Una legislatura para recuperar la confianza
El pacto con el PSOE y C’s supone un ejercicio de responsabilidad política
Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 ya cuentan con el techo de gasto previo e imprescindible para su aprobación gracias a un clima de diálogo y negociación parlamentaria que hasta hace muy poco parecía improbable en un país marcado por el inmovilismo institucional y el bloqueo político. El techo de gasto, los nuevos objetivos de estabilidad y la batería de medidas fiscales que se aprobaron el viernes en Consejo de Ministros saldrán adelante –dado que el Gobierno no dispone de una mayoría suficiente en el Congreso– gracias al pacto político cerrado con el PSOE, cuya abstención permitirá respaldar la nueva senda de consolidación fiscal. La factura de ese acuerdo para el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sido la aprobación de un incremento del 8% en el salario mínimo interprofesional (SMI) y un decreto de reformas fiscales, que deberá ser convalidado parlamentariamente, y que incluye un endurecimiento de la tributación para las grandes empresas, medida que ven con buenos ojos tanto los socialistas como Ciudadanos.
Pese a que Cristóbal Montoro aseguraba tras el Consejo de Ministros que el Gobierno no ha incumplido su promesa electoral de elevar los impuestos, puesto que no ha tocado la tributación de las rentas del trabajo, la nueva legislatura se estrena con una subida impositiva que incluye la limitación de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades, el aumento de los tributos que gravan el tabaco y el alcohol, la creación de una nueva tasa sobre las bebidas azucaradas y la prórroga de la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio. Tanto la subida del SMI como el incremento de las bases máximas de cotización –que aumentarán un 8% y servirán para alimentar una Seguridad Social en número rojos– recaerán también sobre el tejido empresarial y se harán notar en los costes laborales, cuya reducción ha sido una de las claves de la recuperación de la competitividad y el empleo. El efecto de arrastre que el aumento del salario mínimo podría tener en la negociación colectiva se ha visto finalmente neutralizado por una disposición adicional que permite al Gobierno limitar en los convenios laborales ese efecto contagio.
Las medidas aprobadas el viernes no alimentarán el dinamismo empresarial ni pondrán más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, pero responden a la necesidad que tiene España de cumplir con los objetivos comprometidos ante Bruselas. Los ajustes aprobados por el Gobierno son, en ese sentido, un mal necesario dentro de una coyuntura que presenta frentes de incertidumbre interna y externa que no son solo económicos, sino también geopolíticos. Es el caso del brexit en Reino Unido, cuyos efectos a medio y largo plazo no es todavía posible calibrar con exactitud, o la llegada de Trump a la presidencia de EE UU, que abre una nueva etapa aún llena de interrogantes sobre la política que Washington aplicará en las relaciones con sus socios comerciales y en la propia economía estadounidense. El cuadro macro presentado por el Gobierno –que mejora las anteriores cifras de crecimiento y las sitúa en un 3,2% este año y un 2,5% el siguiente– calcula la reducción del desempleo en un escenario de tipos de interés planos y un tipo de cambio estable, entre otras variables. Pese a que el Gobierno calificaba el viernes las previsiones de “prudentes”, es difícil obviar que los factores de inestabilidad son suficientemente potentes como para alterar las previsiones.
Pese a esos riesgos, que no afectan solo a España, sino al conjunto de las economías, la legislatura ha arrancado con un elemento nuevo: el diálogo y la colaboración política. El acuerdo alcanzado entre PSOE y Gobierno no pasa del techo de gasto, pero garantiza el cumplimiento de los compromisos con Bruselas y abre la puerta al respaldo parlamentario al Presupuesto, y ello supone una inyección de confianza y estabilidad fundamental tanto para la ciudadanía como para los mercados internacionales. España afronta el futuro con unas previsiones de crecimiento más altas que otros países europeos, pero también con las limitaciones de un Gobierno que no cuenta con mayoría suficiente como para aprobar las reformas que la economía española necesita. El pacto con el PSOE y C’s supone, en este contexto, un ejercicio de responsabilidad política que resulta fundamental para cumplir ese objetivo.