el caso de la distribución, según Energía, porque la CNMC no le envió dentro del plazo reglamentario el informe con los cálculos correspondientes. Al parecer, esto se debió a un problema informático, según fuentes próximas al organismo. En cuanto al transporte, que sí cuenta con el informe de la Comisión, el ministerio que dirige Álvaro Nadal ha pedido más información para “una evaluación adicional”. Fuentes empresariales aseguran que la CNMC habría identificado instalaciones que REE declaró el año pasado y que no existen, de lo que se deriva 40 millones menos de retribución y no los 25 millones más que figuran en la orden en trámite.

Otra partida sin ajustar es la del incentivo a las renovables. Aunque en volumen, el sector recibirá 584 millones más que los estimados en 2016 (en total, 6.987 millones en 2017), la retribución unitaria se mantiene. Este incremento responde a la primera revisión trienal de precios de referencia del mercado (en 2017 se inicia un nuevo semiperiodo regulatorio)pero, sobre todo, a los ajustes por el agujero generado en el trienio que ahora termina, que se achaca a los errores del ministerio en las previsiones de de los precios del mercado. Y también a la compensación de 500 millones de euros a los purines por decisión judicial (aunque muchas instalaciones han cerrado y no lo recibirán). Fuentes del sector de las renovables creen que tras esa partida se esconde la aplicación de un precio inferior al de mercado (unos 52 euros MWh),

Otra cifra en el aire es la de la compensación a los sistemas extrapeninsulares, de los cuales, la mitad lo sufragan los Presupuestos del Estado, que, al prorrogarse, mantendrá la misma partida del año pasado:740 millones.

Nadal excluye de los peajes el coste del bono social

Con unos costes de 17.851 millones y unos ingresos de 17.860 millones, al Ministerio de Energía le sale un pequeño superávit de 9,3 millones de euros en el sistema eléctrico en 2017. Y estima otros 110 millones en 2016, lo que supone un acumulado de 1.130 millones desde 2014. Los ingresos crecerán de la mano de la demanda, que crecerá un 0,7% respecto a 2016, según la nueva propuesta de orden.

Los usuarios pagarán el próximo año una anualidad de 2.838 millones de euros para amortizar la deuda generada por el déficit de tarifa, que supera los 24.000 millones. Además de la mitad de los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares (740 millones de euros), los Presupuestos aportarán al sistema eléctrico 450 millones procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2 y lo recaudado de los tributos energéticos (el mayor, el 7% de la generación), que se calculan en 2.704 millones. En 2016, estas partidas serán de 318 millones y 2.422 millones, respectivamente.

Lo que no figura en los peajes es la indeminización a las eléctricas por la financiación del bono social de la tarifa desde 2013, unos 500 millones de euros, que ha exigido el Supremo en una reciente sentencia. En ella anula, por segunda vez, la obligación de las grandes compañías de sufragar dicho bono. Por el momento, Energía intenta ganar tiempo con un recurso de amparo previo a otro ante el Constitucional, en el que pocos confían y, en cuaquier caso, con la nueva Ley Eléctrica el bono social no sería un coste liquidable por el sistema. Además, más allá de la indemnización, el PP intenta tramitar de urgencia un real decreto ley para que el bono social lo financien ya las comercializadoras eléctricas. Para ello, busca el consenso de la oposición.