Energía

La CNMC denunció en 2014 ante la Fiscalía el fraude de la electricidad

La Fiscalía archivó el caso pero la Comisión prevé remitirle otro nuevo

Las sociedades guardaban vínculos entre sí

Sede de la CNMC, en Madrid.
Sede de la CNMC, en Madrid.

La primera investigación sobre el agujero generado en el mercado eléctrico por algunas pequeñas comercializadoras fue realizada hace más de dos años por la CNMC a petición del Ministerio de Industria. Concretamente, la Dirección de Política Energética y Minas pidió al organismo supervisor un informe sobre el incumplimiento en la prestación de garantías por parte de Electricidad Futura Levantina (que en aquel momento ya había pasado a denominarse Europa Global Energy), así como sobre “cualquier hecho relevante relacionado con otras comercializadoras vinculadas con ella”, según señala el dictamen al que ha tenido acceso CincoDías.

Tras concluir que Europa Global Energy no había cumplido la obligación de aportar las garantías reglamentarias ni la de adquirir en el mercado toda la energía que luego suministraba a sus clientes, la CNMC instó a Industria a iniciar un procedimiento de inhabilitación de dicha compañía y de una más, Euroenergía de Levante, con la cual halló conexiones y que también incumplía la normativa. Además, la Comisión detectó lazos entre Europa Global Energy y otras dos comercializadoras más que habían sido inhabilitadas anteriormente: Elecval y Comercializadora Energética Mediterránea (Cenermed). Según el dictamen, todas ellas tenían una administración común.

Con un agujero generado en el sistema de casi siete millones de euros (que asume el resto de operadores que participan en el pool eléctrico), la CNMC decidió “denunciar estos hechos” ante el Ministerio Fiscal. El objetivo es que este investigara las actuaciones de las cuatro comercializadoras teniendo en cuenta que “estarían cobrando a los consumidores una energía a la que finalmente no hacían frente, creando diferentes empresas para evitar el pago de la deuda”.

La cooperativa malagueña Zencer ha aclarado que no está inhabilitada. La CNMC le ha abierto un expediente sancionador, que ha recurrido

Fuentes próximas a la CNMC aseguran que, en aquel momento, la Fiscalía “no encontró causa suficiente” y archivó la denuncia. Sin embargo, el organismo ha decidido poner en su conocimiento otro nuevo caso investigado recientemente, que demostraría “que la bola ha ido creciendo desde entonces”, añaden las mismas fuentes. Se trataría de una de las seis comercializadoras inhabilitadas en los últimos meses por el Ministerio de Industria: Luci Mundi Energía, Nortedison Electric, Oltem Llum, Comercial Eólica Suministro de Energía, Zero Electrum, Electro Soporte Comercial y Gestión.

En el caso de las investigadas en 2014, la CNMC concluyó que existían conexiones entre ellas, como dos administradores únicos comunes (Ignacio Freixedas Pascual y Carlos Sánchez Cañadell) y unas prácticas de desvíos que habían generado, a marzo de 2014, “una deuda exigible y vencida” en relación al suministro de energía eléctrica de 2,424 millones, en el caso de Elecval y de 4,5 millones, en el de Cenermed. Por su parte, Europa Global Energy y Euroenergía de Levante no habían aportado garantías por 1,3 y 1,5 millones, respectivamente.

  • Voz de alarma del operador

La investigación oficial sobre Electricidad Futura Levantina (después Europa Global Energy); Euroenergía de Levante; Elecval y Cenermed, comenzó cuando en diciembre de 2013, el director general de Operaciones de REE comunicó a la CNMC y al Ministerio de Industria que la primera de estas comercializadora había comprado en el mes de agosto de ese año energía por valor de 1.283 MWh cuando el consumo de sus clientes había sido de 6.358 MWh, lo que suponía un desvío (la diferencia entre lo adquirido y lo vendido) del 400%. Esto que llevó al operador a exigirle una garantía excepcional de 1,27 millones de euros, que no pagó.

En los tres meses posteriores, ya con el nombre de Europa Global Energy, la comercializadora multiplicó por siete su cartera de clientes, pese a lo cual, no compró más electricidad en igual proporción. El desvío superó en diciembre el 300% y más del 100% en cada mes del año.

Ya en febrero de 2014, el ministerio pidió a la CNMC un nuevo dictamen sobre otra sociedad ya inhabilitada, Cenermed, tras descubrir que ambas compartían el mismo administrador único, Ignacio Freixedas. Se trataba de evitar el traspaso de los clientes de la inhabilitada a otra sociedad del mismo propietario o a otra vinculada, según el informe de la CMNC. De hecho, la antigua CNE, ya investigó el traspaso de clientes de Elecval (inhabilitada por Industria y disuelta), a Cenermed “sin el consentimiento” de aquellos.

La ley fija que, en caso de inhabilitación de una eléctrica, los clientes deben ser traspasados a una comercializadora de referencia (las que venden a precio regulado). Además de contar con los mismos empleados, según datos del Borme, el administrador único de Elecval, Carlos Sánchez Cañadell, compartió con Ignacio Freixedas la empresa Gómez Vega.

“No todas las empresas sancionadas actúan de mala fe”

En el sector hay consenso al asegurar que los problemas detectados en la comercialización eléctrica (principalmente, que se pueda vender más energía de la adquirida en el mercado más allá de un desvío razonable) es un fallo en la regulación que se arreglaría con una orden ministerial. Las empresas sólo conocen oficialmente el consumo real de sus clientes y, por tanto, sus desvíos, ocho meses después, cuando se lo comunica REE.

Sin embargo, existen mecanismos que permitirían a las comercializadoras y al operador del sistema conocerlo anticipadamente (en dos meses) gracias a los contadores inteligentes. En ello coinciden REE y la CNMC, pero es el Ministerio de Industria, vía BOE, el que tiene la solución.

El problema de las llamadas comercializadoras “piratas” es el más extremo, pero no es el único. Fuentes empresariales insisten en la necesidad de distinguir entre estas prácticas fraudulentas, que acaban en la inhabilitación, y el hecho de que muchas empresas no puedan aportar las garantías reglamentarias, que resultan muy elevadas o inadecuadas a la cartera de clientes, que puede variar con los meses.

Existen tres tipos de garantías en el mercado: una de operación básica (GOB), que determina REE y que revisa en función del volumen de energía contratada, potencia, venta solicitada, etc. Otra garantía de operación adicional (GOA) para liquidaciones no definitivas y una tercera excepcional (GE), exigible en caso de un riesgo superior a la cobertura de las anteriores.

En los casos en los que “no hay mala fe” puede haber una sanción o un procedimiento de inhabilitación que da opción a la afectada a alegar, y que no siempre acaba mal. Tal es el caso de Zencer, que mantiene un expediente sancionador abierto en la CNMC, que ha recurrido. La cooperativa malagueña ha aclarado que "no ha sido inhabilitada por Industria para la actividad de comercialización.  El BOE del 9 de febrero publicó la apertura de un procedimiento de inhabilitación de Zencer. La norma establece un periodo de audiencia.