Debate económico en Cinco Días

El PP se queda solo en la defensa de rebajas fiscales

Los partidos estan de acuerdo en el diagnóstico de la situación, pero no en las medida a aplicar

El Partido Popular defiende aplicar ya una reducción del IRPF y C's propone retrasarla a 2018

A escasas horas de que comience la segunda campaña electoral en menos de seis meses, los partidos afinan sus estrategias. El debate celebrado este martes en CincoDías puso de manifiesto que PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos solo están de acuerdo en el diagnóstico de la situación, pero no en cómo revertirla. Reducir el déficit y el paro son las prioridades, pero cada uno tiene recetas bien distintas para conseguirlo.

En representación del Partido Popular participó la portavoz de Economía en el Senado, Arenales Serrano; los socialistas estuvieron representados por el secretario de Economía, Manuel de la Rocha; por parte de Unidos Podemos, Iván Ayala, miembro de la Secretaría de Economía de la formación morada; y, por último, por Ciudadanos debatió Francisco de la Torre, número dos de la candidatura del partido por Madrid.

  • IRPF y lucha contra el fraude

Y la que quiere poner en marcha el PP, en el que caso de que renueve mandato, pasa por seguir con las bajadas de impuestos. Todo lo contrario que el resto del arco parlamentario, que aboga por elevar la fiscalidad a las rentas altas y elevar la lucha contra el fraude fiscal. Todos ellos evitan hablar de subidas de impuestos y se refieren a ello con “que pague el que no lo hace ahora”. Iván Ayala, miembro de la secretaría de Economía de Podemos, argumentó que el coste de la rebaja fiscal (8.000 millones) ha provocado que España no haya cumplido el objetivo de déficit de 2015: “El PP cuesta dinero a los españoles”, remarcó.

Todo lo contrario que lo apuntado por Arenales Serrano, portavoz de Economía del PP en el Senado, quién rebatió que esos 8.000 millones no se habían gastado, sino que habían vuelto a los bolsillos de los ciudadanos, lo que había servido a impulsar el empleo y el PIB a tasas de crecimiento del 3%.

Un choque similar al que tuvo con Francisco de la Torre, número dos de Ciudadanos por Madrid, que criticó con dureza la última amnistía fiscal del PP. “La tasa efectiva que se pagó fue del 3% y no del 10% y eso transmitió un mensaje equivocado a los defraudadores”, recalcó De La Torre, que exigió al futuro Ejecutivo que reclame los 2.800 millones de euros que han dejado de ingresar por la rebaja de tipos y que se incrementen los efectivos de la Agencia Tributaria, que ha perdido 3.000 trabajadores en la última legislatura. “Por cada euro que se invierte en la lucha contra el fraude fiscal se recuperan otros nueve”, remarcó De la Torre. La portavoz del PP recalcó que no fue una amnistía, tal y como sucedió en las planteadas por los exministros Miguel Boyer y Carlos Solchaga, y que los defraudadores han pagado parte del dinero no declarado. Sobre IRPF, el PP insiste en bajar el tipo mínimo al 17% y el máximo al 43%.

  • Los impuestos a las empresas

En materia impositiva los principales cambios se plantean en el impuesto que grava los beneficios empresariales. “Hay que ampliar las bases imponibles, eliminar deducciones y exenciones y fijar un tipo mínimo del 15% para que las grandes empresas paguen”, remarcó de la Rocha, cuyas reivindicaciones fueron secundadas por De la Torre. “Hay que arreglarlo ante los resultados desastrosos que se han obtenido. En el último pago fraccionado de abril se han recaudado 1.682 millones menos. El tipo efectivo que se está aplicando es del 8% y eso requiere una reflexión sobre qué se va a hacer con los impuestos”.

 El programa electoral de Podemos va más allá del impuesto de Sociedades, tal y como explicó Ayala. En el IRPF se aplicaría una subida a las rentas más altas y en Sociedades se elevarían los tipos para las grandes empresas, con tipos efectivos que van del 3% al 5%. “¿Sería mucho pedir que paguen como si fueran pymes?, en alusión al tipo del 25% que pagan las pequeñas y medianas. También apuntó que habría que hacer modificaciones en el IVA, de tal modo que un número más elevado de bienes de primera necesidad se vieran gravados con tipos reducidos y crear una figura tributaria para la imposición a los artículos de lujo.

  • Donaciones y sucesiones

El PSOE aboga modificar los tributos que pagan las donaciones, las sucesiones y el patrimonio. “Tiene que haber un mínimo en Patrimonio y Donaciones (para evitar la competencia fiscal) y un mínimo exento en Patrimonio”, recalcó De la Rocha, mientras que Podemos centró el foco de su política impositiva en la banca, a quién se cargaría dos nuevos impuestos. “Habría un impuesto de solidaridad para devolver el coste del rescate y otro que gravara las transacciones financieras”, apuntó Ayala. Los socialistas también llevan el tributo a las transacciones financieras, aunque no especifican tipos, exenciones o reducciones, ya que todas ellas se establecerán en consenso con las autoridades comunitarias.

De la Torre centró los ejes de su política impositiva en otros dos frentes: la declaración de bienes en el exterior, que ha aflorado 141.000 millones de euros desde que entró en vigor, y la generalización de los pagos con tarjeta de crédito. “Queremos modificar la declaración para que se incluyan algunos bienes que se quedan fuera del control de Hacienda, como oro, obras de arte o yates”, remarcó el portavoz de Ciudadanos, que fue presidente de los Inspectores de Hacienda. “También queremos fomentar los pagos con tarjetas de crédito y para ello hay que bajar los umbrales para que se puede pagar hasta 10 euros reduciendo las comisiones”. Todo ese paquete de medidas, unido a las modificaciones antes citadas en el Impuesto de Sociedades, llevarían a salir del procedimiento de déficit excesivo (dejar el déficit público por debajo del 3%) en 2018. Solo en esas condiciones, apuntó De la Torre, se podría llevar a cabo una rebaja del IRPF, cuyo tipo mínimo quedaría en el 18,40% y el máximo en el 43,5%.

La portavoz del PP, Arenales Serranos, abogó por equiparar tipo real y efectivo que se abona en Sociedades y eliminar sucesiones y donaciones: “ya se paga a través de IPRF, y sería una doble imposición”, subrayó.

  • La España del futuro

 A la pregunta con la que arrancó el debate: ¿Qué quieren que sea España de mayor?, los representantes políticos debían esbozar el cambio de modelo productivo que llevarán a cabo sus formaciones si consiguen tener responsabilidades de Gobierno tras el 26J. Todos coincidieron en que la transición ha de hacerse hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y el desarrollo y en esa senda también estuvieron de acuerdo en que la educación debería tener especial protagonismo. Además de esa necesidad de reformar, por enésima vez, el sistema educativo con garantías de continuidad, los cuatro representantes políticos plantearon la urgencia de atajar el elevado desempleo y de sanear las maltrechas cuentas públicas.

  • Empleo y pensiones

Si hubo un tema que centró las discusiones y provocó en ocasiones los enfrentamientos más tensos del debate fue el del empleo y las pensiones. Más allá de si es mucho o poco, de alta o baja calidad el trabajo que se está generando, en lo que sí hubo consenso es en que sin carreras laborales dignas, no se pueden pagar pensiones dignas, tal y como alertó el representante de Ciudadanos. Francisco de la Torre abogó por “reducir la brecha que existe entre los contratos fijos y los temporales”. Por ello, la formación naranja plantea pasar de los 44 tipos de contratos actuales a uno único estable y con indemnización creciente. También, defendió un sistema de bonus-malus de forma que las empresas con escasa rotación de empleo se vean premiadas con una rebaja de cuotas y aquellas donde sí se produzcan numerosas bajas y altas no justificadas, sean penalizadas. Arenales Serrano elogió los resultados que está cosechando la política de incentivos y bonificaciones puesta en práctica por el Partido Popular, como las tarifas planas para los nuevos autónomos o el Plan Prepara que atiende a parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones.

Sin embargo, Podemos cuestionó la eficacia de este sistema y aportó para ello algunos datos. Iván Ayala aseguró que el 95% de los empresarios admite que no contrata no porque le resulte muy caro hacerlo, sino porque su negocio no tiene la demanda suficiente como para incrementar la plantilla. Por ello, en opinión de este partido la mejor política a favor del empleo será poner fin a la austeridad y crear las condiciones para que aumente el consumo de las familias.

Anunció la derogación de las dos últimas reformas laborales y su intención de elevar el salario mínimo interprofesional desde los poco más de 600 euros actuales a 950 al final de la legislatura. El representante de la coalición morada dijo, sin tapujos, que su programa es partidario de dejar a un lado los servicios y el sol y playa y convertir en palanca de crecimiento el Plan General de Transición Energética que incluyen en su propuesta de Gobierno. “Un completo programa que podría llegar a generar 400.000 empleos, muchos de ellos para trabajadores que fueron expulsados del mercado laboral cuando estalló la burbuja inmobiliaria”, aseguró. En materia de pensiones, pocas propuestas concretas porque Ciudadanos, PSOE y Podemos prefieren que se recupere el espíritu del Pacto de Toledo y se consensúe allí la próxima reforma que debería hacer sostenible el sistema a largo plazo. El PSOE plantea que, como en Francia, las pensiones se paguen con un recargo sobre las rentas o la riqueza más elevada.

  • Control del déficit público

Ante las propuestas de muchos partidos de elevar el gasto en sanidad y educación, la pregunta era obvia: ¿Cómo afectaría a la senda de reducción del déficit? El PP puso en valor el esfuerzo realizado en toda la legislatura, a pesar de los reiterados incumplimientos de los objetivos marcados por Bruselas. El resto de formaciones se mostró a favor de renegociar con la Comisión sendas diferentes, de forma que se retrase a 2018 la reducción de los números rojos, y todos reprocharon tanto el incumplimiento del déficit como el elevado nivel de deuda pública.

Iván Ayala fue más lejos aún y explicó la conveniencia de que no sea hasta el final de la legislatura cuando se sitúe el desequilibrio por debajo del 3% del PIB. “El déficit solo se puede atajar reduciendo los gastos o incrementando ingresos”, advirtió. En esta línea, argumentó que mientras en materia de gasto España todavía se sitúa ligeramente por debajo de la UE, en los ingresos es donde se aprecia una diferencia mayor, de hasta ocho puntos inferior. “Debemos ingresar más y gastar mejor, esa es la clave de nuestra propuesta”, resumió Ayala. Estos diferentes criterios sobre cuál es la fórmula para acabar con los números rojos de las arcas públicas son los que explican las dispares soluciones que plantearon en el terreno fiscal.

  • Banca pública

Estos dos planteamientos dieron paso a una de las diferencias más abismales que pueden encontrarse en la comparativa de los programas electorales. ¿Es necesaria una banca pública o mantener la que hay? Mientras la representante del PP rechazó cualquier medida que recuerde al anterior sistema de cajas de ahorros en manos de los políticos, Unidos Podemos y el PSOE mantienen propuestas que, en distinto grado, sí prevén dotar de mayor protagonismo al sector público en la financiación de grandes proyectos de inversión.

El representante de la coalición morada, Iván Ayala, recordó que “no por llevar el apellido público todo tiene que ser necesariamente malo”. De hecho, apuntó que existe banca pública en Alemania, Francia, Italia o Suecia. Abogó por mantener Bankia como entidad de titularidad estatal y avanzó que si llegan a gobernar harán que “los bancos financien parte de la transformación del modelo productivo que quieren conseguir para la economía española”.

Manuel de la Rocha fue más concreto y anunció que el PSOE defiende la reforma del Instituto de Crédito Oficial para convertirlo en un verdadero banco público de inversión. “Los recursos públicos deben financiar a las empresas innovadoras, a las start up, tal y como ocurre en los países más avanzados, no se trata de hacer una banca minorista y sí de copiar lo que funciona en Israel o Alemania y de impulsar los avales y garantías”, dijo el dirigente socialista, quien confirmó que si gobiernan, seguirán adelante con “la privatización de Bankia, aunque no a cualquier precio”.

Arenales Serrano: “Los ciudadanos quieren derechos, no caridad”

El debate celebrado ayer en CincoDías tenía como objetivo conocer de primera mano las principales propuestas que llevan los partidos en sus programas en materia económica, en definitiva, saber cómo piensan resolver los problemas que preocupan de verdad a los ciudadanos (impuestos, pensiones, empleo, entre otros).

Sin embargo, fue inevitable que durante la amigable charla surgieran reproches y acusaciones, en especial entre PP y PSOE, sobre quién ha sabido gestionar mejor a lo largo de la historia las distintas crisis económicas. Así, los socialistas reprocharon al PP haber mentido a sus electores anunciando rebajas de impuestos que luego no se produjeron hasta 2015 y los casos de corrupción y la representante de los populares se defendió recordando las facturas ocultas en los cajones y el déficit no declarado al término de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. “Aunque tengamos mucha mierda, sigo militando en el mejor partido que existe para ofrecer soluciones a los españoles. Los ciudadanos quieren derechos [a tener un empleo, por ejemplo] no caridad”, aseguró Arenales Serrano. Además, atacada por el resto de representantes políticos por la amnistía fiscal que aplicó el departamento que dirige Cristóbal Montoro, Serrano replicó: “para amnistías fiscales, las de Solchaga y Boyer. Lo de ellos eran amnistías porque se pagaba cero, nosotros hicimos una regularización en la que se pagaba el 10%”. Y sobre las recetas propuestas por las fuerzas de izquierda replicó, “con los mimbres de Podemos, salen cestos venezolanos”.

Manuel de la Rocha: “Reorientaremos las bonificaciones al empleo”

El PP se queda solo en la defensa de rebajas fiscales

El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha Vázquez, dio solo unos datos para ilustrar por qué en opinión de su partido la situación del mercado laboral no puede continuar de la misma manera. De la Rocha recordó cómo el 90% del empleo que se genera es temporal, cómo hay más de dos millones de desempleados que ya no cobran ningún subsidio ni ayuda pública, y resaltó que los salarios acumulan una depreciación del 4%, que se eleva al 10% en el caso de los más jóvenes.

Para revertir esta coyuntura, el PSOE plantea derogar los aspectos clave de la reforma laboral del PP. De hecho, quiere reforzar la negociación colectiva y atajar la precariedad laboral simplificando el marco contractual actual. No obstante, rechazó el contrato único propuesto por Ciudadanos y abogó por reducir el actual catálogo a solo tres modalidades: fijo, temporal y de formación. Eso sí, avanzó que procurarán que estas tipologías de contratos se apliquen de forma correcta para evitar el abuso que siempre ha existido en la utilización del contrato temporal. Entre las medidas concretas citó el incremento del salario mínimo del 4% este año, con el objetivo de situarlo al nivel del salario medio al final de la legislatura. Rechazó la política de bonificaciones indiscriminadas a la contratación puesta en marcha por el PP y abogó por otras ayudas diferentes. Es más, anunció la creación de una gran agencia de empleo capaz de crear perfiles individualizados y de poner coto al desempleo de muy larga duración que ya afecta a 1,1 millones de trabajadores.

Iván Ayala: "Un plan nacional de transición energética"

El portavoz de Podemos, Iván Ayala, apuntó que dos de los objetivos que persigue el programa con el que Podemos concurre al 26J son “acabar con la austeridad fiscal y crear empleo, pero digno”. Y una las medidas que vertebra ambas iniciativas es el Plan Nacional de Transición Energética, un ambicioso programa para acabar con la dependencia energética de España, que importa el 70% de los recursos que consume.

Pero el principal impacto que tendría ese plan, tal y como desveló Ayala, sería el empleo. “Se podría crear hasta 400.000 puestos de trabajo impulsando dos ejes:la eficiencia energética y la generación de energías verdes”. El portavoz de Podemos subrayó que este plan serviría para dar una salida a los parados de larga duración (que llevan al menos dos años sin encontrar trabajo) que ascienden a 2,7 millones de personas, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. “La crisis nos dejó una gran bolsa de personas de la construcción en desempleo. Hay que recualificarlas, recolocarlas y transformarlas”, precisó Ayala. En su opinión, la legislación que proteja a esos ocupados debe ser más garantista por lo que consideró crucial la derogación de las dos reformas laborales aprobadas tanto por PP como PSOE y elevar el salario mínimo interprofesional para sacar a muchos ocupados del umbral de la pobreza. “Quedaría establecido en 950 euros al final de la próxima legislatura”, remarcó. Un proceso de apreciación salarial que no se debería ceñir, en su opinión, a las rentas más bajas sino al conjunto de las remuneraciones.

Francisco de la Torre: "Una banca pública más y mejor controlada"

La reforma del sector financiero ha llevado a que dos bancos (Bankia y BMN) estén en manos públicas y que un gran número de cajas de ahorro hayan tenido que ser rescatadas, lo que ha tenido un coste considerable para el erario público. Las previsiones varían, pero el montante de la operación podría superar los 90.000 millones de euros. El número dos de Ciudadanos, Francisco de la Torre, aseguró que todos los bancos públicos han estado controlados por los políticos y han sido un enorme fracaso. “La banca tiene que estar más y mejor controlada y que le cueste menos dinero a todos los contribuyentes”.

Un buen ejemplo se ha producido en el caso de Bankia, en el que además del coste de la compra, se han sumado otros como las indemnizaciones que se han tenido que pagar por el presunto fraude en la salida a Bolsa o la conversión de deuda en capital a todos los afectados por la venta de preferentes.

Todo ello ha llevado al Ejecutivo a valorar la posibilidad de vender ese banco, algo que finalmente no se producirá. “Hay que reprivatizar Bankia al mejor precio posible para devolver a los ciudadanos ese esfuerzo”, remarcó.

Esa operación, sin embargo, quedará en manos del nuevo gobierno que salga de las urnas el 26 de junio, si finalmente hay coalición de Gobierno. Todo indica que la mejor solución para BMN es su fusión con Bankia en 2017, aunque Bruselas debe aprobar esta operación con anterioridad. Ampliar o no la fecha para privatizar Bankia es otra cuestión a resolver por el nuevo Gobierno.