Referéndum

Los suizos dicen no a una renta básica de 2.300 euros al mes

"La medida se pondrá en marcha tarde o temprano" dicen los promotores de la medida

Residentes en Suiza votan en la ciudad de Berna en el referéndum para establecer una renta básica.
Residentes en Suiza votan en la ciudad de Berna en el referéndum para establecer una renta básica. Reuters

Los suizos rechazaron hoy en referéndum una iniciativa popular para instaurar una renta mínima mensual de unos 2.300 euros que, según sus promotores, pretendía garantizar una vida digna para todos los ciudadanos.

Según los primeros resultados de la consulta divulgados por el Instituto GFS suizo, la idea fue rechazada por el 7 % de los ciudadanos que participaron en el referéndum.

La iniciativa garantizaba un ingreso para todos los residentes en Suiza, durante toda la vida, aunque sólo en la medida en que la persona no dispusiese de un ingreso mensual equivalente.

La argumentación de la iniciativa indicaba que su objetivo era reducir la inequidad en un periodo en el que las diferencias salariales se disparan y la automatización está haciendo desaparecer numerosos empleos.

Asimismo, consideraban que se trataba de un medio para reconocer el trabajo no remunerado que realizan numerosas personas, en actividades como en el cuidado de los hijos o de los familiares enfermos o ancianos.

Al conocerse el resultado de la votación, el colectivo que lanzó esta iniciativa consideró positivo haber obtenido un 22 % de apoyo y consideró que “en esta etapa ha sido una victoria hacer conocer el concepto del ingreso mínimo universal”.

Los referéndums en Suiza son habituales y los votantes también rechazaron ayer establecer una nueva estructura salarial que limite los salarios de los directivos de empresas públicas.

“La importancia, más allá del voto, es que los ciudadanos han comenzado a reflexionar sobre esta idea que habrá que poner en marcha tarde o temprano”, indicó uno de los miembros del comité de apoyo a la iniciativa, Sergio Rossi.

Ningún partido político apoya abiertamente la propuesta, que incluso reduciendo los gastos en los que incurre actualmente el sistema de asistencia social, requeriría ingresos adicionales para las arcas públicas de más de 22.000 millones de euros al año.