Verdades y mentiras sobre el fraude fiscal
Los resultados de las encuestas reflejan reiteradamente que para los ciudadanos la asignatura pendiente de nuestra Administración tributaria es el fraude fiscal, ya que el 94% piensa que hay mucho o bastante fraude fiscal y el 64% opina que la Administración Tributaria hace poco o muy pocos esfuerzos para acabar con él. En torno al fraude fiscal giran mentiras y verdades a medias.
En relación con las cifras de fraude fiscal y economía sumergida en España, llama la atención que uno de los sindicatos de técnicos de hacienda presente periódicamente estudios, alguno incluso bajo el auspicio de catedráticos o de alguna universidad. Independientemente de la dificultad que entraña determinar el porcentaje de un tema oculto por naturaleza, sí que es cierto que el nivel de fraude y la economía sumergida en España supera de forma muy amplia el de los países de nuestro entorno. Sin embargo, creo que no es acertada la solución milagrosa que este sindicato propone de habilitar para combatir el fraude a los ocho mil funcionarios del Cuerpo Técnico de Hacienda y reconvertirlos a un nuevo cuerpo de funcionarios, eso sí, de categoría superior. Hay que señalar que de esa cifra, algo más de dos mil son los que están destinados en la Agencia Tributaria en puestos de inspección, y el resto están en otras áreas de la Agencia o en el Ministerio de Hacienda, por lo que difícilmente pueden dedicarse a combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. El problema real en la Agencia Tributaria es la falta de medios humanos en todos los cuerpos y una adecuada política de recursos humanos.
Una de las medias verdades se refiere a las cifras triunfalistas de resultados en la lucha contra el fraude que cada año se presentan. Por pura lógica, si año tras año se repiten esos resultados tan brillantes, el fraude fiscal debería haberse reducido sustancialmente y situarse en porcentajes similares a los países de nuestro entorno. La obsesión por las estadísticas numéricas atenaza a los directivos de la Agencia, que cada año tienen que cumplir unos objetivos superiores y cada vez con menos personal, pero nadie se cuestiona si dichos objetivos son los correctos, quizás por los criterios cortoplacistas y continuistas a los que la Agencia Tributaria está sometida que no permiten nunca abordar las reformas necesarias. Resulta llamativo que se comprueben jubilados que han recibido una pensión del extranjero, empleadas de hogar que cobran unas horas de trabajo, o estudiantes a los que se les pretende pillar en un fallo en determinadas deducciones del IRPF, pero que se nos escapen los grandes fraudes. ¿No se deberían dedicar todos esos recursos a perseguir otro tipo de fraudes más graves?
El nivel de economía sumergida en España supera de forma muy amplia el de los países de nuestro entorno
Otra verdad a medias es la afirmación de que en el año 2015 se ha alcanzado un record histórico de 15.000 millones de euros ingresados en la lucha contra el fraude. Siendo cierto dicho importe, hay que decir que esa cifra corresponde a ingresos de actuaciones realizadas tanto en ese año como en ejercicios anteriores. Por ejemplo, una actuación de hace 10 años que ha estado en los tribunales este tiempo y cuya sentencia se ha dictado ahora y, por tanto, ahora se ingresa, figura como ingreso del año 2015 por la lucha contra el fraude fiscal, aunque las actuaciones se hayan efectuado mucho tiempo atrás.
El incremento de objetivos numéricos cada año nos lleva a hacer actuaciones más superficiales
Centrándonos un poco más en el área de Inspección, el incremento de objetivos numéricos cada año nos llevan a hacer actuaciones más superficiales y de escaso importe, incompatible con la investigación necesaria para descubrir el fraude más grave. Además, esas actuaciones son valoradas por un absurdo baremo que no mide realmente el trabajo efectuado, y cualquier propuesta de reforma choca contra el inmovilismo de la Dirección de la Agencia. En los últimos años, además, a los equipos de inspección se nos mide también por el importe efectivamente cobrado cuando, de acuerdo con la estructura organizativa de la Agencia, las actuaciones para que se cobren las actas es función de otro Departamento. Por último, aquél que no consigue los objetivos marcados ve reducidas sus retribuciones, ya que una parte importante del sueldo de inspectores y técnicos se percibe en concepto de productividad, sin que nadie conozca tampoco el importe de las bolsas de productividad ni los criterios de reparto. En fin, valga lo anterior como ejemplos de las muchas deficiencias organizativas que tiene actualmente la Agencia, que se van acumulando con el paso de los años.
¿Por qué no se han incluido en la reforma de la Ley General medidas legales para poder crear la policía fiscal?
Con ocasión del caso de los papeles de Panamá, las autoridades tributarias han anunciado rápidamente el inicio de investigaciones. Pero, ¿por qué no se ha hecho lo mismo con los más de treinta mil contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal? ¿Por qué no se hace un plan de políticos y allegados que puedan estar afectados por casos de corrupción, sabiendo que la normativa sobre blanqueo de capitales obliga a hacerles un seguimiento especial? ¿Por qué no se incluye en plan de inspección a todos los implicados en casos de corrupción? ¿Por qué no figuran en los planes de control actuaciones de investigación masivas para buscar testaferros y sociedades pantalla? Si la contestación a las preguntas anteriores fuera que dichas actuaciones son difíciles, entonces, ¿por qué no se han incluido en la reforma de la Ley General Tributaria medidas legales que existen en otros países, como el pago a confidentes, para poder actuar de incógnito o crear la policía fiscal?
El paso del tiempo pone de manifiesto las mentiras y verdades que se dicen sobre el fraude fiscal. Sería necesario y deseable que, de una vez por todas, algún gobierno adoptara las medidas necesarias para terminar con esta lacra. Medidas hay, pero solo hace falta voluntad política para llevarlas a cabo.
José María Peláez Martos es Inspector de Hacienda del Estado