Editorial

El proveedor, la víctima del descontrol

La irresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas se ha convertido en un problema grave para el saneamiento de las cuentas públicas españolas, pero también para la supervivencia de las empresas que contratan con ellas. El elevado endeudamiento que acumularon durante la crisis los Gobiernos autonómicos obligó al Ejecutivo central a poner en marcha dos mecanismos de salvamento: una inyección de 42.000 millones de euros destinada a reducir su deuda comercial con los proveedores y un Fondo de Liquidez Autómica (FLA) para permitirles costear los servicios públicos y las nóminas de sus funcionarios. La contraprestación a esta ayuda financiera fueron planes de ajuste, recortes en distintas partidas y cura de austeridad. El objetivo: sanear las arcas autonómicas y ayudar a sus Gobiernos a cumplir con los objetivos de consolidación fiscal impuestos por Bruselas.

Pese a todo ello, los incumplimientos de buena parte de las comunidades autónomas en materia fiscal no han desaparecido, aunque el balón de oxígeno del FLA las ha salvado de la quiebra. También han surtido efecto los fondos destinados a pagar a los proveedores, hasta el punto de que a principios del año pasado la deuda comercial de estas Administraciones se puso a cero. Pero el saneamiento ha sido fugaz: desde el 1 de enero de 2015, la deuda con los proveedores ha crecido a un ritmo de 24,5 millones de euros al día hasta rozar los 9.000 millones. El grueso de esa cifra corresponde al sector sanitario –laboratorios farmacéuticos, empresas de tecnología de salud y farmacias– hasta sumar casi el 67% del total adeudado.

La tentación de elevar el gasto público en un año electoral explica en buena parte el aumento del endeudamiento de los Gobiernos autonómicos, que han vuelto a recurrir al sector privado para financiarse y siguen incurriendo en morosidad. Aunque legalmente las Administraciones deben pagar a sus proveedores en un periodo máximo de 30 días, solo dos –Navarra y País Vasco– cumplen esa norma. Los plazos de morosidad se han reducido respecto a los peores años de la crisis, pero no han dejado de mantenerse como un recurso de tesorería más, al igual que ocurre en el caso de muchas grandes empresas.

El endeudamiento de las comunidades autónomas es un alimento constante de la deuda pública española, que equivale ya al 99% del PIB y se halla a un paso de superar el umbral psicológico del 100%. Pero también constituye una severa amenaza para la supervivencia del amplio tejido de empresas y profesionales que contratan con ellas y que sufren las consecuencias de la morosidad, por un lado, y las restricciones del crédito, por otro. Por todo ello, y más aún en plena recuperación económica, exigir disciplina fiscal a estas Administraciones debe ser una prioridad en la hoja de ruta de la nueva legislatura y el futuro Gobierno.