La irregular experiencia del impuesto al azúcar
La tasa a las bebidas azucaradas que prepara Cataluña ya se ha aplicado en algunos países
Cataluña avanza hacia el primer impuesto para las bebidas con azúcar en España. Tras su anuncio por parte del Govern y la aprobación en el Parlament, la tasa podría llegar en abril de 2017 y con el objetivo de recaudar unos 41 millones al año. Pero antes de llegar ya cuenta con el rechazo del sector. La patronal, Anfabra, rechaza esta imposición. “El impuesto no ayuda a corregir hábitos”, defiende Josep Puxeu, director general de la organización.
En Europa y en otros países ya hay experiencia sobre un tipo de imposición que ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de intentar desincentivar el consumo de estos productos y reducir las altas tasas de obesidad.
Países como Reino Unido o Irlanda ya han anunciado en Europa su intención de iniciar esta tasa a partir de 2018. En EE UU, donde no existe una ley a nivel federal, ni parece que vaya a haberla próximamente, han sido los estados y las ciudades las que han comenzado a instaurarlas.
Una de las últimas urbes estadounidenses en anunciarlo ha sido San Francisco. Más del 60% de los habitantes de dicha localidad votaron favorablemente la medida el pasado día 8, coincidiendo con las elecciones presidenciales que auparon a Donald Trump al poder. También Oakland y Albany apoyaron la propuesta el mismo día. También la semana pasada, el consejo de Gobierno de la ciudad de Chicago anunciaba una tasa a las bebidas azucaradas.
Pero algunos países ya instauraron esta medida mucho antes de que la OMS se decantase por apoyarla. Es el caso de Francia, donde entró en vigor en 2012, Dinamarca, Finlandia o México. Sin embargo, los resultados de estas iniciativas no han parecido ser los esperados.
En el caso de Francia, el sector tuvo una fuerte caída de ventas en el primer año de su aplicación. Si bien, al haberse aplicado en años de crisis de consumo, parece difícil desligar el efecto sobre la concienciación sanitaria de los problemas económicos. De hecho, en los años siguientes, las ventas de este tipo de bebidas volvió a crecer.
Una situación muy similar se vivió en México. En 2013, el Gobierno federal anunció una tasa para estos productos en uno de los países con mayores ratios de obesidad. Dos años después de este gravamen, del 10% del precio, las ventas de los refrescos con azúcar volvieron a crecer en el país latinoamericano. Además, un estudio del Instituto Tecnológico de México (ITAM) señalaba que un año después la tasa de obesidad había crecido un 1%.
Además, la secretaría de finanzas públicas del Gobierno mexicano reconoció que la recaudación en el segundo año a través de este impuesto había aumentado, cuando en el caso de haber funcionado como herramienta de salud, debería haber descendido por la caída de ventas de estos productos.
Otro de los casos en los que un impuesto de este tipo no tuvo los resultados esperados fue Dinamarca. En 2013 el Gobierno danés anunció que abolía la tasa específica para los alimentos con alto contenido de grasas, al entender que este gravamen solo había provocado un aumento de los precios y la puesta en riesgo de algunos puestos de trabajo. El Gobierno también canceló tras ello sus planes de instaurar una tasa para los productos con azúcar.
