Los nuevos modelos del turismo
La dura batalla entre plataformas que alquilan pisos a turistas, Administraciones y empresas hoteleras tiene episodios importantes por delante en los que se va a escribir el futuro del sector en España. Barcelona, de la mano de su alcaldesa, Ada Colau, ha sido el primer municipio que ha impuesto multas por alquileres irregulares, ha creado un nuevo cuerpo de “ojeadores” para detectar pisos ilegales y ha ordenado cerrar viviendas de uso turístico. Con mayor o menor fortuna, la capital catalana afronta una explosión turística que a sus autoridades les está resultando difícil gestionar, y sería un fracaso que no supieran aprovechar esa riqueza por miedo a morir de éxito. Alcanzar el punto medio entre el bienestar de los vecinos, muy activos con razón en sus exigencias, y el fructífero negocio y el empleo añadido que llegan de la mano del turismo es el acierto al que deben optar las autoridades. Y en este caso es más importante, porque Barcelona se empieza a ver como mascarón de proa de unas políticas turísticas que se están rediseñando en todas las autonomías. Andalucía o Madrid, por ejemplo, ya han endurecido sus legislaciones sobre alquiler de pisos turísticos y Baleares ha optado por admitirlo solo en casas aisladas o pareadas.
Booking, HomeAway y Airbnb, los principales protagonistas de este importante fenómeno que tiene su origen en la economía colaborativa, están aplicando diferentes estrategias. Booking ya ha retirado de su oferta las casas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía que no están registradas, pero lo ha hecho porque sus anuncios se concentran en un catálogo fijo, en el que las viviendas están en manos de inversores en su gran mayoría. Airbnb y Homeaway, con 170.000 y 120.000 anuncios en la actualidad, no están dispuestas a retocar su oferta. Consideran que los informes de la Comisión Europea y de la CNMC les exoneran de tener que fiscalizar todos sus anuncios, se ven como simples intermediarios y pasan aquella responsabilidad a las autonomías. Ambos portales inciden, con acierto, en lo prioritario de distinguir en las distintas normativas entre la oferta de particulares y la de profesionales. Obviamente, no es lo mismo un particular que alquila su domicilio de forma puntual cuando no lo ocupa que un profesional que alquila inmuebles que no son su vivienda habitual.
Mientras, la patronal hotelera Cehat asegura que no está en contra del modelo de negocio digital, siempre que juegue con las mismas reglas que el resto del sector. En su opinión, si esas empresas pagan tributos y asumen los mismos costes que los hoteleros, dejarán de tener ventaja competitiva en precio. El fenómeno es imparable y la Administración española central, autonómica y local, así como las empresas, están obligadas a diseñar un marco que, sin caer en trampas proteccionistas, no perjudique al sector y sepa aprovechar las enormes posibilidades que ofrece.
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