Retos de la normativa de reciclado de RAEE
Uno de los mayores problemas es la ‘fuga’ de estos residuos por canales no autorizados
Aunque fue en 2015 cuando se traspuso al ordenamiento jurídico español la última directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), sus disposiciones no han comenzado a hacerse efectivas hasta ahora. La nueva normativa, que regula la responsabilidad ampliada de los fabricantes e importadores sobre el fin de vida de los aparatos que ponen en el mercado, asumiendo los costes de una gestión adecuada de los mismos, se ha plasmado en el Real Decreto 110/2015 y este es más ambicioso si cabe que la directiva a la que hace referencia. Dicho Real Decreto atañe también a los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor, como ERP, que son los organismos encargados de gestionar, en nombre de sus asociados (fabricantes, distribuidores, etc.), sus obligaciones legales en materia de residuos.
Una de las novedades más destacadas del mismo son unos objetivos de recogida más exigentes aún que los establecidos por la UE. En 2016, Europa ha estipulado que cada país debe reciclar el 45% del volumen medio de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado en los últimos tres años –o lo que es lo mismo, los aparatos vendidos en todo el país–, pero el Real Decreto español establece que se ha de conseguir ese 45% en cada una de las 10 categorías de aparatos eléctricos o electrónicos, en cada uso (doméstico y profesional) y en cada una de las 19 comunidades y ciudades autónomas. Esto se traduce en 380 objetivos diferenciados muy difíciles de cumplir en su totalidad.
La mejor manera de afrontar el gran esfuerzo que va a suponer es aprovechar el cambio de marco normativo para hacer que el sector evolucione hacia una mejor implicación de todos los actores relacionados con la gestión de los RAEE, que redunde, a su vez, en un claro y necesario beneficio para la sociedad y el medio ambiente.
En este sentido, uno de los mayores problemas a los que el sector está teniendo que enfrentarse es la fuga de estos residuos por canales no autorizados. Por ello, consideramos clave otro de los aspectos que el Real Decreto incorpora: exigir una trazabilidad en la gestión del residuo para lograr un control más exhaustivo y que va a involucrar a todos los agentes implicados.
"La norma española incopora unos objetivos de recogida más exigentes que los de la UE"
Hay que destacar también que la anterior normativa tenía lagunas que provocaban situaciones anómalas, como las distorsiones generadas entre los sistemas que recogían un volumen de residuos por encima de la cuota que les correspondía, y los que recogían por debajo de esa cuota.
ERP, desde su génesis, es favorable a la competencia entre los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor. Pero la presencia de varios organismos de este tipo en el sector de los RAEE hace necesaria una regulación racional. Concretamente, en España, la ausencia de un mecanismo de reparto proporcional de las obligaciones ha acabado beneficiando a los sistemas que menos han recogido, encareciendo la labor de los que sí lo han hecho en perjuicio de sus productores asociados, que han acabado financiando la gestión de RAEE por encima de su obligación real. Pero más allá de eso, esta situación ha sido un lastre para el sector del reciclaje de estos aparatos en su conjunto, que explica en parte nuestro retraso respecto a otros países, a pesar de lo importante que es desde el punto de vista ambiental. El nuevo Real Decreto también pretende solucionar este problema, para lo cual ha creado una cámara que asignará a cada organismo sus obligaciones de recogida de manera equitativa.
Por lo demás, el Real Decreto incluye también aspectos muy positivos de los que el ciudadano ya se está beneficiando: se ha desarrollado una red de recogida de pequeños aparatos electrodomésticos (PAE) que le facilitará deshacerse de estos residuos de una forma aún más sencilla. La nueva ley, por tanto, dota de un creciente protagonismo a los distribuidores, lo que convierte en más necesarios aún los acuerdos entre los Sistemas y la distribución para establecer un marco técnico-económico bien definido que aumente la capilaridad de la red de recogida.
En esta era en la que cobra más importancia el concepto de economía circular y de residuo cero, el impulso del reciclado y la reutilización de residuos es imprescindible en el plano político, social y empresarial. Por ello, la nueva normativa plantea para el sector unos retos ambiciosos que, de solventarse con éxito, permitirá que todos los actores implicados en el proceso salgan beneficiados, lo que repercutirá en el bienestar de la sociedad en general.
Matias Rodrigues es director general de ERP España.