Energía

Un fraude de 200 millones en la venta de electricidad alarma al sector

Industria inhabilita a varias compañías, cuyo agujero paga el resto de operadores

Las comercializadoras piden un cambio en la regulación para evitar lo que califican de "robo"

Sede de Red Eléctrica, en Madrid.
Sede de Red Eléctrica, en Madrid.

La inhabilitación de seis pequeñas comercializadoras de electricidad por parte de Industria en los últimos dos meses ha encendido las alarmas sobre lo que en el sector consideran la punta del iceberg de un fraude que no cesará si no hay un cambio en la regulación. A través de sendas órdenes ministeriales del 9 de febrero y el 14 de abril, respectivamente, el ministerio incapacitó a  Luci Mundi Energía, Nortedison Electric, Oltem Llum, Comercial Eólica Suministro de Energía, Zero Electrum y Electro Soporte Comercial y Gestión.

Según la información remitida por el operador del sistema (REE), a la CNMC e Industria, estas comercializadoras (otra docena estaría siendo investigada) habrían incumplido la normativa eléctrica que les exige “comprar la energía suficiente para suministrar a sus clientes, para lo cual, deben aportar las garantías que se establezcan”. En otras palabras, estas empresas no habían comprado en el pool la energía que finalmente vendían a sus clientes, que recibieron igualmente el suministro.

El agujero, que fuentes próximas al regulador calculan en unos 200 millones, entre las inhabilitadas (57 millones) y las investigadas, lo asume en proporción a su volumen de actividad el resto de agentes (comercializadoras, generadoras y grandes consumidores que compran directamente en el mercado) ya que no han aportado las garantías que exige la ley.

El funcionamiento de estas comercializadoras es el siguiente: compran en el mercado diario, que gestiona OMIE, los megavatios que estiman le van a demandar sus clientes al día siguiente (los cuales pagan por adelantado) y en el caso de quedarse cortas, la diferencia o desvío lo adquieren en los mercados de ajuste a un precio muchísimo más caro.

Para Carlota Pi, de Holaluz, es un problema muy grave, pero técnico, que hay que resolver con urgencia

Cuando REE aprecia que alguna comercializadora no ha comprado la energía necesaria para cubrir su demanda y que no aporta las garantías, lo comunica a la CNMC e Industria que abre una investigación. Sin embargo, señalan en el operador del sistema, al tratarse de “un sistema muy garantista”, con un procedimiento en el que el interesado tiene derecho a alegar, su inhabilitación puede llegar a los dos o tres años.

De hecho, la comunicación de REE de algunos de los casos ahora resueltos, se remonta a 2013 y 2014. Los datos hablan por sí solos: frente a lo que se considera un desvío razonable del 3% (porcentaje que determina las garantías a aportar), en el caso de algunas de las inhabilitadas por Industria, el desvío ha superado el 2.000 y 3.000%.

Para Carlota Pi, directora de Holaluz, el quid de la cuestión es que las liquidaciones de REE se producen a los ocho meses, cuando recibe las medidas de los distribuidores, “un margen de tiempo que tienen para robar más y cargarse el mercado”. Cuando “ya es posible leer los contadores en tiempo real”. “El problema, que es técnico, se soluciona con una simple orden ministerial”, aclara. La directiva de Holaluz, con 70.000 clientes, critica que se sigan utilizando reglas del año 98, cuando para crear una comercializadora se exigían 60.000 euros y ahora tan solo 3.000 euros.

En general, hay consenso (incluidas REE y la CNMC, que aprobó un informa al respecto en abril de 2014) de que es necesario un mecanismo automático, como el que se aplica en Alemania, que permita retirar la licencia en pocos días.

  • Sanciones

Además de las inhabilitaciones aprobadas por el Ministerio de Industria, la la CNMC acaba de sancionar a otras cuatro eléctricas con 21.000 euros, por no aportar las garantías reglamentarias o no proporcionar la información requerida sobre la energía adquirida.

Se trata de Distribuidora Elèctrica D´Albatàrrec (8.000 euros); Herederos De García Baz, S.L. (3.000 euros), Electra la Honorina (3.000 euros) y Aayum Companyia Catalana Subministradora D´Energia (7.000 euros).

 

 

Multitud de denuncias ante REE, la CNMC e Industria

Las empresas que participan en el mercado eléctrico (comercializadoras, generadoras y grandes consumidores) asumen en proporción al volumen de energía que adquieren, el coste de los desvíos en que incurren algunas suministradoras. Un coste que finalmente trasladan a sus clientes. Si el desvío (a un precio superior al de mercado diario)es a la baja, la empresa cobra la diferencia; si es al alza, se paga o se cubre con las garantías aportadas.

Fuentes de pequeñas comercializadoras aseguran que el año pasado perdieron por culpa de unas prácticas que califican de “fraudulentas” entre 10.000 y 15.000 euros. Las afectadas consideran muy grave lo que está pasando, no solo por tener que pagar “el dinero que otros han defraudado”, sino por “la desconfianza que este tipo de hechos puedan generar entre los consumidores en un mercado tan difícil como el eléctrico”. Además, “es un ataque contra la libre competencia, pues estas compañías, al no pagar la energía que venden, pueden hacer ofertas con las que no se puede competir”, critican las mismas fuentes. En algunos casos, antes de ser inhabilitadas crean otra comercializadora a la que trasladan sus clientes.

Para Carlota Pi, directora de Holaluz, la cuestión no es nueva:“lo hemos denunciado reiteradamente ante Industria, REE y la CNMC. Estas nos han dado la razón, pero es el ministerio el que debe cambiar la norma y aunque ahora está en funciones, conoce el problema desde hace mucho tiempo”.

Según la ley, cuando una empresa pierde la licencia, sus clientes (en estos casos han sido decenas de miles) tienen derecho a ser trasvasados a las comercializadoras de referencia de su zona, que son las habilitadas por ley para vender con el precio regulado o PVPC.