Caso tarjetas

Blesa alega que Bankia no obtuvo los datos de las ‘black’ legalmente

La defensa de los usuarios de las tarjetas opacas pide en el juicio la nulidad de la hoja de gastos

San Fernando de Henares
tarjetas black
Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, hoy durante el juicio por las tarjetas 'black'. EFE

Uno a uno, los 65 acusados de gastar 12,5 millones de euros en gastos sin justificar con las tarjetas black de Caja Madrid desde 2003, han ido entrando este lunes, abucheados por un puñado de preferentistas –una de las cuáles ha tenido que ser atendida por un policía, visiblemente abatida tras recibir a gritos al expresidente de la entidad Miguel Blesa-, en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares.

Un polígono industrial a las afueras de Madrid que ha acogido este lunes a un colectivo de personas que en su día fue considerado como lo más granado del mundo financiero, político, empresarial y sindical, hoy caídos en desgracia pública y, en la mayoría de casos, repudiados por quienes les nombraron consejeros o directivos de Caja Madrid y Bankia.

Tras una hora de retraso, que los imputados han aprovechado para saludarse animadamente en la entrada de la sala, ha comenzado pasada las 11 de la mañana uno de los juicios más paradigmáticos de la debacle de las cajas de ahorro españolas.

No por su cuantía, menor en comparación a casos que investigan el desfalco de otras entidades, sino por representar los polos de poder que había tras entidades –que en algunos casos han derivado en millonarios rescates públicos- al incluir entre sus imputados a representantes de los partidos políticos PP, PSOE, IU, la patronal CEOE, los sindicatos CC OO o UGT, y personalidades como Rodrigo Rato, que además de haber presidido Caja Madrid y Bankia fue vicepresidente económico durante el Gobierno de Aznar o presidente del Fondo Monetario Internacional.

  • La causa

El tribunal que juzga el caso, cuya instrucción concluyó el pasado diciembre, está integrado por los magistrados Ángela Murillo, como presidente, Teresa Palacios, como ponente, y Juan Francisco Martel en sustitución de Paloma González Pastor.

La acusación ejercida por el Ministerio Fiscal, que representa Francisco Luzón, reclama penas que llegan a los seis años de cárcel para Blesa o cuatro para Rato más multas y años de inhabilitación para el ejercicio bancario.

Las acusaciones particulares conformadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia y su matriz, BFA, exigen penas ligeramente inferiores. Las acusaciones particulares las componen la Confederación Intersindical de Cajas, que representa legalmente Andrés Herzog, que pide las mayores penas, y la CGT (que al no haber presentado escrito de acusación queda como mero coadyudante de la fiscalía).

  • Los acusados

En una sala abarrotada por los 65 acusados y sus respectivos abogados, en primera fila se han sentado Blesa (que gastó 436.688 euros con su tarjeta black), Rato (99.054 euros), José Antonio Moral Santín (IU, 456.522 euros), Francisco Baquero (CC OO, 266.433 euros), el exsecretario de Estado de Hacienda bajo el último gobierno de Aznar y exconsejero de Caja Madrid Estanislao Rodríguez Ponga (255.372 euros), Antonio Romero (PSOE, 252.000 euros), Ricardo Romero de Tejada (PP, 212.216 euros) o José María de la Riva (PSOE, 208.979 euros).

Delante de todos, en todo caso, y custodiado por dos policías nacionales, se ha sentado el expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán (93.984 euros), trasladado desde la prisión de Soto del Real donde permanece encarcelado.

Se les acusa de apropiación indebida, por los gastos cargados a estas tarjetas, que carecen de justificación ni fórmula contractual, y de administración desleal, en el caso de quienes tuvieron poder para aprobar su creación y uso. Se contempla como atenuante eso sí, el caso de una docena de acusados que han devuelto todo o parte de lo gastado.

  • Nuevas pruebas

En el arranque del juicio, el fiscal ha solicitado la inclusión de una nueva prueba pericial, un informe aportado por el inspector del Banco de España Antonio Busquet que detalla el uso de las tarjetas, así como de los informes de gobierno corporativo de Caja Madrid de 2004 a 2010 y de Bankia, de 2011 a 2012.

La acusación ejercida por Bankia, por su parte, ha solicitado a la sala que tome en consideración dos nuevas pruebas más. De un lado un conjunto de nueve lotes de correos electrónicos aportados el pasado viernes sobre el uso de las tarjetas.

En concreto, la correspondencia electrónica entre los usuarios y los responsables de la entidad detalla la forma en que eran gestionadas estas tarjetas opacas al fisco desde el departamento que dirigía Ildefonso Sánchez Barcoj (que gastó 575.000 euros), número dos de Blesa.

Los correos revelan peticiones de alta de estas tarjetas opacas al fisco, consultas sobre su funcionamiento, peticiones de número PIN para realizar retiradas de efectivo o las cancelaciones de tarjetas una vez se conformó Bankia y tras su cambio de gestión.

Por otra parte, Bankia ha aportado un informe pericial de KPMG que incluye un análisis de las tarjetas realizado por un experto en análisis forenses de contabilidad y otro de remuneraciones.

  • La voz de los acusados

Abierto el turno de presentar cuestiones previas por parte de las defensas de los 65 acusados, el abogado de Blesa ha solicitado la aportación de una nueva prueba: la documentación que prueba que el expresidente de la entidad ha utilizado parte de sus bienes embargados para restituir el gasto que hizo con su tarjeta.

Además, la defensa de Blesa se ha adherido a las peticiones de otros imputados de señalar la falta de legitimidad de FROB, Bankia y BFA para ejercer como acusación particular.

Como otros muchos abogados de los acusados después, el representante del expresidente de Caja Madrid ha solicitado también que se invalide como prueba la hoja Excel con el listado de gastos de los usuarios de las tarjetas black que ha trascendido argumentando que no hay garantía de que el material aportado refleje la realidad ni de que, en cualquier caso, haya sido obtenida de forma legítima, pues su obtención podría atentar contra la protección de datos.

Otros letrados, como el de Gonzalo Martin Pascual (UGT) y de José María Arteta (PSOE), han incidido en este sentido señalando que se han difundido datos “muy íntimos” (las hojas de gasto difundidas muestran en qué hora, concepto y lugar hicieron sus gastos los acusados, incluyendo listados de compra que van desde el pago de lencería, al abono de miles de euros en discotecas, entre otros muchos fines como viajes de lujo).

Este mismo letrado ha defendido, no obstante, que los datos de la hoja de gastos son directamente falsos, y haciendo alusión a la falta de datos concretos sobre los gatos de febrero de 2009, mes del que sí se aportan supuestos gastos totales de cada acusado.

  • La defensa de Rato

Por su parte, el abogado de Rato (quien cargó 99.000 euros) ha solicitado aportar como prueba los distintos contratos de su representado en la entidad, así como la documentación que ha acredita la devolución del dinero gastado.

El abogado de José Antonio Moral Santín (IU), Francisco Baquero (CC OO) y Pedro Bedía (CC OO) ha pedido la comparecencia como testigo de una persona que trabajó en la secretaría general de Caja Madrid y en el departamento de tarjetas.

Por su parte, el abogado de Rodríguez Ponga, en un alegato del que se han hecho eco otras defensas, ha argumentado que el FROB, BFA y Bankia no tienen nada que decir de los gastos realizados desde 2003 a 2010 pues corresponden a Caja Madrid, entidad que quedó extinta tras su fusión con otras seis cajas para conformar Bankia.

En este sentido, otros abogados han añadido que es la Fundación Caja Madrid quien debería personarse como acusación, y no lo ha hecho, en lugar de Caja Madrid, Bankia o el FROB.

El abogado de Pablo Abejas (exconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre, 246.700 euros) ha agregado que “si hubiera algún perjudicado, que no lo hay, sería el heredero de Caja Madrid que es la Fundación” y no Bankia o el FROB.

“La contaminación que esté teniendo esta causa es feroz, la transcendencia que se da a las tarjetas es porque se vincula a otra causa que no tiene nada que ver, la salida Bolsa de Bankia de la que sale esta causa”, ha criticado la defensa de Abejas, aseverando que la de las tarjetas “es una pieza tan separada que no hay ninguna conexión ni trasvase, esta Sala no es competente para abordar esto” ha dicho, aseverando que no corresponde a esta sala juzgar el caso.

  • Otras cuestiones previas

Otros acusados han aseverado a través de sus abogados que los gastos que les imputan son faltos, negando haber estado en determinados restaurantes que aparecen en su hoja de gastos, o exponiendo que hay gastos diferentes cargados a la misma hora que son inconsistentes.

Durante esta primera sesión de cuestiones previas, que se ha alargado a la tarde y que está previsto que continúe mañana, las defensas de los acusados han incidido en estas cuestiones y han planteado algunas nuevas.

La defensa de Barcoj, por ejemplo, ha criticado con dureza la tardanza de Bankia en aportar los nuevos lotes de mails –que recogen mandatos del exdirector financiero de la entidad ordenando elevar la cuantía de gasto permitida para algunos usuarios, por ejemplo- y ha solicitado que se deniegue su consideración de prueba.

“Bankia es una ocupante, valórese si con “c” o “k”, que aporta documentación que no es de su titularidad. Se trata de una documentación ilegítimamente obtenida”, ha proseguido, reclamando que sea expulsada del procedimiento.

En resumen, las peticiones más reiteradas por las defensas de los usuarios de las tarjetas black han sido la petición de nulidad del Excel que muestra los gastos realizados como prueba por su extracción sin garantías; la vulneración del derecho protección privacidad que supone; la recusación Bankia-BFA, o el FROB al considerar que no han sido afectados por los presuntos delitos; la no aceptación de los mails aportados el viernes por Bankia porque vulneran derecho a la defensa; la argumentación de que los delitos juzgados ya han prescrito; o el requerimiento de que se considere como atenuante la devolución de los gastos.

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