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Financiación

Encefalograma plano en el crédito a autónomos y pymes

Los préstamos nuevos a empresas caen el 1,5% al mes de julio. El 11 de octubre entrará en vigor el Informe Financiero Pyme, que recogerá el riesgo bancario de la compañía.

El oasis en el desierto de la financiación a la economía real se seca. “Nos venden que la tasa de morosidad se reduce, pero esto se debe a que ha disminuido el crédito”, asevera Eduardo Abad, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

A la vista de los datos no le falta razón. Durante el segundo trimestre del año, el crédito concedido para financiar actividades productivas se redujo en 47.459 millones de euros (interanual), una caída del 7,17%, pasando de los 661.534 millones de 2015 a los 614.075 de este ejercicio, según el Banco de España.

Este retroceso se concentró en el sector servicios -el de mayor densidad de autónomos y pymes- para el que el cierre del grifo se tradujo en un 8,99% menos, lo que en términos absolutos representa 43.880 millones de euros (de 487.678 a 443.798).

La tendencia se repite en el caso de los préstamos otorgados a sociedades no financieras (empresas) residentes en España cuya variación, en los siete primeros meses del año, ha sido de más del 4% a la baja (37.680 millones menos), rebajando el volumen a 900.881 millones de euros.

Larga es la situación y no se prevén grandes cambios con la entrada en vigor el próximo 11 de octubre de la circular del Banco de España 6/2016. A partir de dicha fecha, además del preaviso de tres meses, los bancos tendrán que entregar a los autónomos y pymes que vean denegados, reducidos o cancelados sus préstamos el documento Información Financiera Pyme. “No va a afectar en absoluto, ni para bien ni para mal”, afirma el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Este recogerá toda la información relativa a su situación financiera, posiciones e historial crediticio y de pago (incluyendo seguros vinculados). Asimismo incorporará tanto las correspondientes declaraciones a riesgos de Banco de España como una calificación del riesgo del solicitante que, según el grado de incertidumbre para afrontar los pagos, será de baja, media-baja, media-alta o alta, a las que se añade la de no disponible cuando no se haya podido acreditar con información suficiente.

Los afectados por el sello color rojo no serán los únicos que podrán solicitar el informe. Cabe destacar que cualquiera podrá hacerlo, eso sí, previo pago de tarifas de “libre disposición”, explica Carlos Ruíz, director de economía e innovación de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), quien puntualiza que “dadas las ventajas que supone el documento, estarán justificadas”.

El objetivo de este maremágnum documental no es tanto “aumentar el flujo de nuevos concedidos, sino acabar con la banca arbitraria”, destaca Ramón Trías, presidente de AIS Group, consultora especializada en el desarrollo de sistemas de gestión de riesgo de crédito para el sector financiero. Ahora bien, la norma tendrá un impacto positivo en las renovaciones, en las que “se evitarán muchas de las cancelaciones injustificadas y reducirán los tiempos de respuesta en la concesión de créditos”.

Desde Cepyme -cuyos informes muestran también una reducción del -1,2% en el crédito nuevo a pymes entre julio de 2015 y el mismo mes de 2016- la valoración también es óptima “solventa las asimetrías de información entre la banca y la pyme mejorando su relación y facilitando el acceso a la financiación”. Además la disposición del historial financiero será “la tarjeta de visita” de las casi 2,5 millones de pequeñas y medianas empresas censadas en España y se convertirá en “una herramienta de evaluación interna” que permita mejorar la gestión económico financiera de la pyme.

Del lado de la banca, José Luis Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), insiste en que “el sector debe elaborar en formatos homogéneos toda esa información”, y aprovecha para leer la cartilla a las pymes, que en su opinión “deben mejorar e incrementar la información sobre su situación real para facilitar la valoración del riesgo por parte de los bancos y, en consecuencia, la concesión de crédito”.

No obstante, AIS alerta de las “dificultades” a las que tendrá que hacer frente la banca para implementar el modelo de plantilla propuesto por Banco de España, “será el mismo para todas la entidades pero la conversión de la información financiera se deja en manos de las entidades”.

Caprichos que se convierten en encaje de bolillos en el caso de los más de 1,5 millones de autónomos sin trabajadores a su cargo que, entre otros, “carecen de balances, lo que obliga a los bancos a construir una metodología distinta”, expone Trias. Hecho que ha llevado a la consultora a desarrollar un método de construcción de ratios a partir de las declaraciones de IPRF y patrimonio  y Cirbe, que ya está implementándose en fase inicial en varias entidades financieras.

Más comisiones y poca flexibilidad

Además de que la rentabilidad de estas aplicaciones, en palabras de Trías, “no es monetizable” y se limita a evitar posibles sanciones de Banco de España, los autónomos temen que los costes de implantación se repercutan en el crédito. De hecho, el secretario general de UPTA denuncia que ya se estaría produciendo, “la situación de predominancia de las entidades de crédito empieza a ser lasciva. Especialmente en el caso de las renovaciones actúan a la rapiña, imponiendo condiciones leoninas con tasas imposibles”.

A este respecto Ruíz es escéptico “desde Cepyme no deseamos que esto ocurra. Es más, no tiene sentido cargar el coste fijo de la adecuación del sistema sobre el margen de la operación”.

Más contundente se muestra el portavoz de la AEB, para quien la entrada en vigor de la normativa “no tiene por qué” afectar ni a las concesiones ni a las condiciones “una mayor transparencia siempre es positiva para el sector y para sus clientes. Los bancos son los primeros interesados en dar crédito. Es su negocio principal”.

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