Siete preguntas para sonrojar fiscalmente a las multinacionales
La Comisión Europea ha aprobado hoy un proyecto de directiva que obligará a más de 6.000 multinacionales a publicar su factura fiscal país por país. La mayoría de esa información ya es pública o está a disposición de las autoridades de hacienda. Pero Bruselas quiere que los datos se difundan de manera clara y sencilla para que se redoble la presión de la opinión pública sobre aquellas compañías que reduzcan artificialmente el pago de impuestos. La patronal europea teme que esa información, a menudo compleja, se preste a malinterpretaciones o a tergiversaciones deliberadas para dañar a ciertas empresas.
La propuesta estaba prevista antes de la publicación de los llamados "papeles de Panamá". Pero Bruselas confía en que ese escándalo ayude a acelerar una tramitación que requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y del consejo de ministros de la UE (por mayoría cualificada, sin derecho de veto para ningún país).
La nueva norma obligará a miles de empresas a publicar siete datos sobre su negocio en cada país europeo donde operen: naturaleza de su actividad, número de empleados, facturación total, beneficios antes de impuestos, impuestos devengados (factura teórica), impuestos pagados (factura real) y ganancias acumuladas. Sobre su actividad fuera de la UE, sólo deberán aportar datos totales no segregados país por país, salvo la actividad localizada en jurisdicciones que se califiquen como "paraísos fiscales". Esa etiqueta todavía no existe a nivel europeo, así que esa obligación podría ser inaplicable en un primer momento.
La Comisión Europea considera que "el dato crucial es el de los impuestos devengados" porque obligará las compañías "a dar una explicación convincente sobre la diferencia entre los impuestos debidos como consecuencia de sus beneficios y los impuestos realmente pagados". Bruselas admite que muchas veces esa diferencia está justificada, porque se debe a deducciones disponibles para cualquier empresa. "Pero en ocasiones", advierte la Comisión, "las multinacionales aprovechan la ingeniería fiscal que les permite su presencia en varios países para pagar hasta un 30% menos de impuestos que las empresas que sólo operan en un Estado". Bruselas no explica por qué las autoridades fiscales, que ya disponen de información necesaria para atajar esa práctica, toleran esas diferencias.
El segundo dato esencial, según la CE, será el de las ganancias acumuladas. En principio, aclara la CE, no se trata de una práctica ilegal. "Pero si una compañía deja enormes recursos embalsados en ciertas jurisdicciones puede indicar una potencial elusión fiscal", alerta la Comisión. Ese es el caso de Irlanda, donde algunas multinacionales dejan aparcados sus beneficios para no pagar los impuestos en su país de origen.
La nueva norma, que se tramitará como una reforma de la directiva europea sobre contabilidad, afectará a todas las empresas que operen en Europa con una facturación mundial de más de 750 millones de euros. Bruselas calcula que ese umbral atrapa a la inmensa mayoría de las grandes compañías, sean europeas o no, y deja exentas a las pequeñas y medianas empresas.
La banca y las industrias extractivas (petroleras, madereras...) ya tenían obligación de rendir cuentas país por país. Pero la nueva norma endurece el control sobre las extractivas y amplía la obligación de informar país por país a los bancos internacionales, que a diferencia de los europeos no estaban obligados hasta ahora.
"Con esta propuesta, Europa demuestra su liderazgo en la lucha contra la elusión fiscal", ha señalado el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis. El comisario de Mercados Financieros, Jonathan Hill, recuerda que "nuestras sociedades dependen de que haya un sistema fiscal justo, pero hoy en día hay multinacionales que gracias a complicados arreglos fiscales pagan un tercio menos que las empresas que operan en un solo país".
La patronal europea, BusinessEurope, no oculta su disgusto ante una propuesta que, a su juicio, "va mucho allá de lo pactado a nivel internacional en el marco de la OCDE". "Estamos claramente en contra de publicar la información fiscal país por país, sobre todo, porque es una decisión unilateral de la UE, que no se hace en ningún otro lugar del mundo", lamentaba el vienes pasado Markus Beyrer.
Los empresarios europeos consideran que la medida es desproporcionada porque pretende atajar un problema relativamente menor. "Según la OCDE, sólo el 5% de los ingresos del impuesto de sociedades está mal repartido entre los países frente al 15% en el caso del IVA", apunta BusinessEurope. Ese grupo también lamenta que Bruselas propague la impresión de que las empresas no pagan impuestos "cuando su contribución fiscal en un solo año asciende a dos billones de euros en la UE".
