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Finanzas públicas

Cataluña cifra en un 7,5% su déficit fiscal con el Estado

Calcula que los catalanes aportan 14.623 millones más de los que reciben

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habla con el vicepresidente, Oriol Junqueras, en el Congreso.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habla con el vicepresidente, Oriol Junqueras, en el Congreso. EFE

La Generalitat de Cataluña ha publicado hoy su cálculo sobre la balanza fiscal, es decir, lo que aporta los catalanes a la caja común a través de los impuestos y el gasto que realiza la Administración central en Cataluña. Según el Gobierno de Carles Puigdemont, Cataluña registró en 2012 un déficit fiscal del 7,5% del PIB, cifra que equivale a 14.623 millones de euros. Este importe está calculado con el enfoque flujo monetario, que los expertos elegidos por la Administración central para calcular las balanzas fiscales desdeñan.

En cualquier caso, el Ejecutivo catalán también ha utilizado la metodología de carga-beneficio, la preferida por la Administración central. Según sus cálculos, en este caso, el déficit alcanza el 5,1%. Es un importe superior al cálculo realizado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente. El responsable elegido por la Administración central estimó que, en 2012, el déficit fiscal en Cataluña ascendía al 3,75% PIB, un nivel inferior al 9,57% registrado por Madrid. Los expertos señalan que es normal que las comunidades con un mayor porcentaje de contribuyentes con rentas altas presenten déficit fiscal. De la Fuente no ofrece las cifras con el enfoque preferente para la Generalitat.

Con la metodología flujo-monetario, los ingresos se imputan allí donde se ha registrado el hecho imponible y el gasto se asigna donde se ha realizado. Es decir, el dinero destinado a una base militar ubicado en Zaragoza se imputara con el enfoque flujo monetario a la comunidad autónomas de Aragón. En cambio, la Administración central es partidaria de la metodología carga-beneficio, donde el gasto se asigna a los beneficiarios con independencia de donde vivan. En el caso de la base militar de Zaragoza, la imputación se distribuirá por todas las comunidades autónomas. Se entiende que el gasto en defensa beneficia a todos los ciudadanos.

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