La Audiencia investigará las hipotecas de Caja Madrid
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra los exresponsables de Caja Madrid por la presunta concesión de hipotecas sobrevaloradas
Las hipotecas de los años del boom inmobiliario, el pecado original de la crisis financiera, van a quedar bajo la lupa de la justicia española. Al menos una parte significativa de las mismas.
Así se deriva de la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite una querella contra la excúpula de Caja Marid por un presunto delito de fraude en la concesión de créditos de alto riesgo para la compra de vivienda que podrían haber estado sobrevaloradas.
Un nuevo frente judicial para los antiguos responsables de Caja Madrid tras el escándalo de las tarjetas black y otras causas abiertas sobre su gestión de la entidad. Según se supo este miércoles, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha admitido a trámite una querella contra ellos por un presunto delito de fraude en la concesión de hipotecas de alto riesgo durante los años del boom inmobiliario que habrían sido sobrevaloradas.
El Banco de España ya reprendió a la entidad
Parte de la investigación que abre ahora la Audiencia Nacional sobre las hipotecas de Caja Madrid se sustenta en un informe de 2009 del Banco de España en el que el supervisor ya recriminaba a la caja algunas de sus prácticas. El documento destaca que “la agresiva política comercial llevada a cabo por la entidad en el periodo 2005-2007, unida a la ausencia de unas políticas claras respecto al scoring de concesión”, motivó hipotecas que no debieron aprobarse. “Las operaciones analizadas estaban mal concedidas desde su inicio a clientes sin ingresos regulares o con ratios de endeudamientos elevado”, y los objetivos eran cuantitativos en lugar de cualitativos, lo que provocó un incremento del riesgo y elevó la tasa de mora de la cartera desde el 0,31% de 2005 al 8,4% a marzo de 2009. El supervisor también critica que las tasaciones de Tasamadrid “no se ajustaban a la realidad”.
Como primera medida, el juez llama a declarar como investigados –la nueva denominación del imputado– al expresidente de la entidad Miguel Blesa; al exresponsable de la dirección general financiera Ildefonso Sánchez Barcoj; al exgerente de riesgos Ramón Martínez Vilchez y al exdirector general de Tasaciones Madrid Ignacio de Navasqués, por la presunta comisión de delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita.
La querella, impuesta inicialmente hace cuatro años por la formación política UPyD y retomada después por dos accionistas particulares de Bankia, Santiago Barroso Gamella e Isabel Menéndez, ha sido admitida por el magistrado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Esta la archivó el pasado abril argumentando que “la sobrevaloración en las tasaciones fue práctica generalizada” en “plena burbuja inmobiliaria”.
El juez responde ahora que “el hecho de que la sobrevaloración en las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede sin embargo justificar cualquier práctica”.
El juez subraya además que los hechos en cuestión “habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes” y haber causado la debacle de una firma que, ya como Bankia, fue rescatada con “miles de millones de caudales públicos”.
De la Mata decide así iniciar una investigación centrada en la concesión de hipotecas por parte de Caja Madrid en el periodo 2002 a 2007, el del boom del ladrillo, en el que jugó un papel clave la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid, más conocida como Tasamadrid.
En aquella época era habitual que cada banco o caja fuera dueño de una firma de tasación a la que encargaba la valoración de los pisos sobre los que daba hipotecas. Un conflicto de interés que fue siendo denunciado al estallar la crisis y que ha terminado llevando al Banco de España a aprobar una férrea legislación que en la práctica ha obligado a la banca a desligarse de estas firmas.
“La tasadora del grupo, Tasaciones Madrid S.A., valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos”, denuncian los querellantes, que aseguran que “al abrigo del falseamiento de las tasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100% del precio de compraventa de los inmuebles hipotecados”.
Además, siempre según los querellantes, “se concedían préstamos hipotecarios de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y permisos de uno o dos años de validez”.
“Las anteriores prácticas habrían servido a los querellados para garantizar indebidamente emisiones de cédulas y bonos hipotecarios que emitieron y aumentaban su liquidez”, concluyen los querellantes en referencia al empaquetado de hipotecas basura para su venta al mercado, el germen de la última gran crisis financiera.
El juez admite, sin embargo, que las pruebas aportadas “sustentan muy indiciariamente las afirmaciones realizadas en la querella” por lo que procede a iniciar actuaciones para aclarar su veracidad.
Para ello, el magistrado solicita a Bankia, como heredera de Caja Madrid, los documentos referentes a las políticas de concesión de hipotecas del periodo 2002 a 2007; consulta el conocimiento que tenía la cúpula de la caja de estos documentos y reclama el listado completo de altos cargos, aunque no esperado para llamar a declarar a los principales. También pide a Tasamadrid –vendida a Tinsa– las tasaciones referentes a las hipotecas citadas en la querella.