Lograr 40.000 millones para que las pensiones no bajen un 40%
Los expertos creen que el sistema actual no es capaz de captar más ingresos
Con un cerrado e inusual aplauso es como ha terminado hoy la intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga. A los diputados de prácticamente todos los grupos les ha entusiasmado el análisis y propuestas de este economista que, hace tres años, fue el más crítico del grupo de expertos en pensiones que diseñaron la reforma del PP en 2013.
Según la tesis de Ruesga, las reformas del PSOE en 2011 y la del Gobierno popular en 2013 atendieron a los futuros problemas demográficos que tendrá España, pero fueron “insuficientes” para atajar el problema “estructural” de ingresos del que adolece el sistema español de pensiones, con déficit creciente desde 2012.
Y es que, según ha definido este experto, la Seguridad Social española atraviesa una “crisis de ingresos”, que no obedece solo a la crisis económica iniciada en 2008 sino a cambios experimentados por el mercado laboral que sí pudieron llegar con la recesión pero que han llegado para quedarse.
Así, ha asegurado que “la tendencia de ralentización de los ingresos por cotizaciones tiene tintes de carácter estructural”, debido a la baja productividad de la economía española y sus bajos salarios. Y atribuyó esta devaluación salarial al impacto de la reforma laboral de 2012.
A la constante desaceleración estructural de los ingresos, que no podrá compensarse únicamente con la generación de más empleo, habrá que sumar el incremento del número de pensionistas. En las próximas décadas se pasará de pagar 9,5 millones de pensiones a 15 millones en 2050, según los cálculos citados ayer por este experto.
Ante este horizonte, Ruesga considera que en el corto plazo, la Seguridad Social necesitará en 2017, unos 7.000 millones de ingresos adicionales tras el agotamiento previsto del fondo de reserva. Para solventar este problema de liquidez a corto y medio plazo ha propuesto incrementar uno o dos puntos los tipos de cotización a la Seguridad Social –lo que generaría los 7.000 millones necesarios–;financiar con impuestos determinadas prestaciones, o cambiar incentivos fiscales a las empresas por políticas activas de empleo.
Si bien, este experto ha precisado que estos cambios no propiciarán tampoco los cambios estructurales que necesita el sistema a largo plazo. En ese punto consideró que será necesario aumentar los ingresos de la Seguridad Social en cerca de 40.000 millones de euros (entre 3 y 4 puntos de PIB), para mantener la suficiencia de las prestaciones.
De lo contrario, si no se producen los cambios que propicien este incremento de ingresos, las cuantías de las pensiones bajarán entre un 30% y un 40%, calculó Ruesga. Entre las medidas para lograrlo, ha propuesto incrementar de forma progresiva la financiación de las pensiones, vía impuestos;y estudiar, como propone el PSOE, la creación de un nuevo impuesto finalista para costear el sistema, así como destinar a la Seguridad una parte de la recaudación de los impuestos de transmisiones patrimoniales, patrimonio o incluso crear un complemento en el IRPF.
- Reforma fiscal integral
En este mismo sentido se ha manifestado también el otro experto que ha comparecido hoy en el Pacto de Toledo, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri. Este economista ha considerado que financiar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad es un “parche”. En su lugar abogó por una reforma fiscal integral, que incluya medias como incrementar las cotizaciones –ve margen para aumentar las del trabajador hasta tres puntos–, destapar las bases de cotización, la reducción del fraude y una reforma fiscal que, ha dicho, podría recabar 57.000 millones adicionales. En caso de implementarse medidas contra el fraude Zubiri ve posible alcanzar los 96.000 millones.
Zubiri ya calculó que los cambios paramétricos recogidos por la reforma de 2011 supondrían un recorte en las prestaciones de aproximadamente el 20% cuando estén plenamente en vigor a partir de 2027. Y, posteriormente, también estimó un nuevo recorte del 15% en las prestaciones como efecto del factor de revalorización y del de estabilidad, incorporados en la reforma del 2013.
