Consecuencias del referéndum en Reino Unido

La triple amenaza del Brexit al turismo en España

El turismo británico a España, en cifras Ampliar foto

En 2015 llegaron a España 15,7 millones de turistas británicos a España, lo que fue decisivo para que ese ejercicio se cerrara con el récord histórico de 68 millones de viajeros extranjeros. Esa cifra de turistas británicos supone que las llegadas regresaron a los niveles previos a la crisis y que desde que tocaron suelo en 2010 no han parado de crecer, sumando 3,2 millones de visitantes adicionales en cinco años. En lo que va de año, la tendencia no ha cambiado. Entre enero y marzo llegaron 2,6 millones, un 20,1% más que en 2015 y un 21,8% del total.

Todo puede cambiar a partir de junio. Esa es la fecha elegida por el Ejecutivo británico para un referéndum en el que tendrán que decidir si permanecen o salen de la Unión Europea. Aparte de las implicaciones políticas y estratégicas, una salida del Reino Unido tendría efectos muy negativos en el primer mercado emisor de turistas a España. Un informe elaborado por AFI sobre los efectos de la salida de Reino Unido revela que el primero sería una depreciación de la libra. En lo que va de año se ha abaratado un 9% respecto al euro, lo que es interpretado como “una puesta en precio” por parte del mercado ante el referéndum. Y la caída podría ser mayor, lo que tendría un efecto demoledor sobre el turismo. Un euro más caro frente a la libra encarece los viajes a España y eso produciría un desplome de la demanda británica, que es muy elástica en función de los precios. En los seis años de crisis, la libra se apreció casi un 30% respecto al euro, lo que sirvió de argumento para que los británicos optaran por España como destino vacacional. La devaluación podría actuar como un freno a la contratación de viajes, tal y como sucedió recientemente con Rusia y la devaluación del rublo, que posteriormente vino acompañada del desplome del precio del crudo. En dos ejercicios se perdieron medio millón de viajeros.

EUR x GBP 0,8826 -0,011%
  • 30 millones de euros al año

Los turistas británicos no solo vienen a pasar cortas estancias, sino que muchos optan por pasar largas temporadas en invierno aprovechando el clima más benigno en el litoral español. Durante sus estancias se benefician del acceso gratuito a la sanidad pública, un factor muy valorado, ya que una gran parte de ellos está por encima de los 65 años y necesita esa asistencia. Si se consuma la salida de la UE, ese acceso universal y gratuito se perdería y Reino Unido tendría que renegociar un nuevo convenio con el Gobierno de España para establecer mecanismos de compensación ante el elevado gasto que generan esos viajeros. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad de Reino Unido revelan que el desembolso que debe afrontar el Ejecutivo Español para atender a sus ciudadanos roza los 30 millones de euros al año, mientras que en el caso contrario el coste se reduce a 4 millones.

Al pasar largas estancias, muchos turistas optaron por comprar vivienda, atraídos también por la bajada de precios. En 2008, los extranjeros compraron el 5% de las casas transmitidas en España y ese porcentaje ha ido creciendo, en especial en los últimos tres ejercicios, hasta suponer el 13,1% del total de operaciones en 2015. Y en este incremento han sido decisivos los británicos, que adquirieron uno de cada cuatro inmuebles en España.

En un nuevo escenario con el Reino Unido fuera de la UE, los británicos se verían sometidos a las dificultades que tienen que afrontar los ciudadanos de naciones que no pertenecen a la Unión Europea. Para tratar de salvarlas, España impulsó a finales de 2013 la figura de los visados express que otorgaban para personal cualificado e inversores extranjeros. Con esta novedad trataba de equiparar los derechos de los residentes comunitarios frente a aquellos procedentes de otros países de fuera de la UE. En sus treinta primeros meses de vida logró captar 1.048 millones de euros. De ellos, 910,6 millones (un 86,9% del total) correspondieron a la compra de inmuebles, 75 millones a la inversión en capital (fundamentalmente compra de deuda por un mínimo de dos millones de euros por inversor) y 62 millones a nuevos proyectos empresariales.