La promotora del hotel reclama unos 70 millones de indemnización

El Algarrobico, símbolo de todos los despropósitos

Instalaciones del hotel de El Algarrobico.
Instalaciones del hotel de El Algarrobico. EFE

Érase una vez una mole de hormigón a un parque nacional pegada. La sentencia del Tribunal Supremo que dictamina que el hotel construido en el paraje de El Algarrobico de Carboneras se levantó en suelos no urbanizables supone un paso más en una sucesión de fallos judiciales contradictorios y recursos. El fallo establece que el inmueble se levantó en una zona donde no se podía construir –invadiendo la franja de dominio público marítimo-terrestre y en una zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar– y en un terreno propiedad de la Junta de Andalucía.

“La sentencia ha zanjado que el hotel no se va a abrir pero no si se va a tirar abajo o no”, afirma a este diario José Rodríguez, subdirector de Azata del Sol, promotora del establecimiento hotelero, que en 2001 solicitó la licencia para iniciar la construcción del mismo al Ayuntamiento de Carboneras y a la Junta de Andalucía, que obtuvo en 2003, fecha en la que comenzaron las obras. Una construcción que fue paralizada en 2006 a golpe de orden judicial.

Una demolición para la que se hace necesaria la ejecución del derecho de retracto –parecido a una expropiación– de los terrenos en los que está construido el hotel, que la Junta adquirió en 2006 por 2,3 millones de euros –que desde hace diez años están depositados en una entidad bancaria–.

Esta semana, la ministra de Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, y el consejero andaluz José Fiscal se reunieron y sellaron el compromiso de desembolsar a medias el coste de la demolición del hotel, unos 7,1 millones de euros.

Una demolición para la que no hay una fecha marcada en el calendario. El primer paso será la constitución de una comisión mixta que entrará en el fondo de las sentencias. García Tejerina destacó que “queremos que esta demolición se haga con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que sea irreversible”.

Para el derribo, que según García Tejerina “no será un proyecto sencillo”, existe un proyecto fechado en 2012, impulsado por el propio Ministerio y elaborado por Tragsatec, al que se suma otro promovido por Greenpeace. El texto del Gobierno, encargado por el entonces ministro Miguel Arias Cañete, cifra en 3,9 millones el coste de la demolición y el derribo –que generarán unos 60.000 metros cúbicos de residuos– y en 1,4 millones la restauración de 6,5 hectáreas de terreno. Una restauración para la que se reciclarán unos 20.000 metros cúbicos de esos residuos, puesto que el hotel se construyó horadando la ladera de un monte.

María José Caballero, directora de campañas de Greenpeace, considera que la prioridad “no es tanto cuándo se haga sino que se haga bien”, que se realice un proceso de “demolición sostenible”, que “utilice el peor emblema de la construcción de la costa española para hacerlo bien”. Desde la Junta también han insistido en un tratamiento de los residuos “sostenible y razonable”.

Junto a la demolición queda otro capítulo pendiente, la indemnización a la promotora del hotel. Azata del Sol reclama unos 70 millones al Ayuntamiento de Carboneras, la Junta de Andalucía y el Gobierno. Pleito que está en la Audiencia Nacional y sobre el que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación de la Junta, José Fiscal, aseguró ayer no afectará al derribo. “Son procesos paralelos” que “no se afectan”, afirmó en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press.

Una cuantía sobre la que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación de la Junta, José Fiscal, afirmó ayer tener “la esperanza, por no decir la convicción, de que estará bastante lejos de esa cifra, a tenor de que se trata de terreno no urbanizable”.

El último capítulo, y que ha generado bastante controversia, es la licencia de obras con la que cuenta el hotel. En 2014 el TJSA sentenció, no sin polémica, que la licencia de obras que tenía el inmueble desde 2003 era legal. Algo que para revertirse podría implicar acudir al Tribunal de Estrasburgo.