Control del gasto de la Seguridad Social
Control del fraude a la Seguridad Social

Empleo detecta fraude en cuatro de cada diez bajas laborales revisadas

Entre enero y septiembre de 2015 el Ministerio de Empleo revisó 395.374 procesos de incapacidad temporal y decidió retirar la prestación en 160.702 casos

También extinguió el 10% de las ayudas por hijo

En los planes de lucha contra el fraude del Ministerio de Empleo se incluyen una serie de controles “permanentes” en el cobro de distintas prestaciones de la Seguridad Social.

De todos estos controles que hace de oficio Empleo, el resultado más llamativo se producen en las prestaciones por incapacidad temporal (IT), que son las que reciben los trabajadores cuando están de baja médica. Entre enero y septiembre de 2015, los encargados de combatir el fraude revisaron 395.374 procesos de bajas laborales que recibían prestación y decidieron extinguirla en 160.702 de estos casos, por considerar que era fraudulenta. Esto supone el 40% de todas las bajas revisadas.

Según los datos incluidos el Informe de evaluación del Pacto de Toledo entre 2011 y 2015, este porcentaje de prestaciones que se han comprobado irregulares fue similar en 2014 y 2013 y ligeramente mayor en 2012 (45%).

No obstante, Empleo precisa en este informe que “para realizar dichos controles se utilizan diversas herramientas para intentar no molestar al trabajador que verdaderamente tiene justificada su situación de baja laboral”.

Se refiere a que el control no se produce siempre con la visita a instalaciones médicas del trabajador enfermo, sino que usan métodos de criba para detectar posibles fraudes. Entre estos métodos están contrastar la duración de la baja en cuestión con la duración estándar de esa patología o su duración óptima; el acceso a los historiales médicos por parte de los inspectores médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS); o el análisis detallado de los trabajadores “hiperconsumidores” de la prestación y de los médicos “hiperprescriptores” de bajas médicas.

A partir de 2014 el número total de controles que realiza la Seguridad Social han ido disminuyendo debido a medida que los inspectores médicos del INSS tienen acceso completo a las historias clínicas, lo que les permite anular la cita de control y ven que la baja no es susceptible de ser fraudulenta.

El sistema tiene habitualmente cada mes algo más de 300.000 trabajadores de baja médica en saldo neto, contabilizando entradas y salidas. Esto conlleva un gasto anual en incapacidad temporal de entre 5.000 y 7.000 millones de euros desde el año 2000. En los años previos a la crisis el gasto en bajas laborales se desbordó, llegando a registrar incrementos anuales de más de dos dígitos en la primera mitad de la década de 2000.

Pero a partir de 2006, el Ministerio de Empleo empezó a incrementar los controles sobre la incapacidad temporal y consiguió que los aumentos de gasto fueran menores. Es más, la Seguridad Social empezó a firmar convenios con los servicios de salud de las comunidades autónomas para incentivar a aquellos médicos y gerentes que lograran disminuir el número de bajas y mejorar su gestión.

Estos convenios han supuesto una inversión en dichos incentivos de unos 300 millones de euros anuales (356 millones en 2016). En total, desde 2006 se han gastado más de 3.300 millones de euros.

En 2016, tras varios años de caídas de gasto por la crisis y en 2015 por la nueva ley de mutuas que endurece el control sobre las bajas, se prevé un aumento de los procesos de IT, “en consonancia con la mejora del empleo”, que elevará el presupuesto un 9% hasta los 5.397 millones de euros.

  • Otros controles

La Seguridad Social realiza otros muchos controles de oficio sobre prestaciones. Por ejemplo, las prestaciones asistenciales por hijo a cargo, que dependen del nivel de renta familiar. En estos casos el nivel de fraude detectado fue menor. En 2015 (hasta octubre) de los 822.761 controles efectuados, se retiró la prestación en 82.409 casos (el 10%).

En el caso de la jubilación parcial, la Seguridad Social controla que no se produzca fraude en connivencia con el empresario, para facilitar el acceso, cuyas condiciones se han ido endureciendo. Así, desde 2012 la inspección de la Seguridad Social ha abierto casi 5.000 expedientes de responsabilidad empresarial, en los que ha reclamado una deuda de 33,2 millones.

Igualmente, la Seguridad Social junto con la Inspección de Trabajo han detectado en los últimos cuatro años 1654 casos de incrementos injustificados de las bases de cotización en los dos años previos a la jubilación para incrementar la cuantía de la pensión.