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Critican el aumento de la presión fiscal

Al inversor español ya no le desvela Latinoamérica

Manifestación en Buenos Aires durante la nacionalización de YPF.
Manifestación en Buenos Aires durante la nacionalización de YPF. Reuters

Las empresas españolas acumulan inversiones en Latinoamérica por valor de 143.000 millones de euros. Esa cifra, que representa el 43% del total de stock de inversiones en el exterior, es una muestra de lo importante que ha sido esa región del mundo en el proceso de internacionalización de las grandes compañías españolas iniciado a principios de los 90. El camino no ha sido fácil y ha estado plagado de incidencias en forma de expropiaciones o nacionalizaciones de empresas privadas, que en su gran mayoría han acabado en litigios. El más sonado en los últimos años fue la expropiación de YPF del gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner a Repsol, proceso por el que la petrolera demandó a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. Finalmente, este organismo dio la razón a Repsol, aunque previamente los Ejecutivos de España y Argentina alcanzaron un acuerdo por el que se compensaba a la compañía con 3.700 millones.

“El trato no es el mismo si el precio está regulado”

Manuel García Cobaleda, secretario del Consejo de Administración de Gas Natularal Fenosa, explicó que la seguridad jurídica y el trato que reciben las empresas por parte de los gobiernos extranjeros no es el mismo si la adjudicación se realiza sobre un bien cuyo precio marca el mercado o si está regulado. ”Si está regulado, los precios pueden modificarse como se hace en España con el precio de la luz a través de deccretos leyes. No sucede así en el caso de las concesiones o licitaciones a largo plaz o”, remarcó para criticar abiertamente a los inversores extranjeros que han abierto litigios con el Gobierno de España por el cambio en las renovables. “Deberían saber que es regulado y que podía variar”, puntualizó García Cobaledad, que reconocció que su compañía acudió tres veces al CIADI y que logró resolver el caso ante de llegar al arbitraje.

Ahora, el panorama político cambia. Hay nuevo presidente en Argentina, Cuba se abre a la economía de mercado, hay elecciones en Perú en siete días. Son solo tres de los cambios que se están produciendo y que han despertado el optimismo entre los inversores sobre la estabilidad jurídica de sus inversiones tras años de turbulencias con nacionalizaciones (REE en Bolivia), expropiaciones (YPF en Argentina) o subidas masivas de impuestos (Telefónica las sufrió en Guatemala y El Salvador). Pese a estar en un ciclo económico de estancamiento o de recesión, en función de cómo se comporte Brasil en los próximos meses, los inversores españoles son mucho más optimistas. “La situación ha cambiado muchísimo. Ahora mismo tenemos mucha más protección de la que teníamos cuando llegamos a América Latina”, apuntó Víctor Ballarat, director de desarrollo de negocio para Iberoamérica de Banco Santander, en unas jornadas sobre “Seguridad de las Inversiones en Iberoamérica”, organizadas por el Consejo General del Notariado. Ballarat resaltó que las controversias existen y existirán, pero que por encima de ellas es más importante “cuidar” un mercado de 500 millones de personas, con un porcentaje muy elevado de población joven y excedentarios en energía y materias primas. En la misma línea, José Juan Haro, director de Políticas Públicas y Negocio Mayoristas de Telefónica en América Latina, se confesó “profundamente optimista” con el futuro de la empresa española en la región, en la que pasaron de tener presencia en 5 países a 14 naciones tras la compra de Bellsouth. El directivo puntualizó que no su compañía no ha previsto ninguna desinversión, incluida Venezuela, donde la crisis internacional del precio del petróleo ha hundido al país en una depresión económica que ha disparado la prima de riesgo hasta los 3.00 puntos básicos.

  • Situaciones heterogéneas

En las jornadas también intervino Roberto García, director corporativo de desarrollo de negocio de Red Eléctrica Española (REE), compañía que sufrió en 2012 la expropiación en 2012 de su filial en Bolivia, por la que recibió 28,5 millones de euros. “Hemos tenido de todo en nuestra experiencia en Latinoamérica: de la plena estabilidad jurídica a las nacionalizaciones”, apuntan García, que considera un error considerar a la región como una sola cosa, cuando en realidad se compone de situaciones heterogéneas. ”Llevamos quince años en Perú con una concesión de 70 años, llevábamos doce en Bolivia hasta la expropiación y ahora llevamos un año en Chile”, remarcó el directivo, que ensalzó el papel que han jugado los convenios de estabilidad jurídica (aquellos que garantizan un período en el que las condiciones fiscales y económicas existentes cuando se produjo el acuerdo se mantienen estables).

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