Abengoa logra la bula para negociar hasta el mes de octubre
El juez ha aceptado conceder una prórroga de siete meses Además, la empresa pedirá la exclusión de sus acciones del Nasdaq
Abengoa cuenta con siete meses adicionales para llegar a un acuerdo con sus acreedores. El juez así lo aprobó ayer, aunque los disidentes pueden reclamar contra la resolución. La misión del grupo es cerrar el rescate en el plazo más breve posible, sin tener que llegar a octubre.
El culebrón de Abengoa arrancó en noviembre de 2014, tuvo un punto álgido el pasado verano y esa crisis desembocó en un preconcurso de acreedores el 25 de noviembre de 2015.
La situación después de cuatro meses de tira y afloja entre acreedores, accionistas y empresa ha entrado en un punto de espera. La Justicia ha dado luz verde al contrato de espera (standstill, en la jerga) que han firmado el 75% de los acreedores financieros de la compañía;es decir, dueños de créditos por 7.121 millones, frente a un pasivo financiero total de 9.489 millones.
Esto quiere decir, en resumen, que el plazo de negociación se amplía hasta un máximo de 11 meses.
El grupo dejará de cotizar en el Nasdaq
Abengoa quiere dejar de cotizar en EUU. La empresa comunicó ayer que solicitará al Nasdaq la exclusión voluntaria de sus American Depositary Receipts (ADR), unos certificados que recogen la titularidad de valores y que están respaldados por acciones B (un ADR equivale a cinco títulos).
La decisión se enmarca dentro del ahorro de costes impulsado por la empresa dentro de su plan de viabilidad. El grupo sevillano pidió en 2013 la negociación en el mercado estadounidense de estos certificados, dentro del esfuerzo realizado entonces por ampliar su número de accionistas internacionales. Con todo, el mercado continuo ha sido el que ha soportado el 97% del volumen medio mensual de negociación de las acciones B desde entonces, y solo un 3% de la negociación se ha realizado a través del Nasdaq.
El juez encargado de elaborar el auto sentencia, pese a reconocer que la propuesta de Abengoa no es en sí misma un plan de refinanciación, que el acuerdo se enmarca en un plan de viabilidad que prevé la continuidad de la actividad empresarial de las deudoras durante, al menos, cinco años. “La lectura conjunta de la solicitud y del acuerdo evidencia que la prórroga del vencimiento de las obligaciones correspondientes a la deuda afectada es necesaria para la continuidad de la actividad de las deudoras [Abengoa y sus filiales]”, sentencia el juez. Es más, apunta que se han producido avances, como las inyecciones de liquidez de los bancos del G6 –Santander, Bankia, Popular, Popular, HSBC y Crédit Agricole– del pasado diciembre, por 106 millones, y la del 22 de marzo de los bonistas por 137 millones de euros.
Es más, el juez apunta que, al paralizarse las obligaciones de pago de la deuda, la empresa podrá “destinar los ingresos que genera su actividad a la satisfacción de los acreedores no financieros (y de un modo destacado, a los trabajadores), y, por otra parte, alcanzar un acuerdo que implique una mejora de las condiciones financieras de las [entidades] deudoras”.
Ahora existe un plazo de 15 días para que los acreedores disidentes, que se han negado a firmar el acuerdo de espera, impugnen la decisión judicial. El auto, que puede consultarse en CincoDías.com, asegura que Abengoa, como grupo y las 44 filiales de la compañía que han solicitado la espera cumplen con el porcentaje mínimo exigible para dar luz verde al acuerdo.
Pero los que no lo hayan firmado cuentan con armas para desafiar al juez. Pueden impugnar la decisión en 15 días y aducir que los porcentajes alcanzados son insuficientes, se han obtenido de manera ilícita o que el acuerdo supone “un sacrificio desproporcionado” para las entidades financieras acreedoras que no lo han suscrito. En todo caso, bajo la Ley Concursal, solo cabría esa posibilidad de impugnar el acuerdo. Una vez resueltos los litigios, el juez dictará una sentencia firme que no se podrá recurrir. Al menos, bajo la tutela de la norma que invoca el juez.
Abengoa, en todo caso, quiere acelerar al máximo el proceso para conseguir la masa de acreedores necesaria que apruebe su plan de refinanciación real. Ahora solo ha conseguido dar una patada hacia adelante a sus obligaciones. La compañía confía en tener el cuórum necesario a finales de este mes o comienzos de mayo, pero fuentes financieras amplían este plazo hasta julio o agosto. En esos cuatro o cinco meses, la compañía necesitaría más inyecciones de liquidez para mantenerse a flote, y los bonistas serían de nuevo los rescatadores.Se han comprometido a inyectar hasta 1.500 millones, pero tendrían que ir entregando el dinero sin tener los papeles del rescate firmados.
