Editorial

La ecuación fiscal que hay que resolver

El ministro en funciones de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ayer en campaña en Logroño.
El ministro en funciones de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ayer en campaña en Logroño.

Inmersos en la recta final de la campaña electoral, la hoja de ruta con que las principales fuerzas políticas aspiran a convencer al electorado el 26J no ofrece margen para la sorpresa. Entre los epígrafes en que la horquilla de propuestas resulta más dispar está la política fiscal, un terreno especialmente sensible en este momento para España, que está obligada a resolver una difícil ecuación: consolidar la recuperación y corregir el incumplimiento de los objetivos de déficit marcados por Bruselas. Esa tensión entre el estímulo a la actividad y la obligación de cuadrar los números –lo que incluye un ajuste de 8.000 millones de euros entre 2016 y 2017– marcará de forma determinante el tono de la nueva legislatura. Como también ha incidido en la propia campaña, al obligar a algunos partidos a reconsiderar su programa en materia de impuestos.

No ha sido el caso del Partido Popular, que mantiene su promesa de rebajar el IRPF –el tipo mínimo del 19% hasta el 17% y el máximo del 45% al 43%– fiando a la buena marcha de la actividad económica el aumento de ingresos públicos necesarios para cumplir los objetivos de consolidación fiscal. Pero, con las cifras sobre la mesa, la promesa no parece fácil de cumplir, al menos en la primera parte de la legislatura. España cerró el pasado ejercicio con un déficit del 5,1% del PIB, lo que supone 10.000 millones de euros por encima del objetivo; a ello hay que sumar la posible sanción de hasta 2.100 millones que podría imponer la Comisión Europea y la necesidad de reunir los 8.000 millones de ajuste que demanda Bruselas. Es acertado considerar que consolidar el crecimiento y alimentar el consumo no hace aconsejable elevar de forma general y acusada la presión tributaria, pero no parece prudente aprobar de inmediato una reducción del IRPF que pueda poner en peligro los compromisos de España.

La propuesta de Unidos Podemos, que suma una subida del IRPF para sueldos superiores a 60.000 euros anuales –un corte que difícilmente puede calificarse de rentas altas– y un aumento del gasto público de unos 15.000 millones de euros al año apenas resulta sostenible en el papel, y tendría efectos desastrosos sobre el consumo y el crecimiento. En el caso del PSOE, se apuesta por gravar las rentas de capital y mantener el IRPF tal como está a las rentas bajas y medias, pero se mantiene el planteamiento de elevar el gasto público. Más factible y realista, la fórmula que defiende Ciudadanos consiste en mantener el IRPF tal como está durante el primer año de legislatura y reducirlo después. Sea cual sea el esquema –y no existe una única combinación feliz, más allá de lo claramente insostenible– hay una tarea que es imprescindible abordar: simplificar la maraña regulatoria que el sistema tributario tiene pendiente. Con ello no solo se optimizarán la gestión y la recaudación de los impuestos, sino que se beneficiará la actividad y el consumo.