Unas cuentas públicas muy vulnerables
El Ministerio de Hacienda hizo ayer públicas las cuentas de los nueve primeros meses del año y siguen arrastrando las mismas carencias de los pasados, con muy escasas posibilidades de lograr ceñirse al compromiso inicial fijado en los Presupuestos y en el cuadro macroeconómico comprometido con las autoridades comunitarias. Para el año en vigor, el Gobierno dispone ya de un nuevo límite de déficit, un balón de oxígeno adicional de un punto de PIB (algo más de 10.000 millones), pero que podría también ver desbordado sobre todo si los ingresos persisten en la senda pesimista de los últimos meses. Ahora el déficit permitido es del 4,6%, frente al 3,6% establecido inicialmente y ahora ya alcanzado.
Las decisiones tomadas por Hacienda pretenden suturar la sangría que en las cuentas se abrió tras la rebaja de los impuestos contraproducentemente ejecutada a propósito del larguísimo año electoral de 2015, con comicios autonómicos y generales. La rebaja del IRPF y de Sociedades ha provocado caídas en la recaudación de ambas figuras, que han tenido que ser corregidas con la recuperación de un pago anticipado en Sociedades para las empresas que facturen más de 10 millones de euros, y que tendrá un coste para las empresas de más de 8.000 millones de euros. El IRPF acumula una pérdida de ingresos de más del 1% hasta septiembre, cuando se estimaba que incrementase los recursos en un 5%, mientras que Sociedades contabiliza un descenso del 29%, cuando Hacienda manejaba la posibilidad de que se aumentase un 20%, hasta los 24.800 millones de euros. Solo los impuestos indirectos están teniendo un comportamiento cíclico puro, ya que el avance del 4,8% es coherente con un crecimiento de la economía ligeramente superior al 3%.
Con estos desempeños de los tributos, que han obligado a modificaciones radicales de última hora, las cuentas están en situación delicada, con unas previsiones muy vulnerables. Pero el porvenir inmediato no será mejor. Ya para 2017, la ausencia de Gobierno ha obligado a una prórroga en la práctica de las cuentas vigentes, sobre las que el nuevo Ejecutivo que presida Rajoy deberá ajustar otros 5.000 millones de euros adicionales. Deben salir de los ingresos o de los gastos y deben concretarse con un entendimiento político entre varias fuerzas parlamentarias, dado que el Partido Popular, que sustenta al Ejecutivo, no dispone de la mayoría suficiente para hacerlo.
Pero hay más: no puede pasar de los próximos meses una decisión políticamente comprometida sobre las finanzas de la Seguridad Social, que sigue marcando récords de pagos (la fractura mensual supone ya más de 8.600 millones de euros, un 50% más que cuando arrancó la crisis) y en diciembre habrá cerrado las peores cuentas de su historia, con algo más de 18.000 millones de euros de déficit.