Las propuestas del Gobierno para reformar las pensiones
Rajoy apuntó a la eliminación de los topes de cotización, mientras Báñez señaló vías tradicionales como la financiación de pensiones con impuestos
Arrancó ayer la negociación de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo con la comparecencia de la ministra Fátima Báñez. La sostenibilidad de las pensiones es una de las prioridades en este inicio de legislatura; el sistema acarrea un déficit del 1,6% del PIB, es el principal responsable del incumplimiento de los objetivos de déficit y la hucha de las pensiones se agotará en 2017.
Así, si por la mañana Báñez apuntaba fórmulas para elevar ingresos, por la tarde, en el Senado, Rajoy admitía más opciones para el sistema; la más llamativa, eliminar los topes de cotización. También está sobre la mesa pagar las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos y elevar la cotización de los autónomos.
¿Qué son los topes de cotización?
Actualmente existe un límite máximo de cotización a la Seguridad Social: los empresarios cotizan por el 23,6% del salario y los trabajadores por el 4,6%, con este límite, cifrado en 3.642 euros al mes. Esto implica que los empleados que ganan más solo cotizan por esta cantidad, es decir, abonando 859 euros la empresa y 171 euros el empleado. Eliminando estos topes máximos, la carga de cotizaciones de empresa y trabajador crecería para los salarios más altos.
¿Qué implicaría quitar los topes?
Lógicamente, si se eliminan estos topes máximos los ingresos de la Seguridad Social crecerán, aunque solo para estos salarios, que son menos del 10% del total. El empleado lo notará en que paga más cotizaciones y en que su puesto de trabajo es más caro para la empresa. Además, dado que las pensiones están también limitadas, cuando se jubile la relación entre la pensión y lo que ha contribuido será más desfavorable.
¿Está dispuesto el Gobierno a modificar este tope?
Báñez no sacó a colación este mecanismo, pero posteriormente Mariano Rajoy “sin duda alguna se puede hablar” sobre la propuesta, procedente de Podemos, de eliminar el tome máximo a las cotizaciones de los salarios más altos. También aseguró que “se puede estudiar” la iniciativa de suprimir los regímenes especiales de cotizaciones para nuevas afiliaciones.
¿Qué significa pagar algunas pensiones con impuestos?
Que las pensiones de viudedad y orfandad, que no dependen de la contribución a la Seguridad Social del pensionista sino de sus circunstancias vitales se paguen con impuestos. Estas pensiones suponen 2.400 millones al año para las arcas de la Seguridad Social aunque, lógicamente, habría que cuadrar las cuentas públicas por otro lado. Es una propuesta que viene de lejos, y tanto expertos como partidos o sindicatos han abogado por este cambio de modelo, que ayuda a clarificar las fuentes de financiación de las pensiones. Báñez aseguró ayer que este cambio no supondría cambios en la naturaleza de las pensiones de viudedad y orfandad: no se podrían modificar al margen de las contributivas.
¿Qué sucede con la cotización de los autónomos?
Como explicó Báñez ayer, el Pacto de Toledo aconseja que cada régimen de la Seguridad Social se autofinancie. Hoy por hoy el régimen de autónomos acarrea un déficit de unos 7.000 millones de euros; proporcionalmente, el triple del desequilibrio en el régimen general. No obstante, la ministra no apunta (de momento) a un alza obligatoria de cotizaciones: se trataría de una medida voluntaria. No propuso una medida más agresiva, que sería forzar a los autónomos a cotizar por sus ingresos (hoy por hoy eligen base de cotización).
¿Cuánto déficit generan las reducciones de cotización?
La amplia gama de incentivos a la contratación supone también menos ingresos para el sistema. La ministra comentó ayer que las reducciones de cotización suponen un agujero de 1.900 millones de euros. Actualmente Hacienda ya ingresa en la Seguridad Social 1.800 millones al año para compensar por tarifas planas de cotización o bonificaciones, pero las reducciones de cotización generan déficit. La ministra propone transformar este último modelo en una bonificación para que se sufrague con cargo al presupuesto. El efecto sería el mismo que el de cambiar la financiación de viudedad y orfandad: menos déficit para la Seguridad Social pero más en la administración del Estado.
