Editorial

Una apuesta por crecer en Portugal

El acuerdo de paz alcanzado entre la magnate angoleña Isabel Dos Santos y Caixabank, accionistas mayoritarios del banco portugués BPI, servirá para desbloquear un conflicto que ha frenado hasta ahora los planes estratégicos de la entidad española. El detonante del acuerdo ha sido el ultimátum dado por la Comisión Europea a BPI para reducir su participación del 50,01% en BFA –Banco de Fomento de Angola– bajo la amenaza de penalizar los ratios de solvencia de la entidad lusa. Ello ha apurado una operación que permite a Dos Santos hacerse con el control de la entidad angoleña a cambio de rebajar su participación en BPI y que deja el camino libre a Caixabank para iniciar una OPA sobre el banco luso.
Será el segundo intento de la entidad española tras una primera OPA fallida –porque se encontró con la oposición de Dos Santos– que lanzó el año pasado sobre BPI. La magnate africana capitaneó entonces el frente accionarial que hizo fracasar la OPA, pero la amenaza del Banco Central Europeo de cobrar una multa de 140.000 euros diarios al banco luso, además de rebajar su solvencia, si no rebajaba su alta participación en BFA ha hecho que la magnate angoleña cambie su postura.
El acuerdo alcanzado entre Caixabank y Dos Santos ejercerá de llave maestra para afianzar la posición de la entidad que preside Isidro Fainé en el mercado luso. Una vez roto el pulso entre los dos accionistas mayoritarios, nada impide ya a Caixabank lanzar una OPA, cuya principal incógnita es el precio que ofrecerá por las acciones. Unos títulos por los que se mostró dispuesto a pagar 1,329 euros hace catorce meses y que el pasado viernes elevaban su cotización hasta 1,19 euros. Se trata de un movimiento, además, que permite al banco español -mucho más centrado que sus competidores en el mercado nacional-abrir un camino de prudente internacionalización. El mercado portugués, que cuenta ya con una fuerte presencia española, constituye una oportunidad de crecimiento para el banco, que se hará con el control del quinto banco luso, con 1,7 millones de clientes y 5.899 empleados. Dada la vecindad ibérica, la operación no supone una ruptura en una filosofía alejada de la expansión geográfica.
La posición que hasta ahora mantenía Dos Santos en BPI está amparada por la restricción legal que establece el 20% del accionariado como límite de los derechos de voto, de modo que su participación –aunque sustancialmente menor a la de Caixabank– le daba el mismo poder de control que al banco. El acuerdo entre ambos ha evitado que sea el Gobierno luso el encargado de dirimir el conflicto eliminando esa limitación en los derechos de voto. Una suerte de blindajes que en un mercado global en el que cada vez pesa más la transparencia y el buen gobierno corporativo en los consejos de administración deberían ser excepciones abocadas antes o después a desaparecer.