Editorial

Un fracaso que España no se puede permitir

Un fracaso que España no se puede permitir

El balance que ha realizado la Comisión Europea sobre los resultados de la llamada garantía juvenil –un programa de fondos europeos destinado a combatir el desempleo y la formación entre los jóvenes– concede un rotundo suspenso a España. Pese a ser el país que más recursos ha recibido de Bruselas –un tercio de los 6.400 millones de euros de que consta el plan– es también uno de los que menos han aprovechado esas ayudas. Las cifras hablan con una claridad desoladora. Tras tres años de aplicación, nueve de cada diez potenciales beneficiarios españoles ni siquiera se han registrado en el programa mientras el 63% de los que han accedido a las ayudas ha vuelto a caer en el desempleo.

La CE cifra la cobertura de la garantía juvenil en solo un 11% de los ninis españoles –jóvenes menores de 30 años que no estudian ni trabajan– frente a un 42% de media europea, según se detalla en el informe de la comisaria europea de Empleo, Marianne Thysen. Además del estrepitoso fracaso en cuanto a publicidad y difusión, dado el abrumador porcentaje de jóvenes que desconocen el programa, Bruselas señala un segundo fallo: el incumplimiento del plazo de cuatro meses en el que debe tramitarse la oferta de estudio o trabajo para cada beneficiario. Y también un tercero, el más grave de todos, que tiene que ver con la nula efectividad del plan, si se atiende al elevado porcentaje de jóvenes que han vuelto al paro y la inactividad educativa.

El balance de Bruselas no analiza las causas del mal resultado español, pero una de las posibles explicaciones tiene que ver con el canal elegido para difundir las ayudas. Mientras en Francia, donde el programa ha tenido un notable éxito, se ha desarrollado a través de los servicios nacionales de empleo, en España se ha hecho mediante las comunidades autónomas, las cámaras de comercio y otras organizaciones. En cualquier caso, el suspenso a España ha llevado a la Comisión Europea a pedir al Gobierno el reintegro de parte de los fondos adelantados debido al retraso español en la obligación de justificar los pagos certificados y de garantizar la existencia de un control riguroso de las ayudas. Para Bruselas, todo ello evidencia el escaso interés o habilidad de España para aplicar las ayudas.

Si tenemos en cuenta que lo anterior se refiere a un país con una escandalosa tasa de desempleo juvenil –del 50%–y con un millón de jóvenes sin trabajo, el balance sobre la garantía juvenil constituye no solo un fracaso, sino una seria muestra de irresponsabilidad. Mientras Bruselas prepara una ampliación del plan de unos 2.000 millones de euros, que es probable que vayan a parar a las manos de mejores gestores, España debería hacer una severa autocrítica de su incapacidad para abordar el drama social y el riesgo económico que supone contar con una generación potencialmente perdida para el empleo y con un incierto futuro

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