Asegurar las pensiones a largo plazo
Las expectativas de un retiro, ya no dorado, sino simplemente suficiente para mantener el nivel de vida previo a la jubilación exigen un mayor ahorro por parte de los ciudadanos. La conclusión, que forma parte de un informe de la consultora Deloitte y la aseguradora Aviva realizado en toda la Unión Europea, apunta a que existe una brecha entre las pensiones que reciben los europeos y la cantidad de dinero que precisarán para mantener el nivel de vida que tenían antes de jubilarse. En el caso de España, los 25 millones de trabajadores que se retirarán entre 2017 y 2057 necesitarán ahorrar en conjunto 191.500 millones de euros al año para complementar su futura pensión, lo que supone una media de 7.700 euros al año. La cifra ha aumentado un 12% en los últimos seis años y convierte a España en uno de los países en donde más ha crecido el desajuste entre lo que existe y lo que debería existir.
Pese a ello, los españoles cumplen de momento con las recomendaciones de la OCDE en este terreno. El organismo internacional aconseja que las pensiones públicas equivalgan a un 70% del último salario, un porcentaje que en España alcanza el 80%.
Sin embargo, existen una serie de factores que hacen prever un fuerte deterioro del sistema de prestaciones en muy pocas décadas. A la baja tasa de natalidad de España, se une una elevada esperanza de vida, lo que conforma una pirámide demográfica compuesta por mucha más población con edades superiores a los 65 años que por debajo. A esta situación hay que unir el devastador impacto que ha tenido la crisis económica sobre los salarios y el aumento creciente del número de jubilados. El resultado es que menos trabajadores con salarios más bajos deben pagar las pensiones de un número creciente de personas retiradas y con prestaciones mayores.
Este cóctel de circunstancias adversas ha propiciado un importante déficit en la caja de las pensiones públicas que es urgente resolver. Las últimas reformas llevadas a cabo para hacer frente al problema limitaron la revalorización de las prestaciones públicas al 0,25% anual y elevaron la edad de jubilación hasta los 67 años. Con ambas medidas se ha frenado el deterioro a medio plazo, pero no se ha solucionado un futuro que no se presenta halagüeño. Para hacerlo es necesario articular un mecanismo de reforma continua del sistema público de pensiones que adapte los recursos disponibles a las prestaciones que es necesario abonar o, por el contrario, que ajuste los pagos a los recursos existentes. Por otro, hace falta estimular una cultura de ahorro privado que permita completar las prestaciones. Y a ello hay que sumar medidas para afrontar el rápido envejecimiento de la población española y facilitar una renovación demográfica vital para el futuro.