Editorial
Financiación perdurable para las regiones

Financiación perdurable para las regiones

El Gobierno se comprometió en 2011 a modificar la financiación autonómica que se había mostrado desequilibrada e insuficiente tras las embestidas de la crisis a la recaudación fiscal y al gasto. Pero congeló su intención tras conocer la insuficiencia de recursos y la imposibilidad de dar satisfacción a las demandas de los gobiernos regionales, y ello pese a contar con un grado de poder hasta aquel momento desconocido en manos de un mismno partido (el PP) tanto en el Gobierno de la nación como en la estructura autonómica. El Gobierno de Rajoy, tras tener que intervenir en la práctica a la mayoría de la comunidades para que hicieran frente a sus deudas y ante la imposibilidad de las regiones de financiarse en los mercados, prefirió esperar a consolidar la recuperación económica para disponer de mayor conocimiento sobre la capacidad fiscal de la economía y las necesidades financieras de las regiones y proceder después a la reforma.

Esta larga espera ha recompuesto algunas de las variables básicas para acometer cambios en la financiación autonómica, que proporcionan información útil para los gestores, pero el panorama político se ha tensionado, tanto por la reivindicación política separatista de Cataluña, como por la aparición con fortaleza electoral y parlamentaria de formaciones políticas que pretenden cambios radicales en la estructura territorial, tanto políticos como financieros.

Casi diez años después del cambio de modelo de financiación, y pese a las subidas de impuestos y recortes de algunos gastos importantes en manos de las regiones, las comunidades no logran cumplir los objetivos de déficit que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pactan con el Gobierno, y los desequilibrios financieros entre unas comunidades y otras se han intensificado. El nuevo Gobierno deberá resolver este asunto en una negociación abierta con las comunidades autónomas, que atienda las necesidades de todas, pero ponga límites al gasto en el punto mismo en el que la economía pueda financiar, para evitar, en la medida de lo posible, tener que recurrir a revisiones integrales ulteriores.

El modelo debe respetar el principio de ordinalidad, para evitar que el trasvase de recursos de las comunidades ricas a las pobres coloque a éstas con mayor disponibilidad de recursos per cápita que a las financiadoras netas, y debe proporcionar a los gestores regionales capacidad real de corresponsabilidad fiscal, siempre que se mantengan una serie de criterios básicos en los impuestos cedidos. Pero la corresponsabilidad debe llegar más lejos, hasta el punto de que las regiones puedan crear impuestos adicionales si lo desen, o hacer uso de su capacidad actual en los tramos cedidos de los grandes tributos. Pero deben ser transparentes con sus contribuyentes y admitir que esta vez debe ser la última que el Estado ponga el contador a cero.