Editorial

Un serio riesgo para el crecimiento

El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la cumbre del G20.
El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la cumbre del G20.

El anuncio por parte del Gobierno de que no queda margen suficiente para aprobar nuevos presupuestos y que habrá, por tanto, que prorrogar los actuales constituye una muy mala noticia capaz de desatar una cascada de efectos perniciosos. El bloqueo político que ha llevado a esta situación y que ha sumido a España en un statu quo gubernativo, pero también económico, extiende sus efectos a muchos sectores productivos, así como a la salud financiera de las administraciones. Es el caso de las comunidades autónomas, que dada la ausencia de un Gobierno que pueda ratificar en el Parlamento el acuerdo que alcanzaron con Hacienda el pasado abril para flexibilizar su objetivo de déficit público hasta el 0,7%, deberán ajustarse al previsto antes de ese pacto: un 0,3%.

La respuesta de las comunidades autónomas puede traducirse en dos soluciones: una, aprobar nuevos recortes de gasto y la otra –la más probable– optar por obtener liquidez a costa de sus proveedores. Los últimos datos disponibles, de mayo, cifran en unos 9.500 millones de euros la deuda de las regiones con las empresas, el 70% de los cuales se deben a proveedores sanitarios. Pese a los más de 200.000 millones de euros que en los últimos cinco años se han gastado en rescatar financieramente a las comunidades autónomas, la mitad de los cuales fueron destinados a saldar la deuda comercial, esta ha vuelto a crecer en los últimos doce meses. Y volverá a hacerlo si los Ejecutivos regionales cargan el ajuste del déficit sobre los hombros de las empresas con las que contratan. Una vieja tara, la de la morosidad del sector público, que ha provocado el naufragio de miles de empresarios por falta de liquidez.

También la gran empresa sufrirá los embates de la falta de presupuestos. El sector de la construcción afronta 2017 como su peor año y da ya por perdidas las demandas realizadas por sus patronales durante la campaña electoral, como es el caso del pacto de Estado para la racionalización de las infraestructuras. También crecen las dudas sobre la suerte de decenas de proyectos paralizados o reprogramados que tienen que ver con el AVE y la nueva red de autovías.

Como recordaba ayer Moody’s, la factura que está provocando la paralización política española aumenta a día a día y eleva el riesgo –un riesgo real– de debilitamiento del crecimiento. Si las fuerzas parlamentarias no logran pactar una mayoría suficiente para constituir Gobierno antes del 1 de noviembre y el país se ve abocado a unas terceras elecciones, esa factura sería aún más abultada y las consecuencias sobre el proceso de recuperación, un peligro que resulta muy arriegado minusvalorar. Todo ello hace obligado volver a exigir un serio ejercicio de responsabilidad y diálogo por parte de las fuerzas políticas. El precio de desoír esa llamada, en boca ya de la mayor parte de la propia ciudadanía, lo pagaremos todos.

 

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