Comparecencia de Fátima Báñez

Empleo corregirá el agujero de las tarifas planas en el empleo

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dedicó una buena parte de su comparecencia hoy en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo a lanzar mensajes de tranquilidad a los pensionistas que ya reciben su prestación y a los trabajadores en activo que confían cobrarla en un futuro. Según presumió Báñez, el último informe de Bruselas sobre el sistema de pensiones en España es de 2015 y entonces la Comisión Europea ya apuntó que las últimas reformas del sistema de pensiones español del 2011 y 2013 habían dejado la Seguridad Social como la mejor situada para afrontar los problemas de envejecimiento.

De hecho, estas reformas que prevén el alargamiento de la edad de jubilación, el endurecimiento del acceso a la pensión, o la creación de un factor de revalorización y otro que regula el impacto del aumento de la esperanza de vida, ya supusieron un recorte de 3,5% en el gasto en pensiones sobre el PIB previsto para 2060, dejándolo en el 11% para ese año, el mejor posicionado en la UE.

Esos recortes de gasto a futuro no evitan que sean necesarias más reformas para garantizar la viabilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones en las próximas décadas, sobre todo a partir de 2025 cuando llegan a la jubilación las primeras generaciones nacidas en el baby boom. Por ello, todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados discutirán durante los próximos meses en el Pacto de Toledo los cambios necesarios que se deberían introducir en el sistema de pensiones.

Y es que pese a tener “uno de los sistemas de pensiones más fuertes de Europa”, en palabras de Báñez, la ministra también reconoció que la Seguridad Social tiene ahora unos números rojos del entorno del 1,6% del PIB. Además, el fondo de reserva creado para costear los déficit del sistema en épocas de crisis ya solo cuenta con 25.255 millones y previsiblemente se agotará el próximo año. A esto añadió que la creación de empleo, aunque ya se han recuperado 1,7 millones de empleos, el 50% de los puestos perdidos en la crisis, “aun no es suficiente para equilibrar el sistema”.

Por ello, y aunque Báñez insistió una y otra vez en que “a esta situación no se ha llegado por falta de acierto en la gestión del Gobierno, sino por la destrucción de 3,3 millones de empleos durante la crisis”, lo cierto es que hará falta tomar medias para que la Seguridad Social recupere su equilibrio financiero. Y, dado que las últimas reformas de pensiones ya actuaron sobre el gasto a medio y largo plazo, ahora toca el turno de buscar más ingresos para el sistema con el objetivo de abandonar los números rojos, que este año podrían elevarse por encima de los 17.000 millones de euros, según distintos cálculos de expertos.

Precisamente en el marco de esta búsqueda de ingresos complementarios a las cotizaciones a la Seguridad Social –que ahora financian casi nueve de cada 10 euros con los que se pagan las pensiones– compareció esta mañana Báñez en el Congreso. Allí propuso a todos los grupos cuatro vías alternativas de ingresos para la Seguridad Social, que de contar con el apoyo de los grupos, se plasmarán en un documento de reforma de las pensiones que, la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, quiere tener listo en mayo de 2017.

La primera de estas fórmulas fue la que más se ha barajado hasta ahora y que está incluso recogida en los Presupuestos Generales de 2016: se trata de la posibilidad de que las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares –que cuestan unos 24.000 millones de euros anuales a la Seguridad Social–, pasen a financiarse con impuestos. Es lo que técnicamente denominó “ir más allá en la separación de fuentes de financiación”. Dicha separación ya se inició con el traspaso a los impuestos de, primero la sanidad, y después los pagos de los complementos a mínimos de pensiones, que ahora se pagan en su integridad con impuestos.

En este punto, Báñez precisó que este cambio en la financiación de estas tres prestaciones “no implicaría cambios en su naturaleza jurídica”. Esto quiere decir que aunque se costearan con impuestos no se podrían modificar, subir o bajar, al margen del resto de prestaciones contributivas. Ni tampoco se transferirían a las comunidades autónomas, como sí se ha hecho con algunas prestaciones asistenciales.

La segunda de las propuestas es con toda seguridad la más polémica y más difícil de poner en marcha. Báñez, recordó ayer que ya en las actuales recomendaciones del Pacto de Toledo, que se creó en 2005, se recoge la necesidad de que los dos grandes regímenes de la Seguridad Social, el Régimen General, donde cotizan los asalariados, y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), “fueran autofinanciables”. Esto es, que las pensiones de cada régimen se pudieran pagar solo con las cotizaciones de sus afiliados. En la actualidad esto no ocurre así, sobre todo en el RETA, que según dijo ayer Báñez, tiene un déficit superior a los 7.000 millones de euros.

Esto significa, según la ministra, que un autónomo genera tres veces más déficit a la Seguridad Social que un asalariado. De ahí, la conveniencia, según Báñez, de que los autónomos coticen más a la Seguridad Social. No obstante, esta propuesta se quedó en un desiderátum. De hecho, Báñez reiteró que este aumento de las cotizaciones de los autónomos debería ser voluntario. Y apeló a la necesidad de “aumentar la pedagogía”, sobre todo desde las asociaciones de autónomos para que, cuando un trabajador quiera darse de alta por cuenta propia, se le explique que si cotiza por la mínima, las pensiones que obtendrá serán también mínimas.

En ningún momento, la ministra habló de la posibilidad de que los autónomos dejen de poder elegir su base de cotización y pasen a cotizar por sus ingresos reales, ya que el PP fue prácticamente el único de los partidos que no incluyó esta medida en sus programas electorales. Así, confió enteramente a la “voluntariedad” del aumento de los ingresos por cotizaciones de los autónomos. Dicho esto, y una vez terminada su comparecencia, Báñez admitió que algún grupo podría llevar al Pacto de Toledo alguna propuesta de cambio legislativo en este sentido.

La tercera de las vías alternativas de financiación que propuso Báñez consiste en transformar las actuales reducciones de cotizaciones en bonificaciones a la contratación. Con este cambio en el modelo de ayuda al empleo, la Seguridad Social recuperaría solo este año unos 1.900 millones de euros, tapando así el agujero de ingresos que han hecho las tarifas planas para incentivar la contratación. Esto ocurriría porque ahora, si un empresario o un autónomo se beneficia de una reducción en el pago de sus cotizaciones por contratar a trabajadores fijos o darse de alta con una tarifa plana, la Seguridad Social no ingresa esa parte de cuota reducida.

Sin embargo, si la modalidad de ayuda o de tarifa plana es una bonificación en lugar de una reducción, el empresario sigue sin pagarla pero la caja de la Seguridad Social sí la ingresa porque se la abona el Servicio Público de Empleo que, a su vez, recibe el dinero por una transferencia del Ministerio de Hacienda.

A fecha de hoy, la Seguridad Social ya recibe de Hacienda, vía impuestos, unos 1.800 millones de euros de bonificaciones. Pero además, hay otros 1.900 millones, antes citados, en reducciones de cuotas que ahora no recibe la caja de las pensiones y que si saliera adelante la propuesta de Báñez, también se ingresarían en la Seguridad Social.

Finalmente, Báñez hizo una cuarta propuesta sin objetivos ni detalles: seguir mejorando la lucha contra el fraude y el empleo sumergido.

Además de estas propuestas de la ministra de Empleo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, añadió otras más. Así, en el Senado, se mostró dispuesto a hablar sobre algunas propuestas de pensiones realizadas por Podemos, como la eliminación del tope máximo a la cotización de los salarios más altos, la supresión de regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, o la ya citada por Báñez de financiación de algunas pensiones vía impuestos.

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