Una factura que puede salir muy cara
A punto de cumplirse un año con un Gobierno en funciones, el motor de la economía española no se ha ralentizado todavía por el efecto de la parálisis política, pero algunos indicadores comienzan a advertir de signos de fatiga en el horizonte. Pese a que el segundo trimestre del año se ha cerrado con un crecimiento del 0,8% y que el ejercicio probablemente culminará con un incremento por encima del 3% –lo que supondría el tercer año consecutivo con mejoras de actividad– la confianza de las empresas empieza a flaquear. Así se refleja en el indicador de sentimiento económico en España que elabora la Comisión Europea, que se ha situado en su nivel más bajo desde noviembre de 2014 y que arroja descensos en todos los sectores de actividad. La única excepción ha sido la confianza del consumidor, que ha crecido ligeramente.
El retroceso del optimismo empresarial, que hasta ahora había ido aumentando alimentado por la recuperación de la economía, no es la única señal de tormenta en el horizonte. Otros indicadores, como el índice de producción industrial, que ostenta la peor cifra desde enero de 2015, también muestran signos de debilidad. A ello hay que sumar un empeoramiento de la cartera de pedidos industriales durante el verano y la confirmación, en un informe del propio Ministerio de Economía, de que la actividad en la industria “arroja signos de ralentización”. Es cierto que hay potentes motores que siguen acelerando, como el turismo, que camina con seguridad hacia un nuevo récord histórico en este ejercicio. Como también lo es que el mercado laboral no muestra –todavía– síntomas de agotamiento que resulten preocupantes. Pero desde el propio Gobierno se advierte de lo que resulta casi una obviedad: la parálisis política y la imposibilidad de legislar en materia económica están comenzando a filtrarse en los engranajes de la actividad y pueden poner en serio peligro el cumplimiento de los compromisos de España con Bruselas.
Si los grupos políticos son incapaces de formar a tiempo un Gobierno capaz de elaborar unas nuevas cuentas públicas para 2017 será necesario prorrogar los Presupuestos Generales de este año, lo que impedirá a la economía española cumplir con su objetivo de déficit del próximo ejercicio, que es del 3,1% del PIB. Ese nuevo incumplimiento –tras la rebaja de los objetivos iniciales que la Comisión Europea ha concedido a España– acarrearía una sanción millonaria por parte de Bruselas que resultaría muy difícil de eludir y, lo que es más grave, un aumento considerable de los costes de financiación de nuestra economía. Se trata, en conjunto, de una factura lo suficientemente abultada como para pedir una vez más a las fuerzas parlamentarias un ejercicio de pragmatismo, diálogo y, sobre todo, de responsabilidad.