Editorial

El valor de la seguridad y la transparencia

Un cliente observa las estanterías de un supermercado.
Un cliente observa las estanterías de un supermercado.

El expediente abierto por el Ministerio de Agricultura contra Dia y Eroski por posibles infracciones de la ley que regula la cadena alimentaria ha vuelto a poner sobre la mesa la espinosa cuestión de las relaciones entre las grandes cadenas de distribución y sus proveedores. La investigación es la respuesta oficial a una denuncia interpuesta por la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), patronal del sector, contra un acuerdo de compras suscrito por ambas, Dia y Eroski, en junio de 2015. El informe de Agricultura, tras realizar las comprobaciones, concluye que existen indicios razonables para abrir un expediente sancionador contra Dia por 88 presuntas infracciones y contra Eroski por 90. Según el texto del expediente, esas posibles irregularidades se centran en la realización de modificaciones contractuales no pactadas, en la exigencia de pagos adicionales sobre el precio del contrato y en la revelación de información comercial sensible de otros operadores incumpliendo así el deber de confidencialidad.

La apertura de un expediente de investigación supone la existencia de unos indicios que el organismo encargado del procedimiento debe examinar y probar. De confirmarse estos, tanto Dia como Eroski se enfrentarían a una multa que, en el caso de infracciones leves como las investigadas en este supuesto, asciende a 3.000 euros, pero que podría extenderse inlcuso hasta un millón si se comprueba que ha existido reincidencia grave. En cualquier caso, el objeto de la investigación del expediente no es el acuerdo para realizar compras conjuntas suscrito por ambas compañías, sino las violaciones concretas de la norma que regula las relaciones en la cadena alimentaria que fueron presuntamente realizadas en el marco de esa asociación.

El riesgo de abuso y posición dominante que existe en las relaciones entre las grandes empresas y sus proveedores es una realidad en todos los mercados. Ello hace necesaria la existencia de un control estricto de los acuerdos y contratos suscritos entre unos y otros, por el desequilibrio de fuerza negociadora que existe entre ambas partes. Precisamente por ello, y más allá del resultado –condenatorio o absolutorio– de la investigación, la denuncia interpuesta por FIAB y la decisión de Agricultura de incoar este expediente puede tener un efecto beneficioso para el conjunto de la industria. Por una parte, porque dará ocasión de analizar una cuestión –las complejas relaciones comerciales en el sector de la distribución– que es objeto de encendido debate en toda Europa y que ha generado división de de opiniones en el seno de la propia Comisión Europea. Y por otra, porque permitirá aclarar, interpretar y delimitar los preceptos de la ley que regula la cadena alimentaria, lo cual debería arrojar más seguridad jurídica y mayor transparencia sobre una industria que precisa de ambas.

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