La factura de los residuos nucleares

Central nuclear de Almaraz (Cáceres).Pablo Monge

En inglés llaman Not in my back yard (“no en mi patio trasero”)aquellas instalaciones que los ciudadanos no quieren tener cerca por muy necesarias que resulten para la comunidad. En ocasiones, los más cercanos y beneficiados por la inversión son los que sí aceptan, pero el rechazo se extiende alrededor. Un ejemplo es el almacén temporal centralizado (ATC) que se proyectó, para acoger los residuos de las nucleares españolas, en Villar de Cañas (Cuenca). Este pueblo, de unos 500 habitantes, ganó el proceso abierto por el Gobierno en 2011, y esperaba beneficiarse de la creación de empleos en el complejo. La Junta de Castilla-La Mancha, presidida entonces por Dolores de Cospedal, lo apoyó. Pero, tras las últimas elecciones regionales, el nuevo Gobierno de Emiliano García Page –investido con el voto de Podemos– puso todas las trabas posibles:desde declarar nulo el Plan de Ordenación Municipal de la localidad hasta ampliar una zona especial de protección para las aves para que incluyera los terrenos del proyectado ATC, asuntos que han llegado a los tribunales. “A mí me da igual si lo aprobó Zapatero. Me importa más mi tierra que mi partido”, dijo el barón del PSOE. Así que el almacén está en el limbo. Las soluciones:por un lado, acumular más residuos en cada central; por otro, enviarlos para su reprocesamiento Francia pagando una factura que no es pequeña: 65.000 euros al día por los de Vandellós I. Este mecanismo no puede mantenerse indefinidamente:además de caro, contraviene la recomendación europea de que cada país se ocupe de sus residuos.

Aunque estuviera en construcción el ATC, y no lo está, llegaría tarde para las necesidades del sector nuclear español. En espera de que en el futuro pudiera desbloquearse, las centrales nucleares recurren a los almacenes temporales individualizados (ATI), pero estos también se encuentran con obstáculos. El ATI de Almaraz tiene la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, (CSN), pero el retraso en permisos e informes como la declaración de impacto ambiental impedirá que comience su construcción en enero y esté listo cuando la piscinas se saturen. La única salida, otra vez, enviar esos residuos a Francia, y abultar la factura que paga la empresa pública Enresa.

Parece imponerse la idea de que la nuclear irá perdiendo peso como fuente de energía. Desde el accidente de Fukushima, en marzo de 2011, países como Alemania han anunciado un abandono paulatino. El Reino Unido, en dirección contraria, proyecta un nuevo reactor de cuya viabilidad existen serias dudas. Pero aún descartando nuevas instalaciones, las existentes seguirán activas un tiempo (y adelantar su cierre sería un despilfarro). Cegarse ante la realidad de los residuos no es una solución razonable. Cuando los técnicos avalan soluciones sin dudas de su seguridad, los obstáculos políticos significan un precio muy alto.