Berlín frena la prórroga a España por el déficit
Jarro de agua fría para el Gobierno español y para la Comisión Europea. Los juristas del Consejo Europeo, según ha confirmado CincoDías, rechazan la posibilidad de prolongar el plazo de España para cumplir el objetivo de déficit sin emitir un veredicto sobre la desviación de ocho décimas registrada el año pasado.
Fuentes del Consejo señalan que el pronunciamiento de los juristas “es una evaluación no vinculante” del procedimiento. Pero añaden que, en la práctica, supondrá que el Ecofin (consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE) no aprobará la prórroga hasta que la Comisión se pronuncie sobre la posible multa. Ambas decisiones, por tanto, se adoptarán al mismo tiempo, en el mes de julio como muy pronto. Es decir, que la posible prórroga tendrá que esperar hasta después de las elecciones del 26 de junio.
La CE, presidida por Jean-Claude Juncker, se había “inventado” una fórmula para esquivar por ahora la aplicación de las sanciones del Pacto de Estabilidad a España y, al mismo tiempo, conceder una prolongar un año, hasta 2017, el plazo para situar el déficit por debajo del 3%.
Juncker brindó así al gobierno de Mariano Rajoy una doble victoria de cara al 26J: mayor margen para ajustar las cuentas y aplazamiento de una posible sanción de hasta 2.000 millones de euros. Otros prometen flexibilidad con el déficit, pero yo ya la he conseguido, señalaba el presidente del gobierno en funciones días después de que el 18 de mayo la CE anunciase su oferta
Pero varios países, con Alemania al frente, criticaron duramente la artimaña Juncker y expresaron dudas sobre su legalidad, como adelantó CincoDías el pasado 22 de mayo (aquí). Finalmente, la presidencia del Ecofin (consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE) decidió consultar al servicio jurídico del Consejo antes de confirmar la prórroga.
Ese servicio se ha pronunciado esta semana, según confirman a CincoDías fuentes del Consejo. Y el texto concluye que la vía seguida por la CE “genera una incoherencia legal” que impide conceder la prórroga mientras no se adopte una decisión sobre las posibles sanciones.
La CE había ofrecido la prórroga aprovechando el apartado fiscal de la revisión del Plan Nacional de Reformas e invocando para ello, como base legal, el artículo 121 del Tratado de la UE.
La vía natural hubiera sido el artículo 126, en el que se basa el Pacto de Estabilidad. Pero en ese caso, Bruselas hubiera tenido que pronunciarse también sobre la desviación del déficit en 2015 y activar, con toda probabilidad, una sanción millonaria y la congelación de parte de los fondos estructurales a partir del próximo 1 de enero.
Los juristas del Consejo rechazan la fórmula utilizada por la Comisión porque, a su juicio, genera un conflicto legal. Por un lado, el Pacto de Estabilidad, congelado de momento, fija a España el plazo de 2016. Y por otro, un dictamen paralelo extiende el calendario hasta 2017.
La Comisión reconoció que había tardado “semanas” en dar con la fórmula para aplazar la decisión sobre la multa. Y la estratagema fue avalada por su servicio jurídico. Pero los juristas del Consejo, que es la institución que tiene la última palabra, han frenado el plan de Juncker.
La mayoría de los miembros de la Comisón eran partidarios de sancionar tanto a España como a Portugal, según muestran las actas de su reunión (aquí). El vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, defendió aplicar el artículo 126 y conceder a España una prórroga de un solo año. El comisario de Economía, Pierre Moscovici, se mostró “preocupado” por la repercusión en la opinión pública de un castigo a dos países que han atravesado grandes dificultades. Y pidió, sin demasiado empeño, una prórroga de dos años para España.
Finalmente, Juncker optó por la prórroga de un año y por aplazar “hasta principios de julio” la decisión sobre la multa. Ahora, ambas decisiones deberán adoptarse al mismo tiempo. Y el nuevo Gobierno puede encontrarse con un plazo muy ajustado para rebajar el déficit y con una multa por la desviación de Rajoy en 2015.
